Ambientalismos y conflictos actuales en América Latina – Movimientos comprometidos con la vida

Ambientalismos y conflictos actuales en América Latina – Movimientos comprometidos con la vida

 

Alberto Acosta y Decio Machado

Revista OSAL

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=156838

 

 

La historia de la humanidad es la historia del dominio del hombre sobre la naturaleza. Durante siglos, la relación de las sociedades con el medio ambiente ha estado marcada por el utilitarismo y la explotación de recursos.Bajo el orden capitalista, los efectosde este tipo de relación, ampliamente respaldada por las ideas de progreso y desarrollo económico, están adquiriendo características preocupantes(contaminación, escasez de recursos,cambio climático) que apuntan hacia una terrible catástrofe ambiental. En este artículo, Alberto Acosta y Decio Machado, dan cuenta de la separación entre el hombre y la naturaleza a lo largo de la historia, así como de las posibilidades de reencuentro entre ambos, a partir del surgimiento del pensamiento ambientalista y de iniciativas orientadas hacia una nueva relación con el medio natural. De esta manera, los autores describen las circunstancias que marcaron el nacimiento de la ecología política y de la crítica al modelo desarrollista, e indagan cuáles son las implicaciones actuales delos distintos tipos de ambientalismo en América Latina.

“Cuando los ricos talaron sus bosques, construyeron fábricas que vomitan veneno y recorrieron el mundo en una búsqueda insaciable de recursos baratos, los pobres no dijeron nada. En realidad pagaron el desarrollo de los ricos. Ahora los ricos reclaman tener derecho a regular el desarrollo de los países pobres… Como colonias fuimos explotados. Ahora, como países independientes debemos ser igualmente explotados” (Mohamad Mahathir – Discurso ante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, Junio 13, 1992) La Naturaleza tironeada entre la amenaza y la preocupación En la medida que el ser humano encontró formas sedentarias de organización social, su deseo y su necesidad por intervenir conscientemente en los espacios naturales fue creciendo. Con el surgimiento de la agricultura, la vegetación silvestre comenzó a ser domesticada. Con este paso civilizatorio importante se amplió el número de habitantes del planeta y paulatinamente comenzaron a incrementarse las presiones sobre la Naturaleza.

El ser humano mantenía una estrecha relación de temor y utilidad con la Naturaleza. El miedo a los impredecibles elementos de la Naturaleza estaba siempre presente en la vida cotidiana. Hasta que la ancestral y difícil lucha por sobrevivir se fue transformando en un desesperado esfuerzo por dominar la Naturaleza. Paulatinamente el ser humano, con sus formas de organización social antropocéntricas, se puso figurativamente hablando, por fuera de la Naturaleza. Se llegó a definir la Naturaleza sin considerar a la humanidad como parte integral de la misma. Y con esto quedó expedita la vía para dominarla y manipularla.

Sir Francis Bacon (1561 – 1626), célebre filósofo renacentista, plasmó esta ansiedad en un mandato, cuyas consecuencias vivimos en la actualidad, al reclamar que “la ciencia torture a la Naturaleza, como lo hacía el Santo Oficio de la Inquisición con sus reos, para conseguir develar el último de sus secretos…” (1). No fue solo Bacon. René Descartes (1596-1650), uno de los pilares del racionalismo europeo, consideraba que el universo es una gran máquina sometida a leyes. Todo quedaba reducido a materia (extensión) y movimiento. Con esta metáfora, él hacía referencias a Dios como el gran relojero del mundo, encargado no sólo de “construir” el universo, sino de mantenerlo en funcionamiento. Y al analizar el método de la incipiente ciencia moderna, decía que el ser humano debe convertirse en dueño y poseedor de la Naturaleza. De esta fuente cartesiana se han nutrido otros filósofos notables que han influido en el desarrollo de las ciencias, tecnología y técnicas.

Por cierto que esta visión de dominación tiene también profundas raíces judeocristianas. Recordemos aquel pasaje del Génesis en que se establece este mandato: “creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla” (Génesis 1.26).Pero también la Biblia en varios otros pasajes establece relatos que conminan a los humanos a ser responsables con la Naturaleza.

A partir de 1492, cuando España invadió nuestra AbyaYala (América) con una estrategia de dominación para la explotación, Europa impuso su imaginario para legitimar la superioridad del europeo, el “civilizado”, y la inferioridad del otro, el “primitivo”. En este punto emergieron la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y colonialidad del ser. Dichas colonialidades, vigentes hasta nuestros días, no son solo un recuerdo del pasado. Explican la actual organización del mundo en su conjunto, en tanto punto fundamental en la agenda de la Modernidad. Ya a finales del siglo XIX, el pensador, político y periodista cubano José Martí, indicaba que la independencia política de “nuestra América mestiza” no conllevó la liquidación de la dependencia colonial ni en términos económicos ni culturales. Citándole textualmente: “la colonia continuó viviendo en la república”.

Para cristalizar este proceso expansivo, Europa consolidó aquella visión que puso al ser humano figurativamente hablando por fuera de la Naturaleza. Se definió la Naturaleza sin considerar a la Humanidad como parte integral de la misma. Con esto quedó expedita la vía para dominarla y manipularla. Se sentaron las bases para la división del trabajo capitalista: unos países se especializaron en producir manufacturas y a otros se los especializó en producir materias primeras, sobre todo recursos naturales; los primeros importan Naturaleza para procesarla, los segundos la exportan. Así surgió el extractivismo que convirtió a Nuestra América en suministradora de recursos primarios para atender las demandas del capital, no era casualidad que Cristóbal Colón en su diario de viaje al continente mencionara 175 veces la palabra “oro”.

Por cierto se han registrado desde tiempo inmemoriales acciones de protección de la Naturaleza, inclusive en aquellas sociedades que se colocaron al margen de ella. El cuidado de la Naturaleza tiene mucha historia. No solo la destrucción de la misma. Sobran los registros sobre reservas naturales protegidas por diversos motivos. Pausanias historiador griego del siglo II, nos cuenta sobre la existencia de un bosque sagrado junto al templo de Apolo en Atenas. No faltaron procesos de conservación inspirados por los privilegiados; más de un monarca en Europa protegió sus territorios de caza y pesca, trasladando este concepto también a sus colonias. En muchos lugares, terratenientes marginaban para su uso exclusivo bosques y amplias áreas silvestres.

A finales del siglo XIX se desarrollan concepciones románticas sobre la Naturaleza, y es fácil encontrar literatura de viajeros al continente americano haciendo referencia a la sensualidad de sus paisajes e impulsando a protegerlos en razón estricta de su belleza. El parque nacional Yellowstone, creado en 1872, es considerado como el primero en su género. Jurídicamente quizás sea así. La realidad, empero, contradice esa afirmación. A lo largo de la historia de la humanidad, una y otra vez, en distintas regiones, diversas comunidades de seres humanos establecieron reservas naturales e inclusive espacios sagrados, y defendieron la Naturaleza. Pero será más adelante cuando esta preocupación cobre fuerza social.

En ese contexto, los orígenes del ambientalismo, en tanto movimiento social, se remontan a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, teniendo sus raíces en la crítica naturalista (2) como respuesta a las agresiones producidas sobre el paisaje por el industrialismo y manifestándose en el marco de un proteccionismo aristocrático, que se expresó en asociaciones naturistas y conservacionistas.

Siglo XX: auge del capitalismo, mayor depredación de recursos y deterioro ambiental

Con la llegada de la fase inicial de la revolución industrial, a través del carbón y de la máquina de vapor, se provocaron efectos ambientales negativos aunque limitados al ámbito local sobre una población planetaria siete veces menor a la actual (3). Las transformaciones del capitalismo en sus ondas largas (determinadas inicialmente por el economista ruso Nikolai Kondratieff), en el ciclo que el economista belga Ernest Mandel definiría como “largo período de la segunda revolución tecnológica” (1894-1940) , forzaron aún más la explotación de la Naturaleza. Su creciente mercantilización fue la tónica dominante. Así, el paso a la producción y consumo en masa fundamentados sobre el taylorismo-fordismo y la generalización de los motores de combustión (uso especialmente de recursos fósiles como el carbón y luego petróleo como fuentes energéticas), que caracterizó al mencionado ciclo capitalista, determinó un uso acelerado de los recursos naturales.

Tras la segunda guerra mundial, el Plan Marshall (al menos 13.000 millones de dólares inyectados por los EEUU en la economía europea entre 1947 y 1952), aplicado en el período de postguerra para reconstruir los países devastados por el conflicto bélico y por el cual, a través de la apertura de los mercados y la demanda europea, la economía estadounidense obtuvo un superávit en su balanza comercial por valor de aproximadamente 12,5 billones de dólares, provocó otro notable esfuerzo por dominar los recursos naturales a nivel planetario, siempre bajo el paraguas del “progreso”. La vertiginosa transferencia de la industria bélica estadounidense hacia la producción industrial masiva para el consumo, vino a significar que la modernidad se identificase ineludiblemente con el concepto de desarrollo. Particularmente el petróleo fue la base energética de uno de los períodos de más acelerado crecimiento económico.

Al otro lado del “Telón de Acero”, aunque desde esquemas sociales diferentes, la URSS desarrolló una política de crecimiento basado en la aceleración sin precedentes del ritmo de industrialización, con base el autoabastecimiento energético (4) y la producción metalúrgica (5). La explotación de los inmensos recursos naturales de los que disponía la Unión Soviética, incluido petróleo, gas y minería, fue la base sobre la que se sustentó su política de crecimiento. Si bien en los países del “socialismo real” no se estimuló el consumo (no había interés por el aumento de la tasa de retorno del capital privado ni necesidad de utilizar mecanismos de ampliación de mercados), el centralismo burocrático ninguneó cualquier lógica enfocada a la sustentabilidad, basando sus objetivos en el desarrollo del crecimiento de la producción, en el marco de una competencia creciente con el mundo desarrollado capitalista. Dicha industrialización se desarrolló a costa del sector agrario, y por consiguiente se generó la imposibilidad de atender las necesidades biológicas de la población (6). El “socialismo real” optó por el Marx desarrollista inspirador de El Capital, para quien la futura sociedad se construye bajo la transformación de las relaciones sociales, con la finalidad de desarrollar el crecimiento de las fuerzas productivas; en decremento del joven Marx, para quien la finalidad de la historia es la desalienación del hombre, y no el desarrollismo productivo. Para Marx, “con su triunfo el proletariado no se erige en clase universal de la sociedad, puesto que no triunfa más que suprimiéndose él mismo y suprimiendo, a la vez, a la clase adversa” ; en la URSS el obrero y el campesino continuaron existiendo y la burocracia ocupó el lugar de la burguesía y su papel de control, convirtiéndose en el beneficiario de su plusvalía (Marx y Engels, 1974). El socialismo no vale más que el capitalismo si no cambia de herramientas (Gorz y Bosquet, 1975), y si no da paso a una gran transformación desde visiones antropocéntricas a visiones (socio)biocéntricas.

En el mal llamado Tercer Mundo, en esos años, se consolidó cual mandato universal la búsqueda del desarrollo.Los Estados Unidos y las otras naciones industrializadas estaban “en la cima de la escala social evolutiva” (Sachs, 1996). Y desde su visión, propuesta en enero de 1949 por el presidente norteamericano Harry Truman, en el punto cuarto de su discurso, todas las sociedades tendrían que recorrer la misma senda y aspirarían a una sola meta: el desarrollo. Y, por cierto, se sentaron las bases conceptuales de otra forma de imperialismo.

Esta metáfora del desarrollo, tomada de la vida natural, cobró un vigor inusitado. Se transformó en una meta a ser alcanzada por toda la Humanidad. Se convirtió, esto es fundamental, en un mandato que implicaba la difusión del modelo de sociedad norteamericana, heredera de muchos valores europeos. Aunque Truman seguramente no estaba consciente de lo que hablaba, ésta llegaría a ser una propuesta con historia, por decir lo menos.

De todas maneras, sin negar los valiosos aportes de la ciencia, la voracidad por acumular el capital -el sistema capitalista- forzó a las sociedades humanas a subordinar a la Naturaleza. Con diversas ideologías, ciencias y técnicas se intentó separar brutalmente al ser humano de la Naturaleza. El capitalismo, en tanto “economía-mundo” (Wallerstein, 1988) , transformó a la Naturaleza en una fuente de recursos aparentemente inagotable (7). Los límites biofísicos, en algunos casos peligrosamente superados, están a la vista. Y sus consecuencias comienzan a ser funestas. De las cerca de 1,8 millones de especies –moneras, protistas, hongos, animales y vegetales- a las que se les ha asignado un nombre científico (se piensa que esto sólo corresponde a la mitad de las especies existentes en el planeta), se estiman como extinguidas 1.159 (datos Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2009). Si tenemos en cuenta que el 60% de las selvas húmedas tropicales del planeta ya se han perdido, es de considerar que el 25% de los mamíferos y 11% de las aves están amenazados (Mittermeier et al., 1997), llegándose a la cifra de 17.000 especies en peligro de extinción (8). Por otro lado, basta ver los efectos del mayor recalentamiento de la atmósfera o del deterioro de la capa de ozono, de la pérdida de fuentes de agua dulce, de la erosión de la biodiversidad agrícola y silvestre, de la degradación de suelos o de la acelerada desaparición de espacios de vida de las comunidades locales para entender el nivel de gravedad por el que atraviesa el planeta. Los efectos del cambio climático, más allá de los efectos sobre la población mundial (migraciones, empobrecimiento, alimentación y transmisión de enfermedades) y la economía de los países, pueden afectar en breve al 30% de las aves no amenazadas, el 51% de los corales no amenazados y 41% de los anfibios no amenazados, dado que sus características los hacen susceptibles a ese fenómeno (8).

En síntesis, la acumulación material mecanicista e interminable de bienes, apoltronada en el aprovechamiento indiscriminado y creciente de la Naturaleza, no tiene futuro (Gudynas, 2009). En la actualidad todo indica que el crecimiento material sin fin culminará en un suicidio colectivo. 

A pesar de esta constatación, el capitalismo busca ampliar espacios de maniobra mercantilizando cada vez más la Naturaleza. Los mercados de carbono y de servicios ambientales asoman como la más reciente frontera de expansión para sostener la acumulación del capital. Se lleva la conservación de los bosques al terreno de los negocios. Se mercantiliza y privatiza el aire, los bosques y la Tierra misma. Al parecer no importa que la serpiente capitalista continúe devorando su propia cola, poniendo en riesgo su propia existencia y de la Humanidad misma.

El capitalismo, demostrando su asombroso y perverso ingenio para buscar y encontrar nuevos espacios de explotación, está colonizando el clima (Lohman, 2012). Este ejercicio neoliberal extremo, del cual no se libran los gobiernos “progresistas” de América Latina, convierte la capacidad de la Madre Tierra en un negocio para reciclar el carbono. Y lo que resulta preocupante, la atmósfera es transformada cada vez más en una nueva mercancía diseñada, regulada y administrada por los mismos actores que provocaron la crisis climática y que reciben ahora subsidios de los gobiernos con un complejo sistema financiero y político. Recordemos que este proceso de privatización del clima se inició en la época neoliberal impulsado por el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y otros tratados complementarios.

Estos instrumentos de la denominada “economía verde” no evitarán la destrucción ambiental. En el mejor de los casos, apenas posponen la solución de los problemas. Eso si garantizando al capital nuevos mecanismos de acumulación mientras el deterioro ambiental aumenta. Bajo esta realidad, el decrecimiento en los países desarrollados se ha convertido en un imperativo de supervivencia, mientras que para los países del Sur, el diseñar una salida postextractivista se convierte en una necesidad inmediata para detener el sesgo depredador del actual extractivismo. Esta modalidad de acumulación primario exportadora responde a las ideas contemporáneas de un modelo de desarrollo que se demuestra inviable ante los límites ecológicos del planeta y la catástrofe climática. En su conjunto, ambas condiciones, suponen otra economía, otro estilo de vida, otra civilización con otros valores y unas relaciones sociales notablemente diferentes a las que conocemos hoy en día.

Un complejo y hasta contradictorio proceso de concientización

A pesar de que el crecimiento económico ha dominado y domina aún el escenario de la política real, en esta época, desde la postguerra, paulatinamente se desarrollaron preocupaciones y acciones respecto a la protección del medioambiente, fruto a su vez de la transformación de las relaciones internacionales en su contexto global. Pero no será hasta la década de los sesenta cuando el ambientalismo asume como tema central la supervivencia de la especie humana, superando sus iniciales postulados estéticos y la conservación del entorno natural y de la vida salvaje. Igualmente empieza preocupar en el mundo la amenaza de una destructiva confrontación nuclear y los niveles de contaminación en los países más desarrollados, lo que provocaría diversas respuestas desde sociedades cada vez más conscientes de los riesgos globales.Entonces emerge la noción de catástrofe ecológica en el seno de la contra-cultura subversiva que critica el crecimiento económico, la sociedad de consumo, la crisis del productivismo tecnocrático y el agotamiento de los recursos naturales. Se llega incluso a pronosticar la crisis civilizatoria hoy en curso.

Sin embargo, el ambientalismo no se conforma como una corriente de pensamiento homogénea. En el ambientalismo existen diversas posturas ideológicas y lógicas de intervención política, lo cual genera diferentes tipos de ambientalismo o luchas ambientales. Básicamente podríamos resumir estas en dos grandes grupos: un ambientalismo “reformista” y otro “radical”. En el caso del ambientalismo “reformista” no se contempla una descripción actualizada de la sociedad, se carece de propuestas alternativas y agenda de intervención política (Dobson, 1997). A grandes rasgos, los objetivos de esta corriente podrían resumirse en el control de lo peor de la contaminación aérea, acuática y los usos ineficientes de suelos en los países industrializados, con el fin de salvar lo que queda de Naturaleza bajo criterios de «áreas designadas naturales» (Devall y Sessions, 1985). Por su parte, el ambientalismo “radical”, si contempla los elementos referenciados con anterioridad, bifurcándose a su interior entre antropocentristas -el interés humano es el eje sobre el que se articula la toma de decisiones y la acción política- y biocentristas -pasa a ser la vida, en sus diferentes expresiones quien define y determina- (Bellver Capella, 1997). Su diferencia fundamental con el ambientalismo “reformista” tiene que ver con sus métodos de acción y, fundamentalmente, con el hecho de que se busca una nueva visión del mundo que vuelva a integrar ser humano y Naturaleza. El ambientalismo “radical”, al contrario del “reformista”, no es un movimiento pragmático, todo lo contrario, cuestiona y desarrolla alternativas a las formas convencionales de pensamiento occidental moderno. Busca la transformación de valores y la organización social, planteándose de forma antagónica con respecto al capitalismo.

Estaría incompleta esta rápida revisión del surgimiento del movimiento ambientalista si no se deja constancia de que la defensa de la Naturaleza es inherente a muchas de las nacionalidades y pueblos ancestrales de nuestra región. Sin considerarse ambientalistas o ecologistas, inclusive sin necesidad de conocer y comprender su significado y alcances, estos grupos humanos han sido portadores permanentes de la defensa de la vida.

El final de la década de los sesenta marcará una ruptura en los ámbitos de la izquierda mundial. Las revueltas estudiantiles y sociales de 1968, que tendrán sus orígenes en París, pero que serán fuertemente reprimidas a “bala y sangre” en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en México y en la Primavera de Praga, generarán una nueva visión de la emancipación social. Se irá conformando un ámbito de acción en el cual convergerán nuevos movimientos sociales compuestos por ambientalistas, feministas, pacifistas, libertarios, autónomos y marxistas democráticos cuestionando el dogma del progreso ilimitado, el consumo desenfrenado, las sociedades jerárquicas y la opresión patriarcal. Vislumbrar otra economía con otros modos de producción, otras formas de relacionamiento social y otro modo de vida, diferenciado del capitalismo y del socialismo que hemos conocido, ha significado para los movimientos sociales precursores de tal idea la acusación, desde ambos lados de la política convencional y en el más benévolo de los casos, de “irrealistas” o “utópicos”.

La expansión por doquier del capitalismo así como su poder en todos los planos de la sociedad a escala planetaria, se debe al control sobre la producción y el consumo, ejercido a lo largo de todo el pasado siglo y lo que llevamos de este. Se comenzó despojando a los manufactureros de sus medios de trabajo y por lo tanto de sus productos, asegurándose el capital el monopolio de los medios de producción y el control del mercado laboral. La especialización de la producción convirtió en un imposible la reapropiación de los medios de producción por parte de los productores. Neutralizando el poder de los productores sobre la Naturaleza y el destino de sus productos, el capital se aseguró el control de la oferta, enfocando la producción y el consumo bajo criterios estrictamente de rentabilidad económica. El control de la comunicación en su vertiente publicitaria permitió de igual manera transformar los gustos, moldear los deseos de los consumidores y generar falsas necesidades, haciendo que los productos que dejaran de aparecer como simples mercancías para asumir cualidades inmateriales (se pierde el patrón para el establecimiento de una relación de equivalencia). La innovación deja de crear valor, pierde su lógica de proporcionalidad con respecto al trabajo que contenían y su utilidad, transformando la competencia empresarial sobre la base de incentivar nuevos deseos, con mercancías de valor simbólico, asociadas a la “cultura del consumo”. Todo ello se articula en decremento de la autonomía de los individuos y su capacidad de reflexión colectiva. El capitalismo abstrae de las diferencias cualitativas entre las necesidades reduciéndolas todas a necesidades económicas, es decir, a necesidades socialmente formadas de la existencia biopsicológica (Heller, 1983).

Sin embargo, a inicios de la segunda mitad del siglo XX el mundo enfrentó un mensaje de advertencia. La Naturaleza tiene límites. En 1972 se publica el informe “Los límites del crecimiento” (10) que fue encargado por el Club de Roma en 1970 al Massachusetts Institute of Technology (MIT), el cual aparece poco antes de la primera crisis del petróleo y dará pie en Estocolmo a la primera conferencia mundial sobre medio ambiente (11).

La realidad de los límites del crecimiento, escamoteada por la voracidad de las demandas de acumulación del capital, no logra consolidarse por la firme y dogmática creencia en el imperio todo poderoso de la ciencia. Así, el informe Meadows, que desató diversas lecturas y suposiciones, aunque no trascendió mayormente en la práctica, dejó plantado en el mundo por un lado una señal de alerta, por otro, una demanda: no podemos seguir por la misma senda, al tiempo que requerimos análisis y respuestas globales.

A pesar de las resistencias en las corrientes políticas de la izquierda tradicional, la sensibilidad sobre el tema ecológico se reforzará tras la primera crisis del petróleo de 1973.Cuando los países árabes dentro de la OPEP emplean el petróleo como arma estratégica seevidencia la brutal dependencia de los países “desarrollados” al oro negro. Por vez primera, se ponen en marcha planes energéticos para ahorrar energía y diversificar sus fuentes, medidas en gran medida archivadas una vez superada la crisis.

En 1984 el thinktank ultraconservador The Heritage Foundation auspiciará la publicación “La Tierra repleta de recursos” (Simon y Kahn, 1984) donde se niega la existencia de límites en la utilización de los recursos naturales necesarios para la expansión económica y el crecimiento progresivo de las economías del planeta. Sin embargo, accidentes como el de Seveso en 1976, Three Miles Island 1979, Bhopal en diciembre de 1984, Chernobyl en abril de 1986 o el hundimiento del Exxon Valdez en marzo de 1989 entre otros, evidenciaron ante el conjunto de la sociedad planetaria la degradación ambiental y la emergencia de los nuevos movimientos sociales ambientalistas.

Algunas organizaciones ambientalistas se hicieron tan molestas que incluso los departamentos de espionaje y seguridad de los Estados más poderosos emprendieron acciones contra éstas. Uno de los incidentes más sonados fue el hundimiento del Rainbow Warrior (12) (buque insignia del Greenpeace) por parte de agentes de la Dirección General de Seguridad Exterior francesa en 1985 para impedir sus acciones de protesta ante las pruebas nucleares que periódicamente realizaba Francia en el atolón de Mururoa, en el sur del Océano Pacífico.

Enmarcando el análisis en lo estrictamente ambiental, podríamos decir que el metabolismo del capitalismo global no es comprensible sin el consumo creciente de recursos de todo tipo (inputs biofísicos), en concreto materiales y energía que son obtenidos de la Naturaleza. Estos materiales y recursos son procesados masivamente por un sistema tecnológico y organizativo -capital productivo-, con la participación del trabajo humano -asalariado o dependiente-, que provoca una producción que en parte es acumulada -infraestructuras-, al tiempo que produce también una diversidad de mercancías que son destinadas al consumo (Fernández Durán, 2009). Este sistema hace que en ambos procesos se generen a su vez importantes residuos o emisiones de muy diversa naturaleza (outputs biofísicos) que son devueltos al medio natural (Murray et al., 2005). Todo esto genera notables impactos sobre el entorno. Algo por lo demás propio del capitalismo, un sistema en esencia depredador y explotador. Un sistema que “vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida” (Echeverría, 2010).

El sistema mundo capitalista ha vivido hasta hace muy poco negando un hecho incuestionable, la creciente degradación ambiental planetaria. En gran medida todavía lo sigue haciendo a través de las herramientas de control del pensamiento que el propio sistema genera. Sin embargo, ha sido la cruda realidad la que ha obligado a asumir, tanto a gobernantes como corporaciones, los límites biofísicos al modelo de desarrollo, una de las causas principales de la actual crisis global multifacética (13) (Tortosa, 2011). Sin embargo, las soluciones propuestas, como veremos más adelante, se enmarcan en la lógica de mercado, es decir dentro del mismo capitalismo.

A esto hemos de añadir que los impactos ambientales propiciados por el sistema mundo capitalista se recrudecen en las áreas periféricas, mientras su impacto suele ser relativamente menor en las áreas centrales, fruto de las relaciones de poder existentes. Es de esta manera, que los países centrales se especializan en las actividades de mayor valor añadido, tercerizando progresivamente sus economías, mientras que los países periféricos perpetúan su rol tradicional respecto a los procesos industriales, de manera especial en aquellos de menor valor añadido, y fundamentalmente en actividades extractivas (Fernández Durán, 2009), incrementándose así la ya existente e incuestionable asimetría mundial. Además, cada vez se trasladan más actividades contaminantes e incluso desechos tóxicos desde el Norte global al Sur global.

A finales del siglo XX es evidente que el capitalismo global estaba modificando nocivamente el clima planetario. Este “mérito” cuya responsabilidad recae de manera principal sobre países industrializados del Norte global, encuentra en la actualidad nuevos aliados, como son los grandes Estados emergentes, liderados por China, que avanza de forma acelerada a su propio desastre ecológico.

Es por ello que el informe “Nuestro Futuro Común”, mas conocido como informe Brundtland (14), introdujo en 1987 la noción de desarrollo sustentable, bajo el criterio de que “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” (Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo, 1987), buscando “amortiguar” el cuestionamiento creciente al esquema clásico de desarrollo basado sobre el crecimiento permanente. El objetivo del informe era acercar y tejer alianzas entre ambientalistas y agentes del crecimiento económico.

En ese contexto tendría lugar la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, la cual se da poco después de la primera Guerra del Golfo y del derrumbe soviético. Uno de sus resultados fue dar pie al proceso que daría lugar en 1997 al frustrante y frustrado Protocolo de Kyoto (15). En Río se aprobó la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Agenda 21, ambas impregnadas del nuevo discurso sobre desarrollo sostenible el cual pocas novedades ofrecía, dado que planteaba resolver la pobreza mundial y la problemática ambiental nuevamente a través del crecimiento económico. En 1994 se aprobarán los Convenios de la Biodiversidad y el de la Lucha contra la Desertificación. El primero de ellos terminó por abrir el camino hacia el acceso comercial a los recursos provenientes de la biodiversidad que en principio decían defenderse; mientras el segundo no ha tenido aplicación real habiendo quedado como letra muerta.

Desde entonces hasta hoy apenas ha cambiado el panorama internacional de las Cumbres Ambientales al respecto. Mientras se agudiza la degradación planetaria, el desarrollo sostenible (concepto híbrido fruto de una combinación entre economía neoclásica, desarrollo, con una idea vinculada a la modernización, predominio de la técnica y la tecnología sobre la Naturaleza) no deja de ser un posicionamiento ideológico que implica que la única vía civilizatoria para sociedades en desarrollo es el capitalismo, en algunos casos con un rostro algo más humano, y por lo tanto el desarrollo-progreso no puede ser otra cosa que crecimiento económico (16).

Desde la mitad del siglo XX empezaron a aparecer varias instancias preocupadas por la Tierra: la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en 1948; la Conferencia para la Conservación y Utilización de los Recursos, en 1949; el Convenio de Ginebra sobre el Derecho del Mar, en 1958; o, el Tratado Antártico en 1959, para citar algunas de las organizaciones más destacadas. Como se puede apreciar, la toma de conciencia a nivel mundial sobre los problemas ambientales globales (o la simple constatación de que estos problemas son cada vez más frecuentes y costosos) tiene historia.

Es en ese contexto en donde una parte de los movimientos ambientalistas, devenidos ecologistas, se radicalizan planteando nuevas lógicas de vida y alternativas globales a la sociedad industrial, presentándose como un paradigma ideológico autónomo respecto a la vieja izquierda tradicional. Estos procesos de radicalización se acentúan y plantean un nuevo pensamiento crítico, global y transformador: la ecología política. Y es partiendo de la crítica del capitalismo como se llega inevitablemente a la ecología política que, con su crítica indispensable de las necesidades, lleva a radicalizar una vez más la crítica del capitalismo (Gorz, 2008). Si queremos y necesitamos pasar del “producir y consumir cada día más” al “producir mejor y con menos”, estaremos hablando de otro modelo civilizatorio antagónico sin dudas respecto al capitalismo. A nivel mundial y con sus limitaciones, la ecología política se ha ido afirmando como un planteamiento capaz de generar confluencias entre la mayoría de movimientos sociales y políticos que luchan por la transformación social y económica del planeta, haciendo vigente la consigna alterglobalización de “piensa global, actúa local”.

En la base del ecologismo actual hay una comprensión científica de la Naturaleza y al mismo tiempo una admiración, una reverencia, una identidad con la Naturaleza, muy lejos de sentimientos de posesión y dominación, muy cerca de la curiosidad y del amor.

Desarrollismo, deterioro ambiental y contradicciones

En América Latina algunas organizaciones ambientalistas surgieron a partir de la década del cincuenta, y la mayoría de ellas enfocaron su eje de acción hacia la conservación de la Naturaleza. En la década de los setenta, dichos movimientos tuvieron fuerte implantación en países como Brasil, México y Venezuela. Su desarrollo ha sido constante y en la actualidad podríamos cartografiar la existencia de dicho movimiento en cada uno de los países latinoamericanos aunque con diferentes formas organizativas.

El ambientalismo latinoamericano, en la actualidad, se caracteriza por preocuparse del medio ambiente y el ser humano inserto en él. Sobre todo considera la articulación ambiente-desarrollo, la generación de alternativas productivas a escala ecológica, la armonía del ser humano con la Naturaleza, la vinculación de problemas sociales con los ambientales. Particularmente reniega del progreso en su deriva productivista y del desarrollo en tanto dirección única, sobre todo en su visión mecanicista de crecimiento económico. Este movimiento tiene un aceptable dinamismo organizativo y en el ámbito académico, al tiempo que reniega de la neutralidad ética para situarse en el compromiso por la vida (Gudynas, 1992).

La reducción del Estado a su mínima expresión durante la etapa neoliberal hace que estos se abandonen muchas de sus funciones históricas, lo que originó la intensificación de conflictos entre grandes empresas versus comunidades y movimientos sociales. La privatización -en muchos casos vergonzosa- de las empresas de servicios públicos, se da de forma paralela a la disminución de la importancia relativa de la industria productora de bienes de consumo durables, reforzándose las industrias productoras de bienes cuya demanda no depende directamente de la capacidad de consumo de grandes masas de la población. El empobrecimiento de la población latinoamericana conllevó el agotamiento de la “sociedad de consumo”, lo que se compaginó con un marcado deterioro de la situación ambiental, lo que se convirtió en muchos casos en un círculo perverso por el cual la primera genera efectos negativos en el ambiente y, a la par, la pérdida de la calidad del ambiente genera pobreza. Esta situación alcanzó en diversos lugares niveles de degradación social y ambiental que se creían superados desde el siglo XIX.

En la década de los noventa, tras la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en junio de 1992, varias constituciones latinoamericanas se modifican con la ligera inclusión de la garantía de los derechos ambientales. La aprobación de la Agenda 21 en dicha cumbre significó también que ingresaran a la política institucional algunas temáticas ambientales, acordándose al menos desde el ámbito formal, una metodología para actuar frente a los conflictos ambientales.

En América Latina la propuesta de desarrollo sustentable, sobre todo en los últimos años, ha sido un factor permanente de discrepancias. Varias son las explicaciones. Por un lado la creciente degradación ambiental, que ha ocasionado y ocasiona cada vez más respuestas y resistencias sociales. Por otro la indefinición o incluso manipulación de tal concepto, lo que explica que este tema ni siquiera se plasma en las políticas de integración que se están desarrollando actualmente en la región, a pesar del discurso ambientalista de los dirigentes latinoamericanos en general, y el especial énfasis realizado en este aspecto por los mandatarios “supuestamente” más radicales de la región territorio andino.

Los medios de comunicación latinoamericanos por su parte, a pesar del ferviente debate social existente en la actualidad, se limitan a enumerar las consecuencias de los impactos ambientales en la actual etapa desarrollista. Ignorando las causas de tales políticas y el porqué de la existencia de la crisis global multifacética, hecho que sin duda tiene relación con el criterio mercantilista que domina en dichos medios de comunicación, los cuales responden a intereses empresariales con conexiones a grandes grupos de capital nacional y en diversos casos internacional.

En la actualidad nuestra América se enmarca en un contexto sociopolítico en el cual el desarrollo económico pretende encaminarse hacia sociedades modernas constituidas sobre criterios de eficacia, eficiencia, capacidad productiva, modernización tecnológica e interconexión de diversa índole. Todo ello articulado bajo el falso criterio de sociedad moderna igual a racionalidad. De hecho, el cambio político acontecido en gran parte de los países sudamericanos, a pesar de los avances existentes en materia de erradicación de la pobreza (17), no está significando la transformación del modelo de acumulación heredado de etapa anterior , ni tampoco la eliminación del amplio esquema de exclusión social existente, a pesar de los actuales discursos acentuadamente populistas en la región (18).

Desde esa perspectiva, la creciente demanda de bienestar por parte de las sociedades latinoamericanas pretende ser paliada a base de productividad, competitividad, sustitución de las personas por máquinas y el control social en todas sus vertientes. Esto implica, entre otras cuestiones, mayor depredación de recursos naturales y fuerte impacto ambiental en el territorio consecuencia de la puesta en marcha de numerosos megaproyectos. En este sentido cabe destacar también el hecho de que gran parte de estos megaproyectos tienen financiamiento chino, la dirección de la obra y las empresas ejecutantes suelen ser chinas lo que genera un fuerte deterioro en el ámbito de los derechos laborales para los trabajadores locales contratados en dichas obras. El conjunto de estas situaciones se da bajo el argumento de la necesidad de mayor generación de recursos económicos con la finalidad de paliar demandas sociales y construcción de infraestructuras.

Se posiciona así el progreso tecnológico como un elemento al servicio de la Humanidad, ignorándose las contradicciones que se generan en el ámbito de la inequidad social, la degradación ambiental, el desempleo y subempleo, y otros elementos que ponen en peligro la continuidad de la vida en el planeta. En ese sentido cabe recordar la célebre frase de uno de los grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, el holandés Baruch de Spinoza, quien nos indicaría hace ya más de trescientos años y en contraposición al actual teórica sobre la racionalidad, que “cualquier cosa que sea contraria a la Naturaleza lo es también a la razón, y cualquier cosa que sea contraria a la razón es absurda”.

Los gobiernos progresistas no han sido en este sentido una excepción. Mientras articulan una retórica antimperialista, nacionalista y populista, enfocada hacia el consumo interno de sus respectivas sociedades, fomentan la expansión del capital extractivo internacional a través de iniciativas conjuntas con los nuevos Estados rearticulados tras dos décadas y media de neoliberalismo, así como con una nueva burguesía creciente a nivel nacional (Petras, 2012). Mientras nuevos y poderosos aparatos de propaganda estatales en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador o Uruguay hacen apología del socialismo -en algunos casos del llamado socialismo del siglo XXI-, sus realidades prácticas es que fomentan políticas de desarrollo vinculadas a la concentración de capitales en decremento de la participación social y la democracia directa, manteniendo fuertes conflictos con las comunidades afectadas y las organizaciones ambientales, indígenas y políticas que ejercen su resistencia ante las lógicas políticas en curso.

Es en este sentido en el que a pesar del discurso emancipador que en la actualidad se articula desde muchos gobiernos del subcontinente, la región sigue siendo un territorio estratégico para la economía capitalista global, incrementándose su potencial como proveedora de recursos hacia los países centrales. Esto tiene afectación también en el ámbito de las infraestructuras donde se desarrollan importantes inversiones cuyo objetivo es reducir costos y tiempos de transporte de las materias primas, particularmente.

El motor de crecimiento para el conjunto de gobiernos “progresistas” latinoamericanos es la apuesta por el extractivismo en todas sus vertientes –minería, petróleo y productos para la industria agropecuaria-, sin hacer ascos a los biocombustibles (soja, caña de azúcar y otros) especialmente por parte de los dos gigantes sudamericanos (19).

Desde una perspectiva ideológica podríamos afirmar que las políticas neoextractivistas (20) que desarrollan los gobiernos latinoamericanos están en línea con la lógica de la globalización, donde la exportación de naturaleza extractivista es un medio privilegiado para el crecimiento económico y que la premisa del crecimiento material no está en cuestión.

En paralelo, la situación ambiental en América Latina empeora a ritmos acelerados consecuencia de un acelerado proceso de apropiación de recursos naturales. En la investigación realizada por Bradshaw y colaboradores (2010), se elaboró un ranking de impacto ambiental entre 228 países. Dicho estudio Brasil ocupa el puesto N°1 por sus impactos ambientales absolutos -por delante de EEUU y China-, debido a su alta tasa de pérdida de bosques, deterioro de hábitats naturales, al índice de especies amenazadas y un exagerado uso intensivo de fertilizantes. Entre los primeros veinticinco países con los más altos niveles de impacto ambiental a nivel global, también se encuentran Perú (puesto 10), Argentina (puesto 11), Colombia (puesto 20), Ecuador (puesto 21) o Venezuela (puesto 22); y una situación similar se repite si consideramos los impactos ambientales relativos a la extensión de áreas silvestres y recursos disponibles dentro de cada país, donde el país sudamericano con el más alto nivel de impacto relativo es Ecuador (en el puesto 22), seguido por Perú (puesto 25).

Los efectos del cambio climático, que en la actualidad se producen en América Latina, encuentran al subcontinente en condiciones de total desamparo. El aumento de fenómenos naturales extremos como huracanes, inundaciones, sequías, así como los cambios en la temperatura transformarán drásticamente las condiciones de vida y las condiciones económicas de una región con unos gobiernos que demuestran escasa capacidad de reacción hasta el momento. Según un informe del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007), estamos abocados a que la frecuencia de extremos del tiempo aumente (tormentas de viento, tornados, granizo, olas de calor, precipitaciones intensas, temperaturas extremas); que la frecuencia e intensidad de huracanes en el Caribe también aumente; que el aumento del nivel del mar y (más huracanes) afecte notablemente a las zonas costeras; que suframos un fuerte extinción de especies en muchas partes de América tropical (ejemplo en bosques nebulosos por cambio en la altura de nubes); que desde 2020 el número neto de personas sufriendo estrés por falta de agua probablemente aumente entre 7 a 77 millones (desde 2050 entre 60 a 150 millones); tengamos una reducción significativa de nuestros glaciares; y suframos puntos de inflexión (“tippingpoint”) transformándose el bosque lluvioso Amazónico: áreas extensas podrían cambiar a otro estado permanente.

Esta realidad tendría notables impactos. En el caso de las mujeres, su impacto sería mayor dada la vulnerabilidad de estas (el 67% de la población pobre son mujeres, tienen mayores condiciones de exclusión social, mayor grado de desnutrición, poco acceso a títulos de tierra, mayor endeudamiento en caso de falla de la cosecha y menor acceso a la educación), a pesar de ser las responsables del aprovisionamiento de recursos vulnerables (agua y combustible). Bajo el efecto de las migraciones, las mujeres tienen mayor responsabilidad y mayor peligro.

El IPCC nos alerta de que sufrimos el riesgo de una notable reducción de disponibilidad de agua (incremento de la evapotranspiración, pérdida de glaciares y disminución de la cobertura de nieve, así como agudización de conflictos entre formas de uso del agua -agua potable, riego, industria, etc.-). De igual manera, los cambios de temperatura conllevarán que la producción de carne y leche disminuya ostensiblemente. El aumento de riesgos de incendios en la región vendrá de la mano del sumatorio entre calentamiento y cambios de uso de la tierra, que es la causa de la mayor emisión de gases de efecto invernadero en América Latina. Sufriremos mayor riesgo de salinización y desertificación de tierras hoy agrícolas que pasaran a ser tierras secas, y se reducirá el rendimiento de los cultivos que están al borde de su tolerancia al calor.

No deja de ser curioso que varios de nuestros gobiernos mantengan planteamientos estratégicos por los cuales identifican como una fase transitoria al actual momento de desarrollismo y neoextractivismo, entendiéndola como una primera etapa para posteriormente llegar al postextractivismo. Por poner un ejemplo, en la actualidad Ecuador fomenta la megaminería y estima su potencial -con cifras proporcionadas por las propias empresas mineras- en “más de 50 millones de toneladas en cobre fino, más de 100 millones de onzas de oro y más de 300.000 toneladas de plata fina” (21), los cuales pretende explotar de la mano de grandes transnacionales del sector, fundamentalmente de capital chino y canadiense. Recursos que serán exportados en forma de materia prima.

De igual manera, Ecuador exporta en la actualidad unos 500.000 barriles de crudo diario lo cual financia el 35% del presupuesto estatal. Una vez puesta en marcha las explotaciones de la onceava ronda petrolera, la cual tendrá afectación sobre 3,8 millones de hectáreas de bosque primario y varias nacionalidades indígenas (22), se estima que dicha producción pudiera incrementarse. En resumen, es tan difícil de entender como a través de multiplicar la extracción de recursos naturales se pretende llegar al postextractivismo, como difícil es imaginar que el socialismo en América Latina se construye alimentando el sistema mundo capitalista de sus principales necesidades, sobre todo de acumulación especulativa.

Citando a Marx, cabe recordar que “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos” (Marx, 2003).

En este sentido es destacable el hecho de que lejos de los postulados de Mariátegui (1928) – “no queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. (…).Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano»-, el conjunto de gobiernos progresistas latinoamericanos no ha roto desde la crítica la visión eurocéntrica y el modelo heredado de la modernidad, mostrándose incapaces de generar una nueva matriz civilizatoria que conlleve a la necesaria transformación el mundo. Progreso, crecimiento y desarrollo, son los pilares en los cuales incluso los gobiernos considerados más radicales en la región basan sus esquemas de futuro.

Momento actual del ecologismo en América Latina

Históricamente el modelo de desarrollo dirigido a la explotación de los recursos naturales se ha convirtió en generador de conflictos socio-ambientales, donde confluyen causas estructurales en el orden político, económico, jurídico, ambiental, social, cultural, etc. Estas circunstancias encuentran como características comunes la degeneración de dinámicas y tejidos sociales locales -dado el tipo de relación impuesta entre empresa versus comunidad-, la marcada ausencia del Estado en los territorios afectados, los problemas y daños ambientales que se ocasionan en dichos territorios y que han de sufrir sus poblaciones.

Los conflictos socio-ambientales involucran a diferentes tipos de actores: las compañías extractivas, el Estado y las comunidades, en donde aparecen los actores sociales organizados (organizaciones vinculadas a la comunidad -en muchas ocasiones indígenas- y organizaciones sociales).

El concepto de desarrollo sustentable en estos casos es objeto de interpretaciones contradictorias entre las partes en conflicto. Para las comunidades y organizaciones sociales el desarrollo se interpreta desde la perspectiva de que debe estar subordinado a la voluntad de las poblaciones locales; mientras que para el Estado, el desarrollo está basado en el ámbito de políticas enfocadas en la lucha contra la pobreza, con el fin de satisfacer las necesidades de las poblaciones nacionales, careciendo de importancia si hay víctimas locales en dicha estrategia nacional.

Así, en muchas ocasiones las comunidades indígenas involucradas en un conflicto ambiental más allá de defender su entorno, defienden su práctica cotidiana, sus formas de organización y de vida articuladas en una lógica de relación comunidad y ambiente (Folchi, 2001), mientras las organizaciones ambientalistas defienden una apuesta de carácter ético-político, la empresa su inversión y beneficio, y en el caso del Estado esto se expresa en supuestos términos de orden, control y racionalidad cuyo objetivo final es hacer factible su proyecto económico nacional.

El espacio político abierto por la crisis ambiental genera la necesidad de que los Estados se doten de ordenamientos jurídicos que permitan la expresión y concertación de estos actores sociales emergentes, propiciando la resolución pacífica de los conflictos a través de la democracia participativa con sostén en procedimientos legales adecuados (Demirovic, 1989).

La cuestión ambiental no concierne solamente a los órganos administrativos del Estado y a sus aparatos ideológicos -escuela, universidad, sistema jurídico y medios de comunicación-, ésta transciende hacia una amplia participación de la sociedad civil en la configuración de nuevos estilos de vida, relaciones de poder y modos de producción (Leff, 1986). A la vez que ha ido emergiendo una nueva conciencia social al respecto, los problemas ambientales van apareciendo en toda su dimensión: deforestación devastadora, pérdida de fertilidad de los suelos, congestión urbana, efectos sobre el ser humano de diversas formas de contaminación, y el más reciente de todos, los efectos del cambio climático, lo que llama irremisiblemente a un nuevo orden social planetario. En el ámbito de los conflictos socio-ambientales podríamos utilizar la clasificación hecha por Bebbington y Humphreys Bebbington (2009) para clasificar a los ambientalismos en torno a los conflictos mineros en Perú. Esto sirve para posicionar los diferentes tipos de organizaciones y las lógicas de conflicto que se dan en el entorno ambiental latinoamericano. Así encontraríamos:

Un primer ambientalismo de carácter conservacionista, cuyo enfoque tiende hacia las necesidades de proteger los ecosistemas existentes. Este ambientalismo tiene tendencia a la resolución de conflictos en base a la negociación con los actores (empresas y organizaciones sociales) generadores de estos, llegando incluso, al término de la negociación, a generarse marcos de colaboración en el ámbito de asesoramiento para una adecuada gestión del proyecto.

Una segunda categoría de ambientalismos englobaría lo que podríamos llamar organizaciones de perfil nacional-populista, las cuales buscan un mayor control nacional sobre los recursos naturales y su rentabilidad económica, con el fin de destinarlo a proyectos populares y subsidios sociales dirigidos a los sectores sociales históricamente excluidos en nuestras sociedades. La resolución en torno a los conflictos que se generan con este tipo de ambientalismos tienden a la solución negociada, habitualmente sobre sistemas impositivos más rigurosos para las compañías o través de medidas de nacionalización con correspondencia para las transnacionales articuladas sobre justiprecios.

En tercer lugar estaría el ambientalismo que se identifica con el “ecologismo de los pobres” (Martínez Alier, 2005), el cual se encuentra fuertemente enraizado en las formas de vida de poblaciones humildes donde prima el deseo de mantener dichas formas de vida y sostener los medios con los que dichas comunidades han subsistido históricamente ante las amenazas e impacto generados por el desarrollismo neoextractivista. En estos casos la envergadura del conflicto toma mayor cariz dado que la población afectada requiere acceso al mismo recurso sobre el cual se aplica la explotación intensiva, lo cual genera un “pulso” de difícil salida negociada.

La cuarta categoría reconocible es definida por los Bebbington como «ambientalismo de justicia socio-ambiental» y tiene su eje fundamental en la desigualdad y enfocando su interés sobre quienes quedan más expuestos a los riesgos, costos y beneficios de la actividad relacionadas con el neo-extractivismo. Este tipo de ambientalismo prioriza la defensa de los Derechos Humanos y reivindica prácticas de consentimiento previo libre e informado, zonificación ecológica socioeconómica, participación de las comunidades en la toma de decisiones que le son de interés y endurecimiento de la regulación aplicable a corporaciones y Estados con el fin de garantizar los derechos de las poblaciones afectadas. Estos sectores suelen ser calificados desde gobiernos y empresas transnacionales como extremistas o más recientemente como “ecologistas infantiles”.

La quinta y última categoría es definida como «ecologismo profundo», el cual se articula a grandes rasgos sobre la tesis de que la Naturaleza tiene el mismo derecho a la existencia que los seres humanos. En la medida que el extractivismo desarrollista, en cualquiera de sus vertientes y formas, destruye Naturaleza, el conflicto se convierte en irreversible y sin vías para la solución.

Cabe indicar a este respecto que clasificación no tiene un carácter estanco, y a pesar que unas apunten al conservacionismo y otras a los temas ambientales ampliados a sus dimensiones sociales, estas tendencias en la práctica, están superpuestas sobre la base de como entienden la sustentabilidad. En resumen, si estas se articulan sobre conceptos de reforma del actual sistema capitalista y el orden social que este genera, o si lo cuestionan desde la perspectiva de que las soluciones pasan por cambios transformadores del actual orden constituido y por ende de la vida. Sin embargo y en parte por el conjunto de diferencias descritas con anterioridad, se hace difícil hablar de un movimiento social ambientalista coordinado y estructurado orgánicamente en los diferentes países del subcontinente, a pesar de la conflictividad socioambiental cada vez es más relevante a nivel regional.

Los diversos gobiernos nacionales de la región, empezando por los considerados “progresistas”, han ido desarrollando en los últimos años estrategias encaminadas a doblegar a las poblaciones locales a sus intereses, generando clientelismo en territorios y comunidades donde esta práctica política no es lejana a su historia. De igual manera se han construido, desde los diferentes gobiernos, políticas de criminalización que tienen como objetivo el resquebrajamiento al interior de las resistencias al proyecto neoextractivista a escala regional, lo que habitualmente suele coincidir con territorios de identidad indígena.

Y es aquí, como anotamos brevemente con anterioridad, donde el movimiento indígena sin ser organizaciones estrictamente socio-ambientales, ejercen un papel predominante en la defensa de la Naturaleza, el control de los territorios frente a la embestida transnacional y la resistencia frente a las política desarrollistas impulsadas por los actuales gobiernos. Es por ello que se convierten en un referente a ser batido desde los poderes institucionales, tengan estos el perfil político que tengan.

Apenas por citar un par de casos puntuales y actuales de estas tensiones auspiciadas desde los gobiernos en contra las organizaciones indígenas y las resistencias locales a los proyectos de expansión desarrollista, cabe recordar que: en mayo del año 2012 el gobierno de Evo Morales en Bolivia auspició la convocatoria a una reunión no orgánica de presidentes de organizaciones regionales afiliadas a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) en Santa Cruz con el fin de desarticular y debilitar tanto a la confederación indígena como a la IX marcha que estos protagonizan en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), los cuales han sido definidos por el gobierno boliviano como movimientos que responden a lógicas desestabilizadoras y golpistas. De forma paralela en el tiempo, el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, quien mantiene una política fuertemente agresiva contra el movimiento indígena, al que considera junto al ecologismo e izquierdismo infantil como “los peores enemigos del proceso”, propició que dirigentes a nivel nacional del Pachakutik (agrupación política vinculada a la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador –CONAIE-) hayan sido agredidos recientemente en la provincia de Chimborazo por minoritarios sectores indígenas afines al oficialismo que están bajo la dirección de líderes expulsados del propio movimiento, a la par que fomenta la ruptura al interior de sus organizaciones más importantes a través de la captación de líderes indígenas con un controvertido pasado político (casos de Miguel Lluco, Antonio Vargas y otros).

Y es en este ámbito de conflicto entre las centro-izquierdas burocratizadas en el poder y los movimientos sociales alternativos, en especial el movimiento indígena, donde se visualiza con claridad hasta donde están llegando las contradicciones de la izquierda institucional latinoamericana. Esta, enmarcada en una contienda de tal magnitud contra el movimiento indígena que ni el neoliberalismo llegó a protagonizar, ignora de manera intencionada que el movimiento indígena latinoamericano es quizás uno de los elementos más transformadores de la realidad latinoamericana contemporánea. Desconoce que dicho movimiento asumió una dimensión regional y se dotó de un profundo contenido universal y una visión global de los procesos sociales y políticos a escala internacional. Y que dicho movimiento explica, en muchos casos, por ejemplo en Ecuador, que se haya podido configurar, inclusive, los gobiernos de centroizquierda en la actualidad.

Desde la crítica y ruptura con la visión eurocéntrica, sus lógicas y el modelo filosófico, historiográfico y sociológico derivado de la modernidad, el movimiento indígena latinoamericano recupera los legados de civilizaciones originarias para re-elaborar las partes de las diferentes identidades existentes en el subcontinente. Desde el movimiento indígena, a pesar de sus respectivas crisis internas, expresadas de diferentes maneras en cada uno de los países donde tienen realidad, se plantea el rescate de todas las formas de conocimiento y producción de saberes que han convivido y resistido a la larga noche colonial la cual sigue muy vigente en nuestros días y posteriormente al imperialismo en la región. Sus organizaciones abarcan un amplio espectro del territorio latinoamericano, el cual se extiende a través de la Cordillera de los Andes y aledaños por territorios y países como Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador o Perú; con singular importancia política en varios de ellos, así como en los diferentes países centroamericanos y México.

Es aquí donde vale recuperar un elemento que fue de fundamental importancia en la reconfiguración de las izquierdas alternativas mundiales al postestalinismo: el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),que aparece públicamente en 1 de enero de 1994 con la toma de San Cristóbal en Chiapas, el mismo día por cierto que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ese reactualizado zapatismo, que se configuró con inspiración política en la vieja lucha de Emiliano Zapata por la Tierra y la Libertad, el marxismo y el socialismo libertario, se constituyó con el objetivo de subvertir el orden hegemónico y construir una sociedad más justa en México. El neo zapatismo planteó una forma diferente de llegar al “socialismo”, vía que fue despreciada por la izquierda institucional y convencional posiblemente por temor a un proceso que aunque se configuraba como más auténtico, era imposible de ser controlado por parte de la institucionalidad, es decir, estaba fuera de las “reglas de juego” marcadas por la democracia burguesa (23). Desde esta perspectiva, y más allá de la realidad actual de México, se abre un mundo de desencuentros entre los gobiernos latinoamericanos, incluidos entre ellos los considerados más progresistas, y el movimiento indígena. Los principales ejes de desencuentro son tres:

1. La demanda por parte del movimiento indígena de Estados plurinacionales (modelo ya incorporado en las Constituciones de Bolivia y Ecuador aunque con escasos avances en materia de políticas concretas). Frente a este reclamo histórico la izquierda tradicional evidencia su incapacidad para entender de que se trata esta cuestión. Hablar de Estado plurinacional significa poner en cuestión el Estado-nación y con ello la tradición política occidental de la que derivan estas izquierdas de América Latina, un listón demasiado alto para los actuales gobiernos latinoamericanos, los cuales se encuentran muy lejanos del anteriormente mencionado “socialismo indoamericano” propugnado por Mariategui.

2. La defensa por parte del movimiento indígena de los recursos naturales y energéticos, el agua y la tierra. Esta vertiente ambiental del conflicto Estados versus movimiento indígena genera un enfrentamiento de raíz con las políticas desarrollistas y por ende neo-extractivistas alzadas como bandera del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Y en el caso de los gobiernos progresistas del continente, es precisamente este el eslabón que les engarza las políticas aplicadas en las décadas del neoliberalismo.

3. Las demandas del movimiento indígena sobre los derechos colectivos de las comunidades indígenas y la autodeterminación de los pueblos como principio fundamental. Sin duda, otro reto imposible de superar para una izquierda que, en su ya largo recorrido, nunca entendió sobre semejante reivindicación a pesar de que la Constitución de 1924 de la Unión Soviética fuera la primera en el mundo en reconocer dicho derecho para sus repúblicas, aunque no para las regiones autónomas (24). Esto explica las deportaciones de chechenos, ingushes, tártaros de Crimea y otros poblaciones a las entonces repúblicas socialistas de Kazajstán y Siberia en la década de los 40 en la Unión Soviética de Josep Stalin; o como en la Nicaragua sandinista de los años 80, cuando el gobierno revolucionario intentó vincular a la costa atlántica a su estructura administrativa siguiendo los mismos lineamientos que en el resto del país, ignorando sus particularidades étnicas, sociales, idiomáticas e incluso religiosas. Las demandas de los miskitos en torno a la asociación étnica fue definida en aquel entonces por el comandante Tomás Borge como una “resistencia sectaria”, lo que conllevó a la represión sobre las comunidades alzadas, derivando a la postre en que los “contras” de la Fuerza Democrática Nicaragüense generarán bases de apoyo en territorios miskitos con la aquiescencia de sus moradores.

Además de estas, otras demandas indígenas también se convierten en elementos de difícil comprensión para los actuales gobiernos de América Latina. Entre otros puntos podemos señalar: la reivindicación de respeto a las diversas espiritualidades desde lo cotidiano y lo diverso; la extinción de toda forma de discriminación racista o etnicista; la reivindicación de formas colectivas de decisión sobre la producción, los mercados y la economía; la descolonialidad de las ciencias y las tecnologías; y la reivindicación de una nueva ética social alternativa a la del mercado.

Es así que volviendo a Bolivia y Ecuador, los países con textos constitucionales más avanzados en los cuales incluso se incorporan el objetivo del Buen Vivir -suma qamañay sumak kawsay en Bolivia, así como sumak kawsay en Ecuador-, se terminan aplicando políticas que están en esencia en contra de dicho concepto del Buen Vivir. Propuesta civilizatoria que emerge desde la periferia de la periferia, proviniendo del vocabulario de pueblos otrora totalmente marginados (Tortosa, 2011), no como una alternativa de desarrollo, sino como una alternativa al desarrollo (Acosta, Galeano aet al., 2009).

Expresión partidista ecologista en la región

Por último y en el ámbito de las estructuras políticas que consideran lo socioambiental como de fundamental importancia, se hace necesario radiografiar de forma básica los referentes de los Partidos Verdes latinoamericanos. La red internacional de partidos verdes, la Global Greens (25), federa a 12 partidos verdes en América Latina y Caribe, incluyendo el partido Puertorriqueños por Puerto Rico, primer y único partido político puertorriqueño de base ambiental.

Sobre esta realidad valoraremos las tres organizaciones de mayor importancia: el Partido Verde de Brasil donde en la última elección y con la ex ministra lulista Marina Silva se obtuvieron casi veinte millones de votos, Colombia donde el Partido Verde alcanzó en el último sufragio cuatro millones de votos y México, donde la opción verde se estima que cuenta con dos millones de votos y quienes en las últimas elecciones presidenciales, montados sobrecaballo ganador, han corrido de la mano en alianza electoral con el tan cuestionado Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El Partido Verde brasileño, con 26 años de historia, recibió un 19,55% de los votos en la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales -el voto del Partido Verde fue el que impidió que Dilma Rousseff ganara en primera vuelta-, convirtiéndose de esta manera en la tercera fuerza electoral del gigante del sur. Sin embargo, el Partido Verde brasileño no ha tenido históricamente gran fuerza electoral, siendo su único representante en el congreso nacional durante dos legislaturas su diputado por el Estado de Río de Janeiro, Fernando Gabeira (1995-1998 y 1999-2002) (26).

El Partido Verde fue una de las organizaciones políticas que apoyaron al gobierno lulista, rompiendo dicha alianza en la segunda mitad del mes de mayo de 2005 fruto de divergencias en la política ambiental. En 2008, los verdes brasileños había presentado 10.540 candidatos para las municipales en listas verdes autónomas, consiguiendo entonces 2,6 millones de votos (hasta un 23% en Río de Janeiro). La incorporación de una líder emblemática como Marina Silva les permitió acercarse a los 20 millones de votos en las últimas presidenciales, recibiendo tanto los votos del ambientalismo conservador como de una parte del electorado del Partido de los Trabajadores decepcionado por la política desarrollista de Lula: reinicio del programa nuclear, apertura de Brasil a los transgénicos, destrucción de la Amazonía a favor de los agrocombustibles y nefasta política dirigida a los pueblos indígenas entre otras cuestiones.

Fruto de los resultados en las últimas elecciones, pudimos ver cómo en los diferentes estados federales los cabezas de listas “verdes’” transaron alianzas carentes de contenidos ideológicos o programáticos con derecha y oficialismo indistintamente en busca de cargos políticos e institucionales.

En el caso del Partido Verde colombiano, su construcción deviene de apenas dos años y medio, careciendo de historia propia aunque provenga de la refundación de la antigua organización política de centro derecha Partido Verde Opción Centro.

En septiembre de 2009 se adhieren al Partido Verde colombiano tres notables figuras de la política nacional, los ex alcaldes de Bogotá Antanas Mockus, Luis Eduardo Garzón y Enrique Peñalosa. El Partido Verde sirvió como plataforma electoral a Mockus para la disputa de la Presidencia frente al conservador Juan Manuel Santos o a Peñalosa para disputarle la alcaldía de Bogotá al Polo Democrático Alternativo, aunque en ninguno de los dos casos con éxito. De esta manera, el Partido Verde colombiano presentó en los últimos comicios electorales programas poco vinculados a la problemática ambiental y los efectos de las políticas desarrollistas aplicadas por el gobierno de Uribe Vélez y reforzadas en la actualidad por Juan Manuel Santos. El Partido Verde colombiano quedó limitado a una plataforma electoral a través de la cual se agruparon políticos de diferentes tendencias ideológicas con la finalidad de postular a cargos públicos en la actual legislatura.

En la actualidad, tanto el Partido Verde brasileño como el colombiano ya no cuentan en sus filas con su candidato presidencial en los comicios anteriores, Marina Silva y Antanas Mockus (27), lo cual muestra a dichas organizaciones como herramientas básicamente electorales al servicio de determinados personajes públicos.

En el caso del Partido Verde Ecologista de México, organización fundada en 1986 que llegó a ser la cuarta agrupación política mexicana en número de representantes en el congreso del país, basta con ver sus últimas alianzas electorales para entender su lógica política vital: en las elecciones del 2000 formó junto al conservador Partido Acción Nacional (PAN) la Alianza por el Cambio, la cual posicionaría a Vicente Fox en el Palacio Nacional; en las elecciones del 2003 hizo alianza electoral con el PRI, situación que se repitió en elecciones del presente año, que le dieron el triunfo a Peña Nieto.

Como conclusión, cabe indicar que las estructuras políticas articuladas en torno a la Global Greens y el mundo verde institucional carecen de posicionamientos programáticos que incorporen coherentemente alternativas a las realidades anteriormente descritas y la problemática existente en la situación actual. La mayoría de los Partidos Verdes no son actores de cambio ni agentes de transformación social, en definitiva, no son herramientas de transformación del sistema capitalista. Su existencia responde a lógicas electoralistas y su desconexión con el frente social ambiental es evidente.

Más allá de estos partidos, la irrupción de gobiernos progresistas en Latinoamérica ha generado la aparición de alternativas, la mayoría de ellas en construcción desde la izquierda política y social, en muchos casos fruto de rupturas desde el mismo oficialismo en diferentes países. La novedad de estas nuevas izquierdas es la incorporación en sus actas fundacionales y programas en elaboración de un fuerte contenido socio-ambiental que pretende ser rupturista con las lógicas actuales.

La ruptura con sus correspondientes gobiernos, o bien el distanciamiento, se ha ido haciendo mayor en función del ejercicio gubernamental, que ha significado para algunas de estas nuevas agrupaciones un factor de aislamiento sociopolítico. Este podría ser el caso del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) (28), una organización política de 11 mil miembros constituida en 2004 que nace a partir de la expulsión del Partido de los Trabajadores de varios de los dirigentes de su tendencia interna trotskista, denominada Democracia Socialista.

En contraposición a este hecho está la experiencia ecuatoriana. Bajo el nombre de Coordinadora Plurinacional para la Unidad de las Izquierdas, se han articulado hasta ahora siete organizaciones y frentes políticos, algunos provenientes de rupturas desde el correísmo, que articulan en este momento un candidato único y un programa común junto a los movimientos sociales combativos del país (mujeres, indígenas, ambientalistas, campesinos, organizaciones barriales, sindicatos y organizaciones estudiantiles). Esta agrupación pretende ser una conformación transformadora de cara a la renovación de las actuales izquierdas latinoamericanas y un elemento referencial ante la disputa electoral que tendrá lugar en Ecuador el próximo mes de febrero. Lo fundamental de este proceso en construcción es entender que no habrá una izquierda con capacidad de cambiar el sistema si ésta no aborda también el tema ambiental, entre otras cuestiones fundamentales como son por supuesto las cuestiones políticas, culturales, sociales y económicas, así como las demandas de género, étnicas, intergeneracionales, entre otras.

A modo de conclusión

El conflicto irresoluble entre los gobiernos de América Latina y las izquierdas sociales y políticas no puede devenir en otra cosa que la reconfiguración de una nueva izquierda social y política que incorpore en sus programas las alternativas a las políticas que han significado su distanciamiento del oficialismo y de los “teóricos” gobiernos revolucionarios existentes en la actualidad.

En el caso de los gobiernos de perfil progresista de nuestro continente, la miopía avanzada, cercana ya a la ceguera total, respecto a la problemática ambiental, podría resumirse en las palabras de mandatario ecuatoriano Rafael Correa, cuando en una entrevista el pasado mes de mayo a un medio de comunicación chileno, declaraba: “¿Dónde está en el Manifiesto Comunista el no a la minería? Tradicionalmente los países socialistas fueron mineros. ¿Qué teoría socialista dijo no a la minería? Son los pseudointelectuales postmodernistas los que meten todos estos problemas en una interminable discusión. No hay dónde dudar: salir del modelo extractivista es erróneo” (29). Así, el presidente ecuatoriano olvidaba que si de hecho hay un error en la “ley del valor” desarrollada por primera vez por Marx en su obra Miseria de la filosofía (1847) –texto que se desarrolló como respuesta a la Filosofía de la Misería de Proudhon-, es precisamente no haber contemplado en dicha ley el impacto ambiental de la producción sobre el planeta. En descargo del viejo intelectual, filósofo y pensador alemán, podemos alegar que dicha obra se remonta a 165 años atrás, cuanto era aun difícil prever la situación actual del planeta.

Dicha reconstrucción de la izquierda se hace fundamental al momento de refundar alternativas y resistencias a políticas que no dan solución al problema global (no solo ambiental) y que por sus estilos, formas y contenidos actúan en decremento de la participación social, la democracia directa y el respeto al conjunto de pueblos y nacionalidades indígenas existentes a lo largo y ancho del subcontinente.

Para concluir, citando nuevamente a Bolívar Echeverría (2010), “el modo capitalista vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida, ese proceso se ha llevado a tal extremo, que la reproducción del capital solo puede darse en la medida en que destruya igual a los seres humanos que a la Naturaleza”. Lo que equivale a afirmar que no habrá alternativas a la crisis global multifacética al interior del sistema capitalista.

Bibliografía:

Acosta, Alberto; Galeano, Eduardo et al. 2009. Derechos de la Naturaleza (Quito, Abya-Yala).
Acosta, Alberto 2012. El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Una lectura desde la Constitución de Montecristi (Quito, PolicyPaper 9/Fundación Friedrich Ebert/FES-ILDIS).
Acosta, Alberto 2012. «El retorno del Estado.Primeros pasos postneoliberales, mas no postcapitalistas» en Tendencia (Quito) N° 13, abril-mayo.
Bebbington, Anthony y Humphreys, Denise 2009 «Actores y ambientalismos: conflictos socio-ambientales en Perú» en Íconos (Quito: FLACSO) Nº 35.
Bradshaw, Corey; Giam, Xingli y Sodhi, Navjot 2010 “Evaluating the relativeenvironmental impact of countries” en Plos One 
Brailovsky, Antonio Elio 2009. Historia ecológica de Iberoamérica II (Buenos Aires: Capital Intelectual).
Bellver Capella, Vicente 1997 “Las ecofilosofías” en Ballesteros, Jesús y PérezAdán, José Sociedad y medio ambiente (Barcelona: Trotta).
Calixto Flores, Raúl 2007 “Contribuciones para la formación de una conciencia planetaria en el siglo XXI” en Tiempo de Educar (Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México) N° 16, julio-diciembre.
Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo 1992 (1987) Nuestro Futuro Común (Madrid: Alianza).
Dobson, Andrew 1997 Pensamiento político verde (Barcelona: Paidós/Ibérica).
Demirovic, Alex 1989 “Ecological crisis and the future of democracy” en Capitalism, Nature, Socialism
(Nueva York) N° 2, Vol. I.
Devall, Bill and Sessions, George 1985 Deep Ecology: Living as if Nature Matters (Layton: Peregrine Smith).
Echeverría, Bolívar 2010 Modernidad y blanquitud (México: Era).
Fernández Durán, Ramón 2009 El Antropoceno: la crisis ecológica se hace mundial (Madrid).
Folchi, Mauricio 2001 “Confictos de contenido ambiental y ecologismo de los pobres: no siempre pobres, ni siempre ecologistas” en Ecología Política (Icaria) N° 22.
Gadotti, Moacir 2002 Pedagogía de la tierra (México: Siglo XXI).
Ghione, Soledad y Lorietto, Valentina 2010 Situación ambiental de América del Sur (Lima: REDGE).
Gorz, André y Bosquet, Michel 1975 Ecologie et Politique (Paris: Seuil)
Gorz, André 2008 Ecológica (Paris: Galilée).
Gudynas, Eduardo 1992 “Los múltiples verdes del ambientalismo latinoamericano” en Nueva Sociedad
(Friedrich Ebert Stiftung) N° 122,noviembre-diciembre.
Gudynas, Eduardo 2009 Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo (Montevideo: CLAES)
Heller, Agnes 1983 “The Dissatisfed Society” en Praxis International (Londres) Nº 2.
Hobsbawm, Eric 1998 Historia del Siglo XX (Buenos Aires: Crítica).
Intergovernmental Panel on Climate Change 2007 Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel onClimate Change 2007 en .
Leff, Enrique 1986 Ecología y Capital (México: Siglo XXI).
Lohman, Larry 2012 “Mercados de carbono. La neoliberalización del clima”(Quito: Abya-Yala).
Machado, Decio 2011 “Apoyemos que se ponga el cascabel al gatopardo”, ponencia en la presentación del libro El Cascabel del Gatopardo de Mateo Martínez Abarca, Quito, 5 de enero.
Machado, Decio 2012 “Las élites económicas: los verdaderos beneficiarios delGobierno de Rafael Correa” en R (Quito) Nº 9, enero-marzo.
Machado, Decio 2012 “¿Una nueva etapa de los movimientos sociales en Ecuador?” en La Tendencia
(Quito) Nº 13, abril.
Mandel, Ernest 1980 Long Waves of Capitalist Development (Londres: CambridgeUniversity).
Martí, José 1991 Nuestra América (La Habana: Casa de las Américas).
Martínez Alier, Joan 2005 El Ecologismo de los Pobres (Barcelona: Icaria).
Mariátegui, José Carlos 1928 “Aniversario y balance” en Amauta (Lima) año II, N°17, septiembre.
Marx, Karl 2003 (1852) El Dieciocho Brumario de Luís Bonaparte (Madrid:Alianza).
Marx, Karl y Engels, Federico 1974 Obras Escogidas (Moscú: Progreso) Tomo II.
Meadows, D.H.; Meadows, D.L.; Randers, J. y Behrens, W. 1972 Los límites del crecimiento: informe al Club de Roma sobre el predicamento de la Humanidad (México: FCE).
Mittermeier, R. A.; Mittermeier, C. G. y Robles Gil, P. 1997 Megadiversidad. Los países biológicamente más ricos del Mundo (México: Cemex).
Murray, I.; Rullán, O.; y Blázquez, M. 2005 “Los Cambios en la Cobertura de la Tierra” en Geocrítica (Madrid) Vol. X, N° 571.
Petras, James 2012 “El capitalismo extractivo y las diferencias en el bando latinoamericano progresista” en Rebelión (Madrid: Iepala) 8 de mayo.
Sachs, Wolfgang 1996 Diccionario del Desarrollo: una guía del conocimiento como poder (Lima: PRATEC).
Simon, J.L. y Kahn, H. 1984 The Resourceful Earth: A Response to Global 2000 (Nueva York: Basil Blackwell).
Tortosa, José María 2011 Mal desarrollo y Mal vivir. Pobreza y violencia a escala mundial (Quito: AbyaYala/Fundación Rosa Luxemburg).
Wallerstein, Immanuel 1988 El capitalismo histórico (Bogotá: Siglo XXI).

Notas

1 Sobre esta afirmación, se puede consultar la conferencia dictada por Manfred Max Neef en la Universidad EAFIT, de Medellín, Colombia, en.

2 La crítica naturalista se asentó sobre tres principios básicos: la reivindicación del higienismo, que reclama mejores condiciones de vida para los trabajadores y su entorno urbano; el naturismo como reivindicación de un rencuentro entre el ser humano y la Naturaleza; y el conservacionismo que se plasma en las primeras asociaciones proteccionistas de animales y hábitats naturales.

3 Para el año 1800 se estima una población mundial de mil millones de habitantes con respecto a los 7 mil millones censados a finales de 2011.

4 La capacidad de producción energética de la URSS pasó de 46 millones de toneladas en 1913 (dependiente básicamente del carbón) a 238 millones de toneladas en 1940. Las hidroeléctricas generaron 6 millones de kilovatios en 1955 y 33 millones en 1971(quedando el combustible vegetal reducido al 6% del total). La extracción de petróleo del Cáucaso y del gas natural tomó fuerza a partir de 1950, lo que situó ala URSS como un país puntero en la producción petrolera. El desarrollo energético de la URSS se asentó sobre la explotación de su riqueza en recursos naturales, lo que le convirtió en el único país desarrollado con capacidad de autoabastecimiento energético.

5 La URSS desarrolló una importante industria siderúrgica con base en la explotación de sus importantes reservas del material ferroso, hulla y manganeso, convirtiéndose en el país líder de la producción mundial de hierro y uno de los más importantes pro-ductores de acero del planeta.

6 Fue Nikita Kruschev, responsable de la desestalinización parcial de la URSS, quien revelaría, entre otras cuestiones, el estancamiento y en algunos casos retroceso de la producción agrícola soviética entre 1913 y 1950. Aunque entre el año 1950 y el de 1965 la producción agropecuaria aumentó a un ritmo de 1.5% al año, se mantuvo por debajo del índice de crecimiento poblacional. Posteriormente, Brezhnev y Kosyguin reformularon métodos de producción socializada y de distribución de mercado.La reforma de 1965 amplió las primas y los estímulos individuales para incentivar la producción, y posteriormente, durante el mandato de Gorbachov, se impulsó una política de apertura sobre los rígidos esquemas del estalinismo. A la llegada de la Perestroika, la URSS producía el doble de fertilizantes químicos que EE.UU., cuadruplicaba el número de vacas lecheras respecto a los estadounidenses y utilizaba cinco veces más tractores en labores agrarias que su rival, sin embargo su producción se mantenía estancada, el sector rural en crisis y se importa bancada vez más alimentos.

7 El “socialismo realmente existente”, en realidad, formaba parte de dicha economía-mundo. Nunca logró erigirse como una alternativa en términos civilizatorios.

8 Datos de la Lista Roja de Especies Amenazadas,que publica la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Estos datos apenas realizan una “mirada general” sobre lo que está ocurriendo respecto a las diferentes formas de vida en el planeta, pues sólo analizan el 2,7% de las especies conocidas, lo que significa que el número de especies en peligro de extinción puede ser mayor. Según el informe, en relación a las especies de agua dulce,el 38% de los peces están amenazados en Europa,mientras que en África oriental se encuentran en peligro el 28%. “En los océanos, el panorama es igual de sombrío. Muchas especies marinas están sufriendo una pérdida irreversible debido a la sobre pesca,el cambio climático, las especies invasoras, el desarrollo costero y la contaminación”, destaca la publicación. Además, señala que “las aves marinas están mucho más amenazadas que las terrestres, con un 27,5% en peligro de extinción, frente al 11,8% de las aves terrestres en la misma situación”.

9 Todas las plantas y los animales que habitan en el planeta tienen un papel específico y sirven para conseguir alimentos, medicamentos, oxígeno y agua pura, y para la polinización de los cultivos, el almacenamiento de carbono en el suelo y la fertilización.

10 La autora principal del informe, en el que colaboraron 17 profesionales, que la estadounidense Donella Meadows, biofísica y pionera científica ambiental, especializada en dinámica de sistemas.

11 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente de Estocolmo, de junio de 1972,que permitirá la creación del Programa de las Naciones Unidas por el Medioambiente (PNUM-UNEP), son sus siglas en inglés).

12 El Rainbow Warrior era utilizado como barco soporte para las manifestaciones de protesta organizadas por Greenpeace contra diferentes actividades realizadas por diversos países contrarias a la protección del medio ambiente y de las especias marinas.

13 La Crisis Global Multifacética es fruto de la combinación e interconexión de siete crisis: la económica, la ideológica, la energética, la alimentaria, la medioambiental, la democrática y la de hegemonía.

14 Informe socioeconómico elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU, por una comisión en cabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland, una política noruega miembro del Partido Laborista que ocupó el cargo de primera ministra de Noruega en tres ocasiones (1981, 1986-1989 y 1990-1996).

15 El “Protocolo de Kyoto” sobre el cambio climático es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tenía por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fuorados: Hidrofuorocarbonos (HFC), Perfuorocarbonos (PFC) y Hexafuoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990.

16 Hay visiones alternativas del concepto de sustentabilidad, como la del pedagogo y filósofo brasileño Moacir Gadotti (2002), quien indica que “el desarrollo podría ser un proceso integral que incluyera dimensiones culturales, éticas, políticas, sociales y ambientales, y no sólo económicas”.

17 Utilizando como ejemplos los datos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, podemos indicar que, según datos del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE), la pobreza se redujo en dicho país del 49% en 1998 al 27%, mientras la pobreza extrema pasó del 22% al 7%. De igual manera, según datos de la CEPAL, desde 2007 la pobreza en Bolivia bajó del 61 al 49%, mientras la pobreza extrema bajó del 34 al 25,4%. Por último, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en Ecuador,entre los años 2006 y 2011, la pobreza se redujo del 37, 6 al 28,6%, mientras la extrema pobreza se redujo del 16,5 al 13,2% en 2010.

18 Tres casos significativos son los de Venezuela,Bolivia y Ecuador: a) Venezuela: la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) definió el pasado mes de abril a este período como “el mejor momento de su historia”, haciendo referencia ala situación actual de la banca. Así, los primeros siete bancos privados, en ganancias, para abril de 2012,obtuvieron unos resultados netos de 4.951 millones de bolívares. Según fuentes oficiales, en julio del 2011, la banca privada había ganado ya un 81,7% más que en el mismo período del año anterior, pasan-do de 498,5 millones de dólares a mediados de 2010 a 846,2 millones doce meses después, todo ello a pesar de que la economía se había contraído un 7,1%;de igual manera, el mismo presidente Chávez declaró el pasado 18 de mayo que el crecimiento del sector privado está por encima del público. Pero no sólo es que más crece el sector privado, sino que si consideramos el excedente de explotación venezolano,concepto que comprende los pagos a la propiedad(intereses, regalías y utilidades) y las remuneraciones a los empresarios, así como los pagos a la mano de obra no asalariada, veremos que este pasó del 49,02 en 1999 al 61,30% en el 2010. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela,y a pesar de las mejoras respecto al índice de Gini en el país, tras más de una década de gobierno “revolucionario”, el 20% de los hogares con mayores ingresos económicos devenga el 45,56% del ingreso total, mientras el 40% de los hogares más pobres apenas se apropia del 15,1% del ingreso; b) Bolivia: en Bolivia, según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asf) se revela que las utilidades que obtuvieron las entidades pertenecientes al sistema financiero a junio de 2011 fueron de 172,2 millones de dólares, superando en 7,88% las obtenidas por este sector durante toda la gestión 2010. Son 21 grupos corporativos, empresariales y de inversiones los propietarios de todo el sistema bancario boliviano. Paralelamente, hasta noviembre de 2011, las recaudaciones fiscales lograban un récord histórico. El ingreso tributario más importante es el Impuesto a las Utilidades Empresariales (IUE), que representa el 24% del total de las recaudaciones impositivas. Dicho monto representa prácticamente un cuarto delos ingresos de impuestos que recibe el Tesoro, y está generado por las utilidades proporcionadas por el sector privado. El ministro de Economía y Finanzas, Luís Arce, se congratulaba de dicha situación indicando que “le está yendo muy bien al sector privado,porque están pagando grandes cantidades por el IUE. Y nos alegramos que les vaya bien a los empresarios privados, porque mientras sigan contribuyendo […] alas recaudaciones tributarias, el país seguirá teniendo estos récords de recaudaciones impositivas”; y c) Ecuador: el crecimiento acumulado del sector bancario privado fue durante los tres primeros años del gobierno de Correa (2007-2009) un 70% superior al de los gobiernos neoliberales anteriores en el mismo período. En 2010 el sector bancario privado alcanzó un 15,4% de utilidades más que en el ejercicio 2009, y en el 2011 un 52% que en el ejercicio 2010,aproximándose sus utilidades a 500 millones de dólares. Tras más de cinco años de gobierno de la revolución ciudadana, 62 grupos económicos concentran el 41% el PIB, teniendo el sector privado un beneficio superior al 54% del que obtuvo durante los mismos períodos de los gobiernos inmediatamente anteriores a Correa, los cuales eran de perfil neoliberal.

19 Brasil es el segundo productor de bioetanol del mundo, con 33,2% de participación en el mercado detrás de Estados Unidos, responsable del 54,7% dela producción mundial, según datos de 2009. Colombia, a su vez, figura en el décimo lugar de los países productores, con el 0,4%. Argentina, por su parte, es el segundo productor mundial de biodiesel, con el 13,1% del mercado, también después de Estados Unidos, que lidera con el 14,3%. Brasil se ubica en quinto lugar, con el 9,7% de la participación (datos de la CEPAL, 2011).

20 El neoextractivismo difiere del anterior extractivismo respecto al papel otorgado al Estado y a su legitimación social y política, lo que implica resultados económicos sustancialmente diferentes para los países.

21 Extraído de la conferencia dictada por el experto Dr. José Frutos, geólogo chileno, invitado al Seminario Internacional Adelantos de la Exploración de Yacimientos Auríferos, el 27 de noviembre de 2009, en Quito.

22 La onceava ronda petrolera afectará al 100%de los territorios de los indígenas andoas, záparas y shivias, al 93% del de los achuar, al 73% del de los kichwas amazónicos y al 38% del de los shuar.

23 Utilizamos la perspectiva de la “democracia burguesa” definida por Rosa Luxemburg (bürgerliche Demokratie), para quien dicho término significaba lo mismo que para Engels y Marx, “democracia pura” (reine Demokratie), a saber: no el nombre de un régimen político institucionalmente establecido y epocal, sino la caracterización de una corriente sociopolítica.

24 Lenin defendió el derecho de libre determinación de las naciones, entendido como derecho a la secesión, aunque desde su visión, subordinándolo ala lucha de clases. Cuando los bolcheviques alcanza-ron el poder tras la Revolución de Octubre, el principio de autodeterminación se proclamó oficialmente en la Declaración de Derechos de los Pueblos de Rusia y en virtud de la misma se reconoció la inde-pendencia de Finlandia.

25 Global Greens nació en abril de 2001 en Canberra, Australia, y engloba a distintas federaciones de partidos verdes en los cinco continentes.

26 Gabeira fue uno de los miembros fundadores del Partido Verde de Brasil, pero abandonó la agrupación en 2002 para unirse al Partido de los Trabajadores, volviendo posteriormente al prime-ro debido a confictos con el gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva. Conocido por su libro O Quéé Isso, Companheiro?, escrito en 1979, donde se narra la historia de la resistencia contra la dictadura militar en Brasil y se enfoca en el secuestro del embajador estadounidense Charles Burke Elbricken 1969 (un evento en el que Gabeira participó como miembro del MR-8), fue candidato a la alcaldía de Río de Janeiro durante las elecciones municipales de Brasil de 2008, pero perdió frentea Eduardo Paes.

27 Mariana Silva salió, a mediados del año pasado,del Partido Verde brasileño con la intención de conformar un movimiento social ciudadano de la misma naturaleza que los “indignados” españoles; mientras que Antanas Mockus salió a mediados del año pasa-do del Partido Verde colombiano consecuencia del conflicto interno que se generó en el partido por el apoyo recibido por Peñalosa de parte del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

28 El PSOL, en las elecciones generales de 2006, consiguió, con la histórica candidatura presidencial de Heloisa Helena, un 6,85% de los votos. Sin embargo, en las últimas elecciones presidenciales y con Helena en las filas del Partido Verde apoyando la candidatura de Marina Silva, el PSOL apenas logróel 0,87% de los votos (888 mil).

29 Véase la revista Punto Final Nº 758, en.

Alberto Acosta. Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO-Ecuador. Ministro de Energía y Minas, enero-junio 2007. Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta octubre 2007-julio 2008. Candidato a la Presidencia de la República por la Unidad plurinacional 2012-2013.

Decio Machado. Sociólogo y periodista de origen hispano brasileño. Cofundador y miembro del periódico español Diagonal. Miembro investigador de la ecuatoriana Fundación Alternativas Latinoamericanas para el Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos (ALDHEA).

Fuente: Publicado en Revista OSAL Nº 32 (Observatorio Social de América Latina – CLACSO) 
ISSN 1515-3282 
http://es.scribd.com/doc/107509722/Revista-OSAL-N%C2%B0-32

 

 

Cuando la memoria falla: el discurso falaz sobre DDHH de Alexis Ponce

Por: Mateo Martínez Abarca

Hace pocos días circuló en las redes sociales un texto redactado por Alexis Ponce, ex fundador y vocero de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y actual asesor de la Secretaria Nacional de Agua. El tema del texto es la audiencia que se realizó hace pocos días en la CIDH en Washington, en la que varios periodistas y actores sociales expusieron ante la comisión lo que consideran varias violaciones a los Derechos Humanos por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana.

Alexis Ponce. Foto: http://www.emelnorte.com

En la comisión estuvieron periodistas como Christian Zurita y Juan Carlos Calderón (autores de la investigación sobre los contratos del Estado con el hermano del presidente Rafael Correa, actualmente enjuiciados por el presidente), varios representantes de diario El Universo, Fundamedios, así como dirigentes indígenas como el presidente de la CONAIE, Humberto Cholango. Por tratarse de un problema que toca el estado de los Derechos Humanos en el Ecuador, se vuelve necesario aportar con herramientas críticas a un debate que debe hacerse de manera pública. El siguiente comentario pretende examinar algunas claves que aparecen en el pronunciamiento de Ponce justamente para contribuir a este necesario debate.

En primer lugar hay que señalar que el texto de Alexis Ponce no puede leerse sin recordar que se trata de un activista histórico de los Derechos Humanos en el Ecuador. Esto tiene dos implicaciones: por un lado, se trata de una voz a quien se le reconoce una trayectoria de lucha por los DDHH. Por otro, es una voz que intenta hablar desde esa trayectoria, pero actualmente desde una posición dentro del gobierno como funcionario público. Por esta razón así como no se puede leer su texto sin considerar su trayectoria en los DDHH, tampoco se puede desconocer su posición política y sus acciones como funcionario público.

La contradicción primera que atraviesa el texto es la de un activista de la “sociedad civil”, que hoy tiene un cargo en el gobierno. Y es necesario señalarla porque hay que distinguir desde qué lugar de enunciación nos habla. ¿Nos habla Ponce como activista o como funcionario del gobierno de la Revolución Ciudadana? ¿Se puede enunciar un discurso desde una posición en la sociedad civil sin distinguirlo de uno que proviene desde dentro del Estado? Dejemos un momento esta contradicción del sujeto enunciante del discurso para su examen más adelante como un problema político para la izquierda.

En segundo lugar, el texto de Ponce tiene un tipo de argumentación formal que de entrada incurre en una serie de adjetivaciones y juicios de valor que no son propios de una “investigación” o “análisis”; apareciendo además en todo el texto falacias ad hominem ofensiva. Como se sabe, la falacia ad hominem busca descalificar al adversario antes que refutar su argumentación. Esto hace que las palabras de Ponce solo puedan ser leídas no como un análisis o investigación –que en este caso se proponía desnudar las “nuevas estrategias de desestabilización del Mashi Correa”, sino como un discurso claramente político.

El adversario que aparece en el texto de Ponce son los periodistas del “establishment criollo” los dirigentes de la CONAIE –organización que antes podía contar entre sus aliados al propio Ponce-, “viajantes de las ONG´s ecológicas” –algunas de las cuales podían contar también a Ponce no solo como su aliado en las luchas de defensa de la naturaleza sino también como su amigo-; así como a una serie de fundaciones y organizaciones de los EEUU. Todos los adversarios en el mismo saco como granos en una fanesca. Dicho de otra manera, entre Diario El Universo (medio impreso que carga las posiciones de la derecha más reaccionaria)[1], periodistas de investigación serios como Calderón y Zurita y dirigentes de uno de los movimientos sociales más importantes, más imprescindibles de América Latina, no hay diferencias. Son todos la misma cosa y lo que hace que no pueda distinguírseles, es su oposición al Gobierno de la Revolución Ciudadana y su reclamo ante la CIDH.

Desde el punto de vista analítico, la presencia de esta generalización indiscriminada revela una especie de maniqueísmo conceptual, que dicho sea de paso es el que atraviesa al propio gobierno. Para la Revolución Ciudadana cualquier posición crítica desde las organizaciones de izquierda o los movimientos sociales es vista como “hacerle el juego a la derecha”. En este sentido, solo se puede estar de acuerdo con el gobierno o de otra forma automáticamente la posición se vuelve de derecha. El problema es que este razonamiento no tienen ninguna sustentación lógica que no sea la de descalificar o la de obligar a los otros por la fuerza a estar de acuerdo. “O con nosotros o en nuestra contra” dijo alguna vez George W. Bush al plantear su guerra criminal contra los pueblos de Afganistán e Irak, denominada guerra contra el terrorismo. [2]

Sorprende entonces que aparte del poco rigor conceptual se utilice una estructura de pensamiento que es propia de la peor de las derechas. Y en esto no estoy descalificando a Ponce como persona sino a la estructura de pensamiento que aparece en el texto (y que asfixia al gobierno). El problema es que como militantes de izquierda no podemos -y más aún no debemos- utilizar el mismo esquema miserable con el que las fuerzas retrogradas ven el mundo. La CONAIE, los ecologistas populares, los periodistas serios y críticos no sirven a los intereses de la derecha. No lo han hecho nunca. Pero si existen gobiernos que traicionan sus presupuestos originales y en el balance de poder van cediendo sus aspiraciones a las fuerzas reaccionarias, así como existen militantes o activistas que se extravían dentro de un Estado que estructural e históricamente, es una forma siempre autoritaria de gestión del capital.

Hace algún tiempo circuló una investigación realizada por la abogada venezolano-estadounidense Eva Golinger. En ella, sin mayores pruebas, se argumenta que varios dirigentes indígenas estarían vinculados a una conspiración para desestabilizar al gobierno de Correa, financiados por la National Endowment for Democracy. En varias ocasiones, el gobierno ha señalado que los indígenas están siendo manipulados o financiados por la extrema derecha de los EEUU. Evidentemente nunca han pasado estas declaraciones de puras anécdotas de cadena sabatina, a razón de que la investigación de Golinger se refiere a un periodo anterior al del gobierno actual y tampoco provee pruebas contundentes. Sin embargo para el gobierno la CONAIE recibe dinero de la extrema derecha de EEUU para desestabilizar la Revolución Ciudadana. Semejante fantasía, ¿acaso tiene alguna lógica?

Es esta carencia de lógica la que trasluce también el texto de Alexis Ponce, el cual –una vez definidos los adversarios locales antes mencionados- procede a hacer un prontuario de algunas ONGs norte americanas como la DPLF o Human Rights Watch. Sobre estas, habría que pedirle también a Golinger una investigación seria y fundamentada y no esos pasquines de teoría de la conspiración que parecen una bitácora de sus horas en internet. Cuando la izquierda pierde criterio, queda en el mismo lugar que la derecha, la cual nunca lo ha tenido. Para hablar de estrategias de desestabilización sería bueno probarlas.

Esto es justamente lo que no ocurre en el texto de Alexis Ponce. Hubiera sido pertinente ver las pruebas o argumentos para sostener esta hipótesis de desestabilización, pero lo único que se encuentra es un historial de las relaciones de estas organizaciones. Importa un comino que hagan cenas donde van representantes de Nike o Reebok o del Dialogo Interamericano, si es que la acusación no pasa de eso, es decir, de que comen juntos. Si vamos por ese camino, bastaría suponer con quien almorzaba Nathalie Cely cuando era ministra de coordinación de la producción, para definir la composición de la fracción de la clase dominante que apoya al gobierno. O con quien va a almorzar ahora, que es embajadora plenipotenciaria en el Imperio.

Dicho de otra manera, estos elementos en el discurso de Ponce no sirven analíticamente para absolutamente nada. Podrían servir, eso sí, para una revista de farándula. Pero a una izquierda que necesita herramientas críticas solidas, no. Finalmente, Ponce arremete contra la CIDH y contra la OEA. Históricamente, la OEA ha sido el “ministerio de colonias del imperio”, eso no se puede discutir. Pero tampoco se puede discutir que la CIDH ha logrado construir una cierta autonomía y legitimidad en materia de Derechos Humanos. Esto Ponce lo sabe bien o no hubiera siquiera presentado denuncias ante la CIDH como la que realizó la APDH en el año 2000 contra los gobiernos de Colombia y los EEUU, por los efectos del Plan Colombia en el Ecuador. ¿La CIDH era un instrumento de derechos humanos válido en ese entonces y ahora no?[3]

Si seguimos esa línea argumental entonces ningún instrumento internacional de derechos humanos tendría legitimidad. La carta de la ONU y el estatuto de la corte internacional de justicia no sirven para nada porque son los EEUU los principales contribuyentes de recursos al sistema de las Naciones Unidas. Sin negar el uso político de los derechos humanos por parte de países como los EEUU –que en efecto violan los DDHH de su población y de otros pueblos para luego ir dando lecciones de moral por todo el mundo-, este es otro problema que requiere otro tipo de abordaje. La peligrosa conclusión a la cual se podría llegar en base a los argumentos de Alexis Ponce, es que los instrumentos internacionales de DDHH no tienen legitimidad frente a la soberanía nacional.

El mismo argumento dio la dictadura de Pinochet ante el establecimiento de órganos como el tribunal Russell. Entonces las obligaciones sobre DDHH son discrecionales y tendríamos que confiar en que los gobiernos sean lo suficientemente buenos, progresistas y no represores como el de la Revolución Ciudadana, para esperar que los derechos estén plenamente garantizados. Lastimosamente ese gobierno de fantasía no es el actual: presos políticos como Marco Guatemal dirigente de la FICI encarcelado bajo la acusación de terrorismo -200 dirigentes, la mayoría indígenas, perseguidos-, Dayuma, represión a la comunidad de Río Grande por oponerse al proyecto multipropósito Chone, militarización en Intag, agresiones y descalificación a la población que resiste a la minería en el sur del país, despidos de funcionarios del sector público entregadas por la policía. Cadenas nacionales y ocupación fáctica de los medios por parte del gobierno para atacar a sus oponentes sin derecho a réplica, judicialización de la política. Violencia autoritaria del Estado, la misma que hasta hace poco combatió también Alexis Ponce desde la APDH, junto a la CONAIE y organizaciones ecologistas populares.[4]

Con lo que sí se puede estar de acuerdo con Ponce es que hay que reformar los organismos e instituciones internacionales de manera urgente. Esta es probablemente la única propuesta que puede rescatarse de su discurso, aunque llame “Mashi” a alguien que aplica la colonialidad del poder sobre los pueblos indígenas de una manera tan desagradable como Correa.

En conclusión, la contradicción de la que se hablaba anteriormente no puede neutralizarse sin que se anule uno de los términos o se convierta en un doble discurso. Alexis Ponce no puede enunciar su voz desde la comunidad de DDHH porque ahora el lugar desde el que habla es el Estado. El Estado autoritario que construye la Revolución Ciudadana, opuesto al que se expresa en la hoja de ruta de transformaciones que es la Constitución de Montecristi. Esta última es solo el inicio, pues el objetivo revolucionario apunta mucho, muchísimo más allá.

El discurso político de Ponce representa a una izquierda que imbrica su destino al de un gobierno cada vez más reaccionario pero que solo se sirve políticamente de ella para justificar sus atropellos. Aparte de ese triste papel, la izquierda de la Revolución Ciudadana no tiene otro, pues las decisiones estructurales están en manos de los sectores más retrogradas que integran el gobierno. Eventualmente, en un futuro no muy lejano, esa izquierda sin argumentos, cómplice y acrítica como la de Ponce, deberá rendir cuentas ante la historia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1] Hay que recordar a Alexis Ponce que a pesar de que históricamente las víctimas de las violaciones de derechos humanos son las y los luchadores progresistas y los victimarios los gobiernos y las dictaduras de derecha; la aplicación y vigencia de los mismos es para toda la humanidad. Entonces, ¿Cuál es el problema en que quienes se encuentran a la derecha, como diario El Universo, exijan su cumplimiento si sienten que son vulnerados? ¿Tenemos posiciones de izquierda solo para con la izquierda y somos derechistas con la derecha? La lucha por la emancipación lo que busca es liberar a la humanidad entera, inclusive a quienes la subyugan.

[2] Baste recordar en este punto que, durante este gobierno revolucionario, la persecución judicial contra los dirigentes indígenas que protestan contra el  extractivismo es también bajo el argumento de terrorismo.

[3] http://www.tlahui.com/politic/politi00/politi10/ecu10-1.htm

[4] Por cierto, decir que las organizaciones indígenas nunca acusaron a ningún gobierno conservador es falso. Está por ejemplo el caso de Sarayaku en el gobierno de Lucio Gutiérrez. ¿Será que cuando se pasa por el Estado se pierde también la memoria?

Eficiencia por encima de Justicia. Una crítica sobre el discurso de Rafael Correa en torno al debate sobre la nueva Ley de Tierras.

Mateo Martínez Abarca

Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan.

José Martí

J

“Algunos quieren definir latifundio de acuerdo a un tamaño: más de 100 hectáreas y ¡prohibido los latifundios, la Constitución prohíbe el latifundio…! [Pero] lo importante es la propiedad y lo importante que se esté produciendo… Primera idea de fuerza: cuidado por hacer un bien hacemos un daño mayor… Para que todos seamos propietarios partamos estas 2.000 hectáreas en 1.000 familias a dos hectáreas cada familia. Bueno, vamos a tener 2.000 familias más pobre que antes. La segunda idea de fuerza es la productividad. Tenemos una productividad agrícola demasiada baja. Y en la economía campesina esa productividad es desastrosa. Y parte de esa baja productividad son las pequeñas parcelas de terreno. Incluso, con el sistema capitalista, si tenemos una producción de 2.000 hectáreas y una sociedad anónima con 200 accionistas en buena hora: se está democratizando en algo la propiedad de esa tierra. Esto es que no entienden muchos compañeros. Por ahí veo proyectos de tierra, incluso del propio Consejo de Soberanía Alimentaria, que tienen solo esa visión de justicia. Cuidado, por buscar la “justicia”, entre comillas, destrozamos la eficiencia y lo que hacemos es a todos igualitos, pero igualmente miserables, igualmente pobres.”

Con estas palabras desafortunadas, hace pocos días el presidente Rafael Correa intervenía, a través de su cadena sabatina, en el debate sobre la nueva Ley de Tierras. Palabras que desnudan la concepción conservadora e inclusive perversa que subyace detrás del discurso presidencial, no solamente en materia agraria sino en su visión del mundo. Esto a razón de que lo que se revela es una jerarquización “ética” que no solamente coloca el concepto de eficiencia por sobre el de justicia, sino que políticamente constituye la admisión pública de una toma de posición, de una alianza tácita o no junto a los grandes terratenientes.

De entrada, es posible observar que el discurso del presidente busca defender la propiedad privada, en este caso de la tierra, como un hecho incuestionable en el proceso productivo. Conociendo de antemano el pragmatismo político que determina al gobierno de la Revolución Ciudadana y su carencia de ideas auténticamente transformadoras desde la perspectiva de la izquierda; hay que admitir que no se esperaba en el discurso del presidente una crítica radical al concepto de propiedad privada, central en la organización capitalista de la sociedad. A pesar de lo anterior, que además tome el gobierno partido por la posición de los grandes terratenientes que concentran la mayor extensión de tierra productiva en el país, es vergonzoso. Para colmo, con datos económicos erróneos que sitúan las afirmaciones de Correa en el plano de lo puramente ideológico.

En primer lugar hay que señalar que el patrón de concentración de la tierra apenas se ha modificado en los últimos 50 años, a pesar de los intentos fallidos de reforma agraria. En el año 2000, el coeficiente Gini de tenencia de la tierra en áreas rurales fue de 0.81, evidenciando una clara asimetría en la distribución de la tierra. De hecho, unidades agrícolas menores a 10 hectáreas, que constituyen el 75% del total de unidades, poseen apenas el 11.8% de la tierra; en el extremo, unidades mayores de 200 hectáreas tienen control sobre cerca del 30% de la tierra, pero representante menos del 1% de la unidades.

Lo anterior es un antecedente para comprender de qué eficiencia habla el Presidente Correa. ¿Se trata acaso de la eficiencia de la producción agrícola destinada a la exportación, de las grandes plantaciones? El hecho es que para cultivos como el azúcar, el café y el arroz, que se producen en su mayor parte en los latifundios de la Costa, la producción del Ecuador es 50% inferior a la de países vecinos.En este sentido, la afirmación implícita de Correa –sin fundamento teórico visible-, de que la agricultura fundamentalmente agroexportadora es mucho más eficiente que la pequeña producción campesina, no tiene sustento. Existen numerosos estudios, entre ellos North y Cameron (2008) que demuestran que la agricultura a pequeña escala no solo es más eficiente que las grandes propiedades, sino que también tiende al desarrollo de industria local a pequeña escala.

La segunda afirmación ideológica que se desprende del discurso presidente es que el criterio de una repartición justa de la tierra para los campesinos, puede representar una amenaza contra la eficiencia productiva agrícola. La conclusión en esta argumentación casi sofística del presidente es que es preferible una distribución injusta de la tierra a una reducción de la eficiencia. Pero como sabemos que no hay fundamento teórico sobre la disminución de la eficiencia en la pequeña propiedad campesina, lo que aparece es una toma de posición política que revela la búsqueda de una nueva alianza con los grandes terratenientes; quienes, de manera implícita en el discurso de Correa, son los protagonistas y no los campesinos de las grandes cifras de crecimiento económico.

En su concepción tecnocrática y pragmática del mundo, para el presidente la justicia tiene una jerarquía inferior a la eficiencia. Las consecuencias éticas de esta afirmación son sumamente graves y revelan una enorme mediocridad en cuanto a los principios que guían la acción de gobierno. La buena noticia es que contamos con herramientas que nos facilitan la crítica a esta concepción, que en sí es la que atraviesa la modernidad capitalista. Tal como afirmaban Max Horkheimer y Theodor W. Adorno en la Dialéctica de la Ilustración, es precisamente esa concepción instrumental que coloca al número como medida de todas las cosas, la que conduce a que la razón se vuelva su contrario, es decir irracionalidad. No importan los principios cualitativos sino las consecuencias cuantitativas.

A pesar de esta clara toma de posición del presidente y su gobierno a favor de las más rancias clases nacionales (cabe recordar que en la misma semana se flexibilizó la nueva ley anti monopolios favoreciendo a la banca); existen todavía sectores dentro de la izquierda que mantienen una alianza con el régimen. Un ejemplo es la Fenocin (confederación nacional de organizaciones indígenas, campesinas y negras), que a pesar de los intentos de asumir una postura crítica por parte de su presidente, Luis Andrango, no ha sido capaz de desvincularse de un gobierno que a paso acelerado se sitúa en contra de los intereses de indígenas y campesinos. La carencia de procesos de crítica interna a este tipo de alianzas, -de las que participa también la fracción “quinterista” del Partido Socialista Ecuatoriano así como el Partido Comunista y la Federación Ecuatoriana de Indios-; ha sellado que el destino de todas estas importantes organizaciones quede atado al del gobierno en su deriva hacia la derecha.

Mientras más tiempo tomen en llegar los procesos de crítica y la revisión de estas alianzas, el daño para la izquierda ecuatoriana será mayor y pasaran muchos años antes de que pueda sanarse. El precio a pagar por los errores actuales es ya muy alto y se vuelve urgente una renovación a gran escala de la izquierda, ante el fracaso de gran parte de la actual, como condición previa para plantear de nuevo un proyecto de transformación consistente. Serán las mismas bases de las organizaciones quienes decidan la tesitura de este proyecto, su necesaria orientación hacia la consecución de la verdadera Justicia –que según el filósofo Alain Badiou tiene que ver con dejar la condición de victimas y comenzar a ponerse de pie-; y no hacia fines mediocres desde el punto de vista de la humanidad, como la “eficiencia” de la producción bajo el régimen estructuralmente injusto de la acumulación capitalista.

Llegar al gobierno o transformar el Estado

Por Decio Machado.

Publicado también en Rebelion y el blog de nuestro amigo Decio

Introducción

“Si no vives como piensas acabaras pensando como vives” [1].

Esta célebre consigna que se hizo universal tras ser graffiteada en los muros de las universidades parisinas en mayo de 1968, ha recobrado su actualidad de la mano de los gobiernos de centro izquierda en América Latina.

La desmovilización en la que se encuentran los movimientos sociales en Latinoamérica está permitiendo que gobiernos teóricamente afines estén imponiendo agendas político-económicas de perfil “pragmático”, basadas en el inmediatismo y un caduco concepto del desarrollo. Los giros programáticos sufridos por los gobiernos “progresistas” del subcontinente son una alerta que recuerda como en Europa la socialdemocracia ejecutó las reformas más agresivas contra los derechos de las y los trabajadores [2].

Si tenemos en cuenta que incluso en los países que fueron definidos como del “socialismo real” lo que se reprodujo fue el rol del Estado como herramienta de dominación y control social, llegaremos a la conclusión que en la historia de la Humanidad encontraremos muy pocas, por no decir ninguna, experiencias de transformación del Estado desde dentro del propio Estado.

En América Latina los actuales gobiernos progresistas llegan tras dos décadas y media de aplicación de políticas neoliberales, las cuales dejaron su herencia: brutal incremento de los niveles de pobreza, concentración de la riqueza en manos de las corruptas élites oligárquicas, desmantelamiento del Estado, estancamiento y dependencia de las economías nacionales, abandono de políticas sociales, privatizaciones del sector público, flexibilización laboral, desempleo y salarios de miseria, incremento de la deuda externa y apertura indiscriminada al capital extranjero y especulativo.

Con estos antecedentes, el reposicionamiento de los gobiernos nacionales y la reconstrucción del Estado no es cuestión baladí, pero hay que entenderlos en la actual correlación de fuerzas a nivel mundial. Esta situación hace que también estos gobiernos estén siendo cooptados por el lobismo en decremento de las alternativas de desarrollo y la democracia real.

Sin la transformación del Estado -Estado Liberal que provee las circunstancias para que los individuos por sus propios medios adquirieran los bienes y servicios que necesiten-, se mantienen sus lógicas estructurales: proteger las relaciones de propiedad y el sistema representativo social burgués.

Estos llamados gobiernos “revolucionarios” están canalizando de tal manera sus contradicciones que estas dejan de ser contradicciones sistémicas, generándose procesos de asimilación que fijan los techos para las reformas políticas en cada una de las experiencias en marcha. Este proceso de asimilación también actúa de forma individualizada sobre las dirigencias “revolucionarias”, generando deslumbramiento personal y clientelismo.

Así las cosas, un criterio importante para la construcción de políticas alternativas debería basarse en la vinculación de coherentes prácticas económicas con la construcción de un poder alternativo. No se trata tan solo de que los intereses populares estén debidamente representados en la estructura estatal, el objetivo debe ser construir contrapoder.

Sin ignorar los logros en materias diversas protagonizados por los gobiernos de centro izquierda en la región, sus reacomodos hacen necesario reorientar su intervención en aras a desarrollar, desde las bases, nuevas formas de poder popular con apropiación y empoderamiento democrático.

Se trata entonces de un cambio de orientación de las políticas generadas desde lo institucional, dado que redefine la vía del cambio: este deja de ser únicamente desde el Estado (vertical), para posicionar un espacio de interlocución y complicidad entre Estado y ciudadanía. Transformar el Estado a partir de los procesos ciudadanos. Para ello, la izquierda debe entender que encuentra su rol cuando se convierte en garante de las demandas sociales y los procesos democráticos. Reenfocar las hojas de ruta gubernamentales de los procesos en curso, de tal manera que estas contengan de forma transversal criterios de construcción social y la visión que desde lo social se deriva.

Lejos de lo anterior, la redefinición de estos procesos se desarrolla bajo la perspectiva de políticas “pragmáticas” que no transforman los sistemas de acumulación ni la estructura del poder heredada. Esta redefinición se acompaña también con la redefinición de contradictores y antagonistas.

En este sentido, el caso ecuatoriano es emblemático. En el gobierno del presidente Correa cerca de 200 dirigentes indígenas son acusados injustamente de “sabotaje y terrorismo”, viéndose varios de ellos obligados a la clandestinidad. De igual manera, varios de los fundadores del oficialista Alianza PAIS, así como los principales ideólogos del proyecto original son descalificados por el mandatario de forma pública y acusados “traidores a la revolución” y copartners de derecha. El presidente Rafael Correa ha manifestado públicamente y en reiteradas ocasiones que sus principales enemigos del proceso son los ecologistas, “la izquierda infantil” y la CONAIE [3].

El caso ecuatoriano evidencia el debate real de fondo: ¿El objetivo de la lucha se materializa con llegar al Estado o el elemento fundamental y más complejo es como se transforma el Estado?

Los gobiernos progresistas instaurados en la región, significativamente en el caso ecuatoriano, siguen bajo la misma arquitectura del Estado heredado, lo que hace que cada día sean más parecidos a las viejas élites que por ellos fueron desplazadas. Sobre esta realidad se define el actual proceso de asimilación que sufren estos gobiernos, los cuales olvidan con facilidad que fueron posicionados en sus respectivos palacios presidenciales por poblaciones que demandaban alternativas radicales ante las continuas agresiones neoliberales.

Algunos de estos gobiernos, como el caso ecuatoriano, ni siquiera ya están en disputa. Su propia conformación y los anillos de poder generados entorno al despacho presidencial evidencian que sectores políticos y económicos han tomado posiciones en Carondelet, y lo lejanos que están de los intereses y luchas populares.

La necesidad de reconducción de estos procesos políticos no debe darse tan solo desde la matriz gubernamental. En los procesos de recuperación programática deben tener un rol determinante la sociedad civil a través de la recomposición de sus organizaciones sociales. Este modelo de participación social está reconocido en las diferentes constituciones post-neoliberales del continente, si bien su implementación está siendo intencionadamente débil.

Economía: logros y falencias del gobierno correísta

Las lógicas caudillistas y paternalistas del gobierno, expresadas de forma permanente en su accionar cotidiano generan desmotivación entre la ciudadanía.

Según el Barómetro de las Américas, en Ecuador la participación en reuniones de una asociación profesional se estima en un 7,4% en el año 2010, muy por debajo del 10,7% existente en el 2001 e incluso por debajo también 7,5% considerado en el año 2006, inmediatamente antes de que Rafael Correa fuera investido como presidente. De igual manera computa la participación en reuniones de un comité o junta de mejoras, siendo del 12,9% el dato de 2010, ante el 19,4% existente en 2001 o el 17,0% del 2006.

La lectura no deja lugar a malas interpretaciones: existe una caída de participación en los espacios de la sociedad civil. Dicho de otro modo, el actual gobierno ha desincentivado la participación social a pesar de que este sea uno de los mandatos fundamentales de la Constitución de Montecristi. Si trasladamos el ámbito al plano económico, según datos oficiales (INEC, septiembre de 2009), la situación en el mundo laboral ecuatoriano es la siguiente:

 

Actualmente, la Población Económicamente Activa (PEA) en Ecuador es de más de 4,4 millones de personas y se considera que están en este grupo las personas de diez años o más con capacidad de trabajar.

Tan solo el 45,59% tiene ocupación, y en este porcentaje se incluyen a las personas económicamente activas que trabajan como mínimo la jornada legal de trabajo y tienen ingresos superiores al salario unificado legal, o bien que trabajan menos de 40 horas y sus ingresos son superiores al salario unificado legal y no desean trabajar más horas.

La tasa de subempleo esta en 46,74%, incluye a las personas que están ocupadas pero que desean trabajar más horas, están disponibles para trabajar más horas, trabajan menos de 40 horas a la semana, ganan el salario mínimo legal o menos de él.

Quedando la tasa de desempleados en 6,39%.

Los gráficos recogen una disminución por debajo de 4 puntos en el subempleo entre diciembre de 2009 (año de mayor afectación de la crisis financiera internacional) y el cierre del primer semestre del presente año. En este ámbito ha de computarse también una significativa reducción de menores en el mundo laboral –cerca de 150.000 niños han pasado del mercado laboral al estudio-, aunque se mantienen cifras muy altas, 612 mil, de explotación infantil.

El empleo no es de calidad para la mayoría de la población, a lo que hay que agregar que en el ámbito laboral hay desprotección de las y los trabajadores, el derecho a huelga en la práctica es inexistente, se ha eliminado en la práctica también el contrato colectivo y minimizando el papel de las organizaciones sindicales existentes, que pretende ser sustituido en su cotidianidad por tecnócratas gubernamentales sin experiencia en el movimiento obrero y con una visión técnico-profesional en su intervención.

A esta situación se debe añadir que el costo de la canasta básica familiar se sitúa en 559,41 dólares (datos INEC, julio 2011), mientras el salario nominal promedio se encuentra en 307,83 dólares y el ingreso familiar medio mensual en 448 dólares.

De igual manera, cabe reseñar que la economía ecuatoriana es esencialmente rentista (el 56% Comercio), la cual se limita en muchas ocasiones a importar e intermediar. Bajo esta realidad se evidencia las políticas clientelares del gobierno, las cuales siguen siendo funcionales al modelo de acumulación heredado del neoliberalismo. Apenas un 9% de la economía ecuatoriana es industria.

Para más gravedad, en el reciente censo económico elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se visualiza una enorme concentración en ventas, siendo en 95,81% desarrolladas a través de los establecimientos de mayores ventas (decil 10). De igual manera, dentro del decil 10 el 90% de las ventas se concentran en el grupo de establecimientos de mayores ventas (percentil 99). Contradictoriamente, son los establecimientos pequeños los que generan mayor porcentaje de empleo aunque los establecimientos grandes generen ostensible mayor ingreso.

La lectura es evidente: a mayor concentración de mercado mayor nivel de pobreza.

Analizando la composición de la distribución del ingreso entre los períodos 2006 – 2010, encontraremos según datos del INEC-ENEMDU, que si bien es cierto que el 10% más rico del país pasó del 42,72% al 36,93%, los sectores más pobres (decil 1 al 4) apenas prosperaron dos puntos en cuatro años de “revolución” (10,67% en 2006 al 12,78% en 2010).

Se visualizamos la distribución del ingreso per cápita del hogar ecuatoriano segmentado por deciles, veremos que la situación apenas ha sufrido transformaciones desde el 2006 hasta el cierre del ejercicio 2010.

Distribución del ingreso per cápita del hogar por deciles

	1990	1993	1996	2000	2003	2006	2010
Decil más pobre	1.8	1.4	1.5	1.2	1.0	1.4	1.5
2	3.7	3.3	2.8	2.1	2.2	2.9	2.7
3	3.9	3.3	4.6	3.1	3.1	3.2	3.7
4	4.9	4.1	5.3	4.3	4.3	4.5	4.7
5	6.2	6.7	5.6	4.8	5.3	6.1	5.8
6	8.0	8.2	6.8	6.2	6.3	6.6	7.2
7	9.1	6.0	9.2	7.9	8.4	8.9	9.2
8	11.6	10.7	11.8	10.3	11.0	11.2	11.2
9	15.8	16.3	16.3	14.9	16.3	16.3	16.4
Decil más rico	35.0	40.0	36.2	45.2	42.1	38.7	37.8

Fuente: Juan Ponce, FLACSO

La anquilosada economía ecuatoriana se articula sobre una estructura productiva de poco valor agregado, con enorme dependencia de los ingresos petroleros, combinado con un alto consumo de bienes y servicios importados que fomenta una economía rentista en un sistema productivo hiper-concentrado. Los 62 grupos económicos más importantes del país concentran el 41% del PIB, dejando la riqueza no petrolera en manos de grandes importadores, intermediarios financieros y grandes grupos del sector comercial. El gobierno del presidente Correa ha obtenido escasos logros en materia de diversificación económica, manteniéndose las exportaciones de bajo nivel tecnológico y sin sustitución de importaciones. La apuesta sobre las compras públicas, herramienta que debería haber revertido la tendencia al consumo de importados y haber dinamizado la economía nacional, no ha funcionado, a la par que las economías domésticas mantienen una cultura de consumo externo y escaso por no decir nulo ahorro.

También son notables los escasos logros del gobierno en el Plan Tierras, sobre el cual se pretende redistribuir las tierras baldías y las que están en manos del Estado. El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) se había planteado como meta para el ejercicio 2010 que cien mil familias fueran beneficiadas con la titulación de tierras, sin embargo los resultados apenas superaron la cantidad de mil. Las hectáreas propiedad del Estado redistribuidas a productores familiares no llegaron a tres mil; y las hectáreas de tierras legalizadas con títulos de propiedad estuvieron en torno a 83 mil, cuando el objetivo gubernamental se declaraba en 350.000 hectáreas. De igual manera, sectores considerados de futuro por el gobierno ecuatoriano desarrollan una progresión muy lenta. El sector turístico por ejemplo, experimentó un crecimiento de apenas doscientas mil personas los últimos cuatro años (de 840.600 turistas en 2006 a 1.044.600 al cierre del 2010), lo cual cuestiona la capacidad de transformación en las líneas estratégicas del planteadas por el gobierno del presidente Correa.

Todo ello enmarcado en un gobierno que ha obtenido entre enero de 2007 y mayo de 2011 ingresos petroleros por valor 22.529,2 millones de dólares y que ha sido capaz de incrementar sus ingresos tributarios (construcción de cultura fiscal) de 4.686 millones en 2006 a 7.396 millones al cierre del 2010.

Teniendo en cuenta la incidencia (por porcentaje) de la pobreza y la extrema pobreza en Ecuador por ingresos (datos INEC), obtenemos que:

Nivel de pobreza	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pobreza	49,9	44,6	42,2	37,6	36,7	35,1	36,0	32,8
Extrema pobreza	26,6	22,7	21,6	16,5	16,5	15,7	15,4	13,1

Durante el gobierno de Alfredo Palacios (anterior inquilino del Palacio Presidencial de Carondelet), entre el año 2005 a 2006 la pobreza se redujo en 4,6% y la pobreza extrema pobreza en 4,7%. Si extrapolamos estas cifras al período comprendido entre 2003 y 2006 (4 años), veremos que la pobreza se reduce un 12,3%, mientras que la extrema pobreza lo hace en 10,1%.

En el gobierno del presidente Correa, entre sus períodos 2007 a 2010, la pobreza se redujo en 3,9%, mientras que la extrema pobreza en 3,4% (la tercera parte respecto al mismo período de análisis anterior).

La pobreza y la extrema pobreza en Ecuador se concentra de forma aguda en áreas rurales, su composición es mayoritariamente indígena seguida por población afrodescenciente. Esta realidad implica signos de racismo, elemento sobre el cual se ha avanzado poco, siendo el Plan Plurinacional contra la Discriminación Racial un documento que ni siquiera se cumple en las cuotas de funcionarios públicos.

La lectura triunfalista sobre la reducción de la pobreza realizada con bombo y platillo desde las vocerías del oficialismo queda en cuestión cuando desarrollamos el anterior análisis comparativo o si este lo realizamos respecto a otros países latinoamericanos durante períodos de gobiernos progresistas [4] . Para muchos analistas económicos, la reducción de la pobreza a través de planes sociales (aplicables en Ecuador y Brasil de igual manera que en Colombia o Perú), se basa en pilares débiles, dado que los gobiernos recurren a políticas asistencialistas que no sirven para eliminar la pobreza de manera definitiva si no van acompañadas con políticas de cambio estructural. Visto lo anterior, y comparando el nivel de esfuerzo en inversión social con los resultados obtenidos, la conclusión es innata: mucha mediocridad e incapacidad política en el llamado gobierno de los PhD.

Comercio minorista: un ejemplo de redefinición de la agenda gubernamental

En el caso ecuatoriano, el comercio minorista ha sido y sigue siendo la válvula de escape para un sector muy importante de la sociedad (cerca de tres millones de personas) que no tienen en la actualidad espacio en el mercado laboral formal.

Sin embargo, los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos dedicados al comercio, se encuentran desprotegidos y olvidados por un gobierno con el que se sintieron, al principio de su singladura, fuertemente identificados y sobre el que depositaron incontables esperanzas. Por el comercio minorista y la economía informal, más allá de la agobiante propaganda gubernamental, no ha llegado la mal llamada “revolución ciudadana”. El sector se encuentra en la misma situación de vulnerabilidad en el que se encontraba antes de la llegada de Rafael Correa al sillón presidencial. Las organizaciones que representan a comerciantes minoristas, antes alineadas al oficialismo y en el caso de Guayaquil, incluso se convirtieron en frente de choque y resistencia a las expresiones políticas de la oligarquía costeña, hoy se manifiestan decepcionadas y críticas con el gobierno del presidente Correa.

Con la práctica de determinados municipios, especialmente el de Guayaquil, y el cómplice silencio del Gobierno Central, se está vulnerando el artículo 329 de la Constitución de Montecristi en el cual se indica que:

“(…) Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o herramientas de trabajo. Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten la privacidad, la dignidad e integridad de las personas. El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo (…)”

Un sector de subsistencia tan importante como el comercio minorista ha sido olvidado en la agenda política ecuatoriana. La regularización de las condiciones laborales de estos y estas trabajadoras supone un gasto de 500 dólares por la vía legal, si por desconocimiento o falta de entendimiento de los procesos a seguir interviene un tramitador, el costo puede elevarse hasta los 2.000 dólares.

Aun así, los derechos recogidos en el artículo 329 de la Constitución son letra muerta dado que para que estos tengan efecto debe desarrollarse una ley específica para el sector. Conscientes de esta situación, las y los comerciantes minoristas llevan peleando por una Ley del Minorista desde hace 40 años.

Fruto de esta situación la Asamblea Nacional aprobaba el pasado mes de marzo de forma mayoritaria un proyecto de Ley de Defensa y Desarrollo del Trabajador Autónomo y del Comerciante Minorista. El 22 de ese mismo mes, el presidente Correa en su ejercicio como colegislador, veta en su totalidad el proyecto de Ley, imposibilitando que el tema pueda ser tratado por el pleno de la Legislatura durante al menos un año.

La propuesta vetada desde el despacho presidencial establecía que son derechos de las y los trabajadores autónomos y comerciantes minoristas el trabajo, utilizando espacios adecuados en conformidad con las normativas procedentes de Gobiernos Autónomos Descentralizados (GADs), la capacitación gratuita en los diversos sectores ocupacionales con la finalidad de propiciar el desarrollo individual y mejorar las condiciones de vida de los implicados, el acceso a la seguridad social y la obtención de líneas preferenciales de financiamiento en las entidades financieras del sector público para el fomento y desarrollo de sus actividades.

De igual manera, este proyecto definía el acceso a planes y programas preferenciales para vivienda [5] a través de la banca pública, del sector financiero popular y solidario y de los ministerios involucrados. También determinada el constitucional acceso a la silla vacía cuando se tratasen temas, directa o indirectamente, que pudiera afectar al sector y otros derechos derivados de la Constitución y normativas de rango inferior.

Por su parte, los comerciantes y autónomos se comprometían a desarrollar sus actividades respetuosos con el ordenamiento de espacio público, comercializar preferentemente bienes y servicios generados por la producción nacional con el fin de potenciarla, sujetarse a los procesos de control establecidos por la Ley, y el respeto a las normas de calidad, pesos, medidas y precios de los bienes que se comercialicen.

Entre sus objetivos, el proyecto de Ley pretendía que los GADs, mediante normas jurídicas, reconocieran y protegieran el trabajo autónomo y el comercio minorista, determinando y regulando espacios públicos adecuados para el sector.

El veto de la ley de los comerciantes minoristas y autónomos realizado por el presidente Correa les dejó a merced de los alcaldes, policías y funcionarios metropolitanos abusivos.

Según los contrariados representantes del sector, el presidente Correa pactó con la banca privada para no entregarles créditos y con alcaldes autoritarios como Jaime Nebot que los persigue, decomisando sus productos y herramientas de trabajo de forma cotidiana. De igual manera, denuncian que el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS), el ministro Ramiro González, los persigue a través de sus fedatarios, obligándolos a filiarse con el pago que oscila entre 45 y 55 USD mensuales.

Para comprender este drama se hace necesario conocer que muchos de estos minoristas, como los vendedores de agua por poner un ejemplo, apenas consiguen levantar tras toda la jornada laboral (por lo general superiores a las 8 horas establecidas por ley) ingresos que oscilan entre 5 y 8 dólares diarios. En municipios como el de Guayaquil, bastión del conservadurismo más rancio, ni siquiera se les proporciona espacios públicos dignos para desarrollar su trabajo. Esta situación vulnera sus derechos como ciudadanos, al tiempo que son apaleados por la Policía Metropolitana y decomisadas sus mercancías [6].

Mientras las y los comerciantes minoristas son presa fácil de los chulqueros [7] dadas sus dificultades para acceder al sistema de créditos del Banco Nacional de Fomento (BNF) [8]. La situación de informalidad de un elevado sector de los comerciantes minoristas impide su acceso a créditos públicos al no ser considerados por la banca pública como “sujetos de crédito” [9].

Paralelamente a esta situación, los beneficios acumulados por los grupos económicos durante el período 2007-2009 se ha cuantificado en un 54% más que en el período 2004-2006 (gobiernos conservadores). Según datos del Servicio de Rentas Internas del Ecuador (SRI), el beneficio de los grupos económicos ecuatorianos en 2006 se elevaba a 529 millones de dólares, mientras en 2009 dicho beneficio alcanzó los 701 millones de dólares.

En el sector de la banca privada los datos son aún más preocupantes, siendo sus utilidades durante el período 2007-2009 un 70% superior a las percibidas en el período 2004-2006.

La proliferación de la meritocracia [10] y la tecnocracia en las instituciones públicas ecuatorianas tienen como resultado un abismal distanciamiento entre la política pública y la ciudadanía. En el caso de las y los comerciantes minoristas, su sector queda en manos de funcionarios miopes, técnicos y toda una suerte de jóvenes provenientes de familias aniñadas [11] que han gozado de la posibilidad económica para desarrollar sus maestrías en el exterior, pero que poco o nada conocen sobre la realidad que les compete.

El desarrollo de nuevos centros comerciales está obligando a los comerciantes minoristas a desplazarse en un radio de dos a tres kilómetros de los sitios donde han estado tradicionalmente ubicados. Un centro comercial, shopping o mall es una construcción que consta de uno o varios edificios, por lo general de gran tamaño, que albergan locales y oficinas comerciales aglutinados en un espacio determinado para reducir espacio y tener mayor cantidad de clientes potenciales. Si bien los comerciantes minoristas no reclaman la eliminación de estas grandes superficies, si demandan que la competencia sea de igual a igual. Este tipo de monopolios llevan años siendo apoyados por los distintos gobiernos centrales [12] y los municipios donde se ubican, evidenciándose así una notable falta de criterio social y humano por parte de los ejecutores de la política pública.

Cabe destacar que en América del Sur, sólo Ecuador, Paraguay y Bolivia carecen de leyes antimonopolio, aunque en los dos últimos se aplican normas comunitarias que regulan la concentración económica. Aunque el gobierno ecuatoriano lleva más de un año anunciando que prepara una ley para regular los monopolios en el país, la percepción de los actores sociales es que esta dejará mucho que desear dado el rumbo que ha tomado el gobierno.

Las grandes superficies comerciales en Ecuador han alcanzado un importante nivel de desarrollo en los últimos años. Desde que se ubicara el primero de ellos en la ciudad de Guayaquil en 1976, han alcanzado un grado de penetración superior al 40%, situándose en el séptimo puesto en Sudamérica.

En el análisis del sector comercial nacional son identificables dos grupos económicos que dominan los espacios en los centros comerciales, así como en el negocio retail [13]. Ambos cuentan con empresas constructoras que desarrollan proyectos de centros comerciales y venden los espacios.

Así, la Corporación Favorita CA, cuya propietaria es la familia Wright, engloba el siguiente imperio empresarial: Supermaxi, Megamaxi, Akí, Gran Akí, Kiwy, Megakiwy, Todohogar, Sukasa, Salón de Navidad, Radio Shack, TVentas, Mrs. Books, Juguetón, Bebemundo y Tatoo, en lo correspondiente a su ámbito comercial; Enermax, Maxipan, Agropesa y Pofasa, en el ámbito industrial; Village Plaza, Multiplaza Portoviejo, Mall El Jardín, Mall del Sol, Mall del Sur, Mall de los Andes, Multiplaza Esmeraldas, Centro Comercial La Pradera y Centro Comercial Miraflores, en lo correspondiente al sector inmobiliario.

En el caso de la Corporación El Rosado SA, propiedad de la familia Czarninski, la composición del holding se articula a través de supermercados, jugueterías, cines, tiendas departamentales y ferreterías, en las que se identifican: Mi Comisariato, Ferrisariato, Hiper Market, Mi Juguetería, Supercines, Rio Store, Rock and Roll y los centros comerciales El Paseo en Manta y Portoviejo y Rio Centro Shopping. Adicionalmente a estos dos emporios empresariales existen otras dos entidades comerciales ecuatorianas de gran envergadura: Casa Tosi y De Pratty, que son las principales tiendas por departamento del país.

Estos grupos son los que manejan las condiciones del mercado y las entidades financieras del sector, y prueba de ello es el conocido caso de la empresa estadounidense PC Penny, la tienda por departamentos más grande de EEUU, que intentó ingresar al mercado ecuatoriano, pero estos grupos económicos se unieron para evitar la consolidación de esa cadena extranjera. Las empresas locales condicionaron los contratos con los proveedores para evitar que suministraran al competidor; por ello, dicha empresa no pudo establecerse en Ecuador [14].

De esta manera, mientras la Corporación Favorita C.A. declaraba en el año 2010 unos ingresos de 1.640 millones de dólares y un beneficio neto de 91,61 millones de dólares, los comerciantes minoristas de Guayaquil se preguntan: ¿qué pasó con la propuesta programática de la revolución ciudadana destinada a fortalecer la organización popular y las economías de los más débiles?

Las y los comerciantes minoristas de Ecuador disponen de organización, han desarrollado propuestas, sin embargo estas no han sido tomadas en cuenta por parte de este gobierno autodenominado “revolucionario”.

Sin minusvalorar las posibilidades que se abren para otro tipo de economía con la aprobación, el pasado 13 de abril, de la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, se hace necesario señalar que en lo que compete al comercio minorista, este sector apenas aparece referenciado en dos ocasiones (artículos 134 y 135). En ellos el nuevo texto legal se limita a indicar que “las municipalidades conformando regímenes de administración en condominio, con comerciantes minoristas, podrán construir mercados (…) de apoyo a la producción y comercialización de productos y servicios (…)” y que “las municipalidades podrán mediante Ordenanza regular la organización y participación de los pequeños comerciantes en actividades productivas, comerciales o de servicios (…)”. [15] 

Es por ello que Carlos Castellanos, presidente de la Confederación Unitaria de Comerciantes Minoristas y Trabajadores Autónomos del Ecuador (CUCOMITAE) declaraba en esas fechas: “ya basta, se le acabó la demagogia, la mentira y el doble discurso de Correa y Alianza País. La Ley de Economía Popular y Solidaria no defiende a los comerciantes minoristas y trabajadores autónomos como en la estabilidad, créditos a bajo intereses, seguridad social con régimen especial, la silla vacía, políticas de apoyo al sistema de comercialización, centros de desarrollo infantil” [16] y añadía “(…) no recoge el tema de la estabilidad laboral en nuestros sitios de trabajo (plazas, parques, mercados…) y el de las políticas de comercialización dentro de los cantones y las parroquias del país”. [17]

Conclusión

Loable es esfuerzo en inversión social desarrollado por el gobierno, el cual triplica la inversión desarrollada durante el resto de la década. De igual manera, el incremento –proceso de universalización- en materia de acceso a los servicios públicos y sociales es un logro importante, aunque lamentablemente la calidad de estos apenas haya mejorado. Los procesos de rearticulación y modernización del Estado eran una necesidad del propio sistema independientemente de la sensibilidad política del gobierno, sin embargo fue este y no otro, el gobierno que lo está desarrollando. Sin embargo se evidencia la carencia de cambios estructurales en el sistema político, social y económico del país.

La motivación y desarrollo de la participación social, voluntaria o involuntariamente, es un fracaso. Incluso las herramientas con las que la Constitución de Montecristi dotó a la sociedad para tal fin han sido violentadas por una práctica política que poco se diferencia de lo se pretendía haber desterrado. La incapacidad para alterar las lógicas de poder generadas por el mercado se evidencian en el mantenimiento intacto del sistema de acumulación heredado del neoliberalismo, a través del cual las élites del Capital no solo han mantenido sus privilegios sino que incluso han incrementado sus beneficios económicos. La apuesta por el extractivismo es en sí una contradicción respecto al discurso de soberanía nacional desarrollado desde el gobierno, ya que convierte al país en un Estado de transferencia de recursos naturales –perverso mecanismo de transferencia de capital- hacia el capitalismo global (reafirmando la posición de Estado subalterno).

La reorientación política efectuada por el presidente Correa, especialmente a partir de su segunda investidura, ha venido acompañada con un discurso panfletario de profundización y radicalización de la revolución ciudadana.

Citando a Max Horkheimer y Theodor Adorno, ”la propaganda hace de la lengua un instrumento, una máquina (…).La propaganda manipula a los hombres; al gritar libertad se contradice a sí misma. La falsedad es inseparable de la propaganda. Los jefes y los hombres gregarios se reencuentran en la comunidad de la mentira a través de la propaganda, aun cuando los contenidos sean justos”. [18] 

La propaganda convirtió incluso a la verdad en una herramienta cuyo valor se mide por su capacidad de captar más adeptos.

En esta situación se hace necesaria la legitimación de los actores que propugnan el reencuentro del proceso político con sus líneas programáticas fundacionales. Pero esa legitimación social tiene un costo, y obliga a dichos actores a ser consecuentes y diferenciables de las formas de intervención desarrolladas por la izquierda clásica, donde como se indicaba con anterioridad, incluso el valor de la verdad queda relativizado y se justifican las prácticas en función de los resultados obtenidos.

De hecho ha sido esta forma de intervención y valores las que han facilitado los procesos de asimilación de las dirigencias autodefinidas como revolucionarias y hoy instaladas en el poder.

Notas:

[1] Atribuida erróneamente a Paul Valery y a Ghandi, en realidad “Il faut vivre comme on pense, sinon tot ou tard on finit par penser comme on a vecu” (hay que vivir como pensamos, sino tarde o temprano acabamos pensando cómo vivimos) apareció por primera vez en el capítulo final de Le demon de midi, una novela de Paul Bourget (Plon-Nourrit, 1914).

[2] Hacia el final de la década de 1950, los partidos socialistas de Europa occidental comienzan a aceptar la economía mixta, renunciando al marxismo, la lucha de clases y la idea de un sector nacionalizado en expansión. El desarrollo económico capitalista de postguerra pone fin a las tesis revolucionarias en la socialdemocracia y define sus nuevos objetivos: la redistribución de la riqueza con criterios de igualdad y justicia social. La socialdemocracia acepta que el crecimiento económico continuado desarrollaría un floreciente sector público, con pleno empleo y Estado de bienestar . La crisis de 1973 pone fin a esta hipotética edad de oro. Se piensa entonces que para restaurar el crecimiento económico, patronos y gobiernos deben generar entendimiento con los sindicatos (consenso social). Es entonces cuando la socialdemocracia llega a gobiernos en Portugal, Estado español, Grecia o Francia (países en los que rara vez habían gobernado). La crisis del desempleo debilitó a los sindicatos y lo que fue aprovechado para comenzar el desmantelamiento del Estado de bienestar (hacer retroceder al Estado). En 1980 el proletariado industrial ya era minoritario en toda Europa, y las nuevas tecnologías agravaban la división existente en sus filas (obreros de cuello blanco). A pesar de los aumentos de productividad, las nuevas tecnologías operaban en detrimento del empleo (reconversiones industriales): crecían los trabajadores temporales y no cualificados (precarios, migrantes y mujeres), así como los empleados a tiempo parcial. La creciente interdependencia económica puso en cuestión las políticas macroeconómicas del keynesianismo y la reflación interna generaba problemas con la balanza de pagos, así como medidas inflacionarias. En la década de los 70 y 80, la socialdemocracia comienza a protagonizar el desmantelamiento del Estado de bienestar, desarrollar privatizaciones en el sector público y toda una batería de políticas de flexibilización y ajuste, atentatorias contra los intereses de los y las trabajadoras en Europa.

[3] La Confederación Nacional Indígena del Ecuador (CONAIE) se constituyó en 1986, fruto de un proceso organizativo impulsado desde las comunidades de todas las nacionalidades indígenas del Ecuador. Actúa como su máxima representante (es la organización social e indígena más importante del país).

[4] Durante el gobierno de Lula da Silva, 24 millones de brasileños dejaron la pobreza y otros 31 millones escalaron socialmente, lo que equivale a toda la población de Chile o al 40% de Argentina. La llamada Bolsa Familia, el principal proyecto del presidente Lula da Silva para combatir el hambre y la pobreza beneficiaba a más de 12 millones de familias (40 millones de brasileños). De igual forma, el resto de la región que se ha visto beneficiada por el crecimiento económico, la estabilidad financiera, la responsabilidad fiscal y un conjunto de políticas sociales que han permitido que 37 millones de latinoamericanos hayan salido de la pobreza, desde 2002.

[5] Durante el período de gobierno del presidente Correa se han desarrollado más de 200.000 viviendas sociales, multiplicando con creces la inversión desarrollada por gobiernos anteriores. Aun así, el déficit cuantitativo de vivienda estimado al cierre del ejercicio 2009 era de 738.201. Al iniciar su mandato presidencial el déficit en vivienda era estimado en 756.806 viviendas.

[6] El decomisado de mercancías a los comerciantes minoristas supone en la práctica decomisar lo poco y único que tienen para su sostén familiar.

[7] Son popularmente conocidos como chulqueros quienes se dedican a prestar dinero a otras personas cobrando altos intereses. Hay muchos casos de personas que les deben dinero y mantienen sus negocios gracias a los préstamos. Esta situación tiene genera graves consecuencias, ya que los intereses que cobran son tan altos que muchas veces las deudas se hacen impagables. Los prestamistas mueven la economía en el mercado chico. Los comerciantes hacen préstamos desde $50 hasta $2 000 todos los meses. El usurero se gana entre el 15% y el 30% de ese monto, los cobros son diarios y el deudor debe cumplir a cabalidad los pagos con riesgo de vida en caso de incumplimiento. Tan solo en la ciudad de Guayaquil se estima la existencia de aproximadamente 45 chulqueros en la zona de comercio minorista de la Bahía. Cada uno tiene de 25 a 30 clientes fijos todos los meses.

[8] El BNF es una institución financiera de carácter público destinada a fomentar el desarrollo socio-económico y sostenible del país. Está enfocada a los pequeños y medianos productores a través de servicios y productos financieros que pretenden estar al alcance del conjunto de la población. En el presente año, la Secretaria Nacional de Transparencia y la propia entidad financiera suscribieron un convenio de cooperación institucional consecuencia de la detección de casos de corrupción dentro de dicha institución.

[9] En el ámbito del comercio formal, según el reciente Censo Económico elaborado por el INEC, se estima que tan solo el 21% de los establecimientos comerciales obtuvieron financiamiento, siendo su monto inferior al 5% de las ventas producidas. De igual manera, se considera que el 54% de los establecimientos comerciales formales requieren de créditos, estableciendo la brecha entre lo requerido, 10.826 millones de dólares, y lo recibido en 4.739 millones de dólares.

[10] Meritocracia (del latín mereo , merecer, obtener) es una forma de gobierno basada en el mérito. Las posiciones jerárquicas son conquistadas con base al mérito, y hay una predominancia de valores asociados a la capacidad individual o espíritu competitivo tales como, por ejemplo, la excelencia en educación.

[11] Aniñado. Término popular que identifica a clases medias altas y clases altas.

[12] La Corporación Financiera Nacional (CFN), otra herramienta de la banca pública nacional, cuya función es ser una banca múltiple de desarrollo, moderna y eficiente, destinada a apoyar el desarrollo económico y social del Ecuador, dispone créditos para la construcción de grandes superficies comerciales, careciendo de criterio a la hora de evaluar el impacto de estas iniciativas económico privadas.

[13] El detal o venta al detalle (en inglés retail) es un sector económico que engloba a las empresas especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de clientes. Es el sector industrial que entrega productos al consumidor final. En el negocio del detal se pueden incluir todas las tiendas o locales comerciales que habitualmente se encuentran en cualquier centro urbano con venta directa al público, sin embargo su uso se halla más bien ligado a las grandes cadenas de locales comerciales. El ejemplo más común del detal lo constituyen los supermercados; otros comercios tradicionalmente asociados al detal son las tiendas por departamentos, casas de artículos para el hogar, ferreterías, farmacias, venta de ropa, librerías, entre otras muchas.

[14] Extracto del estudio económico denominado “Factores de éxito en los centros comerciales de Lima Metropolitana y el Callao”, publicado por Universidad ESAN de Lima Perú. El documento puede ser encontrado en la siguiente dirección web: http://www.esan.edu.pe/publicaciones/Descargue%20el%20documento%20completo_.pdf

[15] http://www.centrocultural.coop/blogs/cooperativismo/wp-content/uploads/2011/05/ley-ecuador.pdf

[16] http://asambleanacional.gov.ec/blogs/jorge_escala/2011/04/18/correa-y-nebot-pactaron-para-vetar-ley-de-los-comerciantes-minoristas-y/

[17] http://www.elcomercio.com/negocios/retoques-Ley-Economia-Popular_0_458954147.html

[18] Horkheimer, Max y Adorno, Theodor. Sociedad de Masas y Comunicación. Textos publicados en el libro Dialéctica del Iluminismo. Editorial SUR, Buenos Aires, 1970.

Pepas y símbolos

Por: David Magar

Es necesario un esfuerzo de discernimiento para que los recientes acontecimientos de la campaña para la consulta
popular en Ecuador no queden en lo anecdótico. Debemos evitar convertirlos en una historieta más para la antología de este nuevo avatar del velasquismo que es la “revolución ciudadana” (siempre entre comillas, no lo olvidemos). Durante los últimos meses se ha hecho evidente que la estrategia de comunicación del gobierno consiste en eludir y banalizar el debate político y social. Baste recordar el encuentro en la televisión manabita entre el secretario juridico de la Presidencia, Alexis Mera y el ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta. Rescatemos de las anécdotas y bromas triviales de Mera el entusiasmo de Acosta por concentrarse en los contenidos (“las pepas”) de la Consulta y en sus muy serias implicaciones anticonstitucionales.

Recordemos que días después el ecologista Luis Corral fue agredido por tratar de intervenir en un meeting de Rafael Correa para pedir explicaciones por la presencia de empresas de Canadá y China que se preparan para la explotación minera a cielo abierto del sur oriente ecuatoriano en el sigilo más completo. Los medios privados y el gobierno prefirieron informar sobre las minucias del incidente (tarima, banderas verdes, los golpes y las acusaciones) y guardan todavía un sospechoso silencio sobre la seria amenaza a la vida de miles de personas, animales y plantas. Al parecer, la amarga experiencia del silencio cómplice del caso Chevron-Texaco no ha sido lección suficiente ni para la prensa, ni para el estado ecuatoriano. Esta es otra pepa más que no debemos olvidar de abrir, demenuzar y hacer lo que esté en nuestras manos para detenerla.

Los poderosos en nuestro país han transformado y desvirtuado las intstituciones, los partidos políticos, los tribunales para servir sus intereses. Estas mutaciones son rápidas en su avance y abarcan incluso aspectos simbólicos. Los meetings televisados del presidente, sus apariciones en todo el país, son parte de una campaña de propaganda pero no de un esfuerzo incluyente por llevar el gobierno a los ciudadanos. No es casual que los críticos de la intervención de Corral lo compararan a la provocación de un hincha del Emelec en tierras del Barcelona. Esto prueba que la gestión de Correa no sustenta su valor democrático en el respeto a las disidencias, él preside sobre sus hinchas. Así lo vimos pidiendo al público que se una a él cantando “El pueblo unido jamás será vencido” para silenciar a una persona desarmada, confiscando a esa canción todo su valor reivindicativo, convertiéndola en un arma de censura.

Es cierto que es hora de sentirse inspirados por nuevas músicas, por artes insospechados que nos confirmen en nuestra vocación de libertad, que nos enseñen a escribir del otro lado si nos dan papel pautado. Pero también, conviene reivindicar los cantos hechos polvo por la tarima, devolviéndoles su significado, dándoles tal vez otra voz. Con motivo de las fiestas de la unificación de Italia, el actor Roberto Benigni hizo un espectaculo reinterpretando el himno italiano. Y preguntándose cómo era posible que un símbolo tan manido pueda todavía conmover a alguien, pensó en el rebelde, que antes de enfrentar al ejercito austríaco, se daba fuerzas susurrandose el Inno di Mameli. Presintiendo tal vez el desgaste y la perdida de valor simbólico, el compositor norteamericano Frederic Rzewski escribió 36 variaciones para el piano de “El Pueblo unido…”, dándonos 36 formas nuevas de susurro que nos den el valor de combatir censuras y exigir respuestas al poder.

Democracia real ¡YA!

Por: Sebastián Endara

“El problema no es la crisis el problema es el sistema”. Esta es una de las miles de frases que se encontraban por doquier en la Acampada del Sol y que fuera propuesta de manera libre y espontánea por algún participante del encuentro. ¿Qué significa el movimiento 15M, cuáles son las implicaciones de un proceso anti-sistema como éste, dentro del totalitarismo de un sistema que bajo la ilusión de la democracia desmoviliza a la población y le impide participar activamente en la construcción colectiva -y el disfrute-, de sus formas de vida?

Este llamado a la ‘reflexión pública’ definitivamente trasciende las fronteras y las coyunturas particulares de los pueblos dado el grado de interconexión que experimentamos globalmente, pero sobre todo, el que se compartan en mayor o menor medida las condiciones de exclusión de los accesos a bienes y servicios, el sentimiento de cosificación y de mercancía que hace de las personas cosas y de las cosas personas, y desde luego, la indignación frente al abandono sistemático de los valores humanos y solidarios en función de un consumismo voraz que se alimenta en la competencia, el individualismo extremo, y que aparentemente nadie controla o no quiere controlar.

Si hago una breve encuesta entre 10 de mis amigos, personas desde 23 a 35 años, solo 4 de ellos tiene un trabajo estable, 2 una remuneración aceptable –en la que uno no se siente explotado y tiene posibilidad de ahorro-, 2 de ellos tienen un trabajo ocasional, solo 1 de ellos trabaja en una rama acorde a sus estudios, 6 de ellos viven con sus padres o en casa de familiares, y solo 1 tiene casa propia, la cual seguirá pagando durante los próximos 10 o 15 años, 4 de ellos tienen educación superior y de los 10 solo 1 de cuarto nivel. 2 de ellos son o han sido emigrantes y 4 de ellos tienen al menos un hijo. 7 de ellos piensan que el sistema agudizará sus injusticias, 6 que así es la vida, solo 3 creen que alguna forma de organización social podría mejorar sus condiciones de vida pero en ningún caso hay certezas. 8 de ellos parecen desencantados con la política, y solo 2 se sienten representados en el Estado. Suficiente para solidarizarse con el movimiento 15M ¿No?

Como dicen en su manifiesto los mentalizadores del movimiento DEMOCRACIA REAL YA!, las prioridades de toda sociedad avanzada deberían ser “la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas, saber que existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal, y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y feliz”. Si estas cuestiones no se cumplen, el sistema no es sino un obstáculo para el progreso de la humanidad y hay que cambiarlo YA.

Escenas de periodismo

«Se me fue la luz, ¿Y dónde están los condones?»

Por Rita PUIG

SEIS MIL muchachos del Acuerdo Nacional de Jóvenes firman su deseo. Quieren recibir clases de educación sexual en los colegios y que estos contenidos se implanten como materia fija en la malla curricular. Exigen también atención especializada para su grupo en los hospitales del país. Le dicen, rapeando, a Jeanette  Sánchez, ministra Coordinadora de Desarrollo Social : «¿Qué paso con lo firmado?». Se refieren al acuerdo suscrito en 2008 por representantes del gobierno ecuatoriano en México. Se comprometieron ahí, cito el lema: » A prevenir con educación».  El tipo de eventos que aparecen en los diarios, o no. Las buenas intenciones que suelen morir ahí. Los jóvenes reclaman y en esta improvisada rendición de cuentas, justa y necesaria, la funcionaria acepta que no se ha cumplido con el compromiso y dice: “Hacemos un mea culpa”.

Representando a 6.000 personas, tres chicos presentan cifras, el aumento del 75% en embarazadas menores de edad, la presencia de esta situación en sectores empobrecidos. Encima, según las cifras, las embarazadas adolescentes han dejado botada la escuela… Un panorama encantador…  Hasta en la idiota familia de Barbie, no es Stacy, su hermana menor, la madre de familia. No, es Barbie con la familia corazón la que tiene un par de hijos. Como me decía un joven que conoce las incidencias de la vida sexual en el suburbio:  «No falta el que aun repite que la primera vez no pasa nada y que si no pasa del «serruchito» no hay problema. ¿Por qué crees que necesitamos educación sexual?. Porque la gente de mi edad sigue repitiendo estas cosas absurdas».
 
A simple vista uno puede notar que tener hijos siendo adolescente no es la mejor idea, precisamente porque se tendrá que abandonar el colegio. Pero hay ideas peores. Los jóvenes terminan de hablar. Se instala en círculo la prensa. Abre la rueda de preguntas una periodista. La que nos alegra las mañanas todos los días en el canal 2, en el noticiero de comunidad. No hablamos del programa “En carne propia” ese show que la gente ve para reírse. Ella representa a un canal que tiene credibilidad. Y ahora comunidad y entretenimiento puro sin contexto.

Ella interroga a la subsecretaria metropolitana de educación, presente también en el evento: «¿Se van a repartir condones en los colegios?». Es la única insensata pregunta que puede hacer con tono altisonante. Así se fabrica el fantasma. En una situación que afecta a jóvenes pobres, que dejan sus estudios, que moviliza a otros 6000 mas, no se le ocurre nada mejor que decir. ¿Cuál es la cobertura actual en programas de educación sexual que alcanzan los colegios del país?, ¿Qué conceptos y líneas de pensamiento se emplearán en las políticas de educación sexual?, ¿Han pedido asesoría de organizanciones como Cepam o Aprofe que tienen décadas de experiencia en el tema?.

Nada de nada. Pura basura y fantasma.
 
Días después, la misma reportera nos anuncia a las 06:30 de la mañana: «En mi casa no había luz ni agua, he tenido que bañarme en el canal y no se ni qué ropa me he puesto».  ¿Y encontró los condones fantasmales que se le perdieron en medio del reclamo juvenil?. El elemento menos importante dentro de una situación tan bien expuesta por los jóvenes. Se trataba de una petición justa, un episodio de participación ciudadana. Algo que no se ve con mucha frecuencia en el medio periodístico que prefiere los boletines de prensa, las declaraciones falsas y los intereses protegidos por los dragones de las relaciones públicas.

La nueva coyuntura

Caricatura de Bonil (bonilperiodismo.blogspot.com)

Por: Andrés Campaña Remache

Pablo Ospina, en su artículo “CONFÍEN EN MÍ”, afirma que la consulta popular y sus circunstancias constituyen una ruptura en la hegemonía del Gobierno de la Revolución Ciudadana. En efecto, en primer lugar, a grosso modo, antes de la convocatoria a la consulta, la derecha elaboró la matriz de opinión sobre la inseguridad ciudadana; en este sentido, en apariencia, el Régimen con su convocatoria trastocó el afianzamiento de los grupos oligárquicos que exigían mayor seguridad. A más de ello, la consulta, hasta el momento, permite elaborar las siguientes premisas: I) Por primera vez, en el transcurso del Gobierno, existe la posibilidad de elaborar un contra discurso desde la Izquierda sin que ello signifique una posible confabulación con la derecha; y, II) Los resultados de la consulta marcarán una tendencia irreversible en el direccionamiento del Régimen.

En el esquema del socialismo del siglo XXI, la consulta popular revivió la cuestión sobre la Izquierda en la institucionalidad; a su vez, resurge la discusión entre “REFORMA O REVOLUCION”. En este contexto, mientras Bernstein (reformista) propuso que las reformas jurídicas y la democratización del Estado buscan cambiar el sistema capitalista; por su parte, Luxemburgo (revolucionaria) sostuvo que sustituir las reformas normativas a cambio de la conquista del poder político y la revolución social no componen el camino a la instauración de la nueva sociedad sino la pretensión de modificar la superficialidad de la vieja sociedad. En las circunstancias actuales, este debate concluye que el Gobierno adoptó la vía de la reforma a través de la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución de Montecristi; y, entonces, a diferencia del Régimen que señala que este proceso político “revolucionario” sino contradijere la institucionalidad se constituiría en una democracia burguesa yerra toda vez que la sustitución de la trasformación de la infraestructura económica a cambio de la superestructura (instituciones jurídicas) plantea que los límites del Gobierno de la Revolución Ciudadana son, precisamente, los linderos del ordenamiento normativo a partir de la ascensión de Rafael Correa.

La consulta popular impone, en la palestra nacional, el debate sobre el contenido de la Constitución de 2008 en que, por una parte, un grupo de “ex constituyentes” aseveran la intocabilidad de los preceptos constitucionales (son aquellos que defienden la permanencia del status quo y sus errores); y, por otra parte, existen personas que platean la necesidad de una nueva reforma constitucional (en el pasado, integraron una base sólida de apoyo en el proceso constituyente que hoy critican). Sin embargo, más allá de esta cuestión, la coyuntura actual es matizada mediante la consulta popular. Ahora bien, en el proceso previo a la convocatoria a la consulta popular existieron dos momentos: I) el anunció legítimo del Presidente sobre una reforma constitucional que contiene temas intrascendentales; y, II) la claudicación de la Corte Constitucional de marras que derivó en el contenido de la consulta popular estructurado en: 1) la restricción de las garantías constitucionales, 2) la regulación de las instituciones financieras y los medios de comunicación, 3) la reorganización de la Función Judicial; y, 4) la tipificación y prohibición de algunas conductas sociales.

1. LA RESTRICCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: La mayor innovación del neo constitucionalismo radicó en la concepción del Estado de derechos y justicia; es decir, la mayor función de nuestro Estado consiste en la garantía de los derechos; tanto así que, según Ramiro Ávila, en el Estado de derechos, los derechos son creaciones y reivindicaciones históricas, anteriores y superiores que someten y limitan el Estado y todos los poderes, por tanto, nunca podrían ser limitados o sometidos a cualquier retroceso; así, la Constitución establece, en el reconocimiento de un derecho o una garantía, un mínimo que no puede ser disminuido, irrespetar el mínimo a través de una norma jurídica de cualquier jerarquía significaría que la Constitución está siendo irrespetada y, por ende, esa norma se torna inválida… los derechos y las garantías deben ser progresivos.

En este sentido, las limitaciones a la caducidad de la prisión preventiva y la restricción de las medidas sustitutivas a cambio de la prisión preventiva, a más que no se explica el procedimiento que garantizará que la Asamblea Nacional realice las reformas penales respectivas y los contenidos de las mismas son inciertos, vulneran derechos y garantías constitucionales.

2. LA REGULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: El Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo y Comunicación para América Latina -CIESPAL- organizó, el seminario “Periodismo, ética y democracia”; en el evento, se expusieron algunas prácticas de los medios de comunicación en su papel de actores económicos y políticos, entre otros: reducción de la esfera pública, selectividad de actores mediáticos, matrices de opinión, saturación de pensamientos específicos, ocultamiento deliberado de eventos e información, sobreinformación, desinformación, entrevistas y encuestas preintencionadas, etc. En esta línea, los medios de comunicación constituyen sujetos estelares e, inclusive, Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique precisa que componen uno de los poderes fácticos, en coordinación con los poderes económico y político. Tomando en cuenta estas consideraciones, la Constitución de Montecristi prohibió que las entidades o los grupos financieros tengan participaciones en empresas ajenas a las actividades financieras. En esta forma, la Asamblea Nacional Constituyente intentó limitar la propiedad del capital financiero que responde a las mayores acumulaciones económicas del país y viabilizar la distribución de la riqueza. A pesar de ello, la Junta Bancaria, en un primer momento, resolvió, arbitrariamente, que la disposición constitucional era aplicable solo a los socios con más del 25% de las acciones y/o participaciones.

Hay que reconocer, se pretende que las instituciones del sistema financiero privado y las empresas privadas de comunicación de carácter nacional no puedan realizar actividades distintas. No obstante, también, se busca el pronunciamiento sobre la expedición de una ley que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de mensajes y establezca los criterios de la responsabilidad ulterior que resulta incompatible con el acuerdo legislativo de 2009 sobre el proyecto de ley de comunicación: libertad de expresión y censura.

3. LA REORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL: La desinstitucionalización del Estado a consecuencia del auge del neoliberalismo provocó que los poderes fácticos hayan, entre otros, usurpado la Justicia, algunos ejemplos: las tanquetas en el Palacio de Justicia durante el Gobierno de Febres Cordero, el reparto de los tribunales entre la Democracia Popular y el Partido Social Cristiano después de la expedición de la Constitución de 1998 y la repartición de la Corte Suprema de Justicia en el Régimen de Lucio Gutiérrez; por esta razón, se concibió que la mejor manera de garantizar la independencia de la Función Judicial era a través de la organización de los concursos públicos de oposición y méritos. En este contexto, la Constitución de 2008 manifiesta que el Consejo de la Judicatura, entre sus atribuciones, dirigirá los procedimientos de selección de los servidores de la Justicia y, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará a los miembros de la Judicatura mediante un concurso público.

Rafael Correa argumenta que, a pesar de haber transcurrido dos años, aún no existe un nuevo Consejo de la Judicatura; y, el Código Orgánico de la Función Judicial (ley) no permite que la Judicatura en transición ejerza las funciones que le competen; por consiguiente, propone que se cree una Comisión Técnica de Transición de tres miembros delegados de las funciones Legislativa, Ejecutiva, y Transparencia y Control Social con la finalidad que, en dieciocho meses, reestructure la Función Judicial; además, incluye que el Consejo de la Judicatura se integrará, a posterioridad, con el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor Público y dos delegados de las funciones Legislativa y Ejecutiva en vez de los nuevo vocales que conforman la Judicatura en la actualidad. Empero, la argumentación resulta falaz, pues, en el actual momento, la mayoría de instituciones del Estado se encuentran en transición y no tienen sus autoridades definitivas; y, la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial que no permite que la Judicatura en transición ejerza sus funciones debió conocerse en la Asamblea Nacional. La influencia de las otras funciones del Estado, en la Justicia, sería evidente; más aún, todas ellas están controladas a nombre de Alianza País.

4. LA TIPIFICACIÓN Y PROHIBICIÓN DE ALGUNAS CONDUCTAS SOCIALES: Son las políticas públicas o posibles cambios normativos inciertos que se constituirían en parte del programa del Gobierno. Lástima que no se explique los mecanismos para efectivizarlos y el contenido de los temas a posteriori. En este sentido, la tendencia de criminalización del Régimen determina que el enriquecimiento privado injustificado y la no afiliación de los trabajadores en relación de dependencia al IESS sean considerados delitos; sin embargo, se desconoce las responsabilidades que acarrarían, la tipificación del enriquecimiento privado injustificado, siempre que no componga una medida macartista que origine persecución, podría ser una buena alternativa para comprobar malversación de fondos de origen no público; y, la tipificación de la no afiliación a los trabajadores sería la primera muestra del Gobierno en reivindicar los derechos del proletariado que componen el extracto más débil de la relaciones productivas, no obstante, las mismas sanciones deberían preverse a las instituciones estatales que incumplen el derecho a la seguridad social con los maestros bonificados, las madres comunitarias, los promotores culturales, entre otros.

Finalmente, la consulta plantea discordantes prohibiciones sobre los negocios de juegos de azar (casinos y salas de juego) y los espectáculos públicos en que se maten animales. El Presidente arguye que la ludopatía origina corrupción y los espectáculos que se centren en la muerte de los animales vulneran los derechos de la naturaleza; empero, en el caso de los espectáculos públicos, los relativiza a las circunscripciones territoriales cantonales; con ello, existirán lugares en que, lejos de erradicar estas problemática, las incentivarían.

Noticias desde Zamora. Carta de Luis Corral

Fotograma tomado de Diario El Comercio

Mis amigos y amigas, compañeros y compañeras de lucha, defensores y defensoras de la vida, amantes de la libertad, de la democracia radical y profunda, de un nuevo porvenir para nuestro país, y mundo.

En primer lugar agradecerles profundamente por las muestras de solidaridad, aprecio e interés. No soy de un partido, ni de un movimiento, pero me siento parte de una amplísima red, de un colectivo, de una gran marcha que empezó más allá de los tiempos y que irá creciendo. No parará.

Sin liderazgos mesiánicos, construyendo, como dicen los compas vecinos de las asambleas territoriales, el poder desde abajo, o como dicen nuestros compañeros indígenas, el mandar obedeciendo, o como dicen los ecologistas populares, la economía para la permanencia.

Para que se entienda lo sucedido en Zamora, he organizado una corta explicación en seis actos, que creo que debe ser urgentemente divulgado en todas las direcciones.

Mi hipótesis es que la consulta es un simulacro de participación y de mayor democracia. Lo es cuando estamos a las puertas de que se firmen contratos mineros, algo inédito en la historia del país, que inauguraría la minería a gran escala, y con ello a que se inicie un nuevo festín sobre nuestros recursos naturales, soberanía, y dignidad. Ahora será el festín del oro y del cobre.

Amigos, si nos lo proponemos podemos parar esta masacre.

Podemos todavía dar forma a un nuevo proyecto de vida colectivo, plurinacional, intercultural, en medio de esta crisis civilizatoria de occidente.

Definitivamente

¡¡¡¡Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo!!!!.

Y aunque un poco prostituido

Hasta la victoria siempre

CARAJO

Luis Corral Fierro

p.d. los medios y la derecha corrupta querrán aprovechar; pero debemos ser más inteligentes y fortalecer nuestra plataforma.

P.D NO FUI DETENIDO. DIARIO HOY TERGIVERSO LA INFORMACIÓN, COMO SEGUIRÁN HACIÉNDOLO AL NO SACAR LA DENUNCIA SOBRE ESTOS TEMAS. PORQUE POR MAS QUE LAS MINERAS NO SEAN SUS ACCIONISTAS, SU PODER ECONÓMICO LOS COMPRA.

PARA ENTENDER LO SUCEDIDO EN ZAMORA

ACTO 0:

HASTA EL 2008 MAS DEL 12 % DEL TERRITORIO ECUATORIANO ESTABA EN MANOS DE EMPRESAS EXTRANJERAS MINERAS, QUE ADQUIRIERON CASI GRATUITAMENTE (PAGABAN SOLO UN DÓLAR POR HECTÁREA MINERA AL AÑO) DERECHOS MINEROS PRÁCTICAMENTE IMPRESCRIPTIBLES, SOBRE RECURSOS, SUPUESTAMENTE INTRANSFERIBLES, INALIENABLES, DE PROPIEDAD DEL ESTADO.

ACTO Primero:

En abril del 2008 la ASAMBLEA NACIONAL DE PLENOS PODERES, declara extintas las concesiones mineras en manos de las transnacionales.

Entre otras muchas más, AURELIAN(CANADIENSE) ECSA(CANADIENSE), debían retirarse del país, y de la megadiversa y simbólica Cordillera del Cóndor – Zamora Chinchipe – Morona Santiago.

Al día siguiente del mandato minero las acciones de las empresas bajan de precios abruptamente.

ACTO Segundo:

Interviene el presidente Correa, DE MAYORES PODERES que la Asamblea, y el viernes siguiente se reúne con empresarios mineros de las principales empresas y les envía la señal de que la minería a gran escala se dará en el país.

Galo Chiriboga, ministro de ese entonces, “casualmente” actual candidato “mejor opcionado” para ser nuevo fiscal de la nación, en declaraciones para EL Comercio, dice que no se tocará las concesiones mineras de las empresas extranjeras.

Serrano, subsecretario de minas, va a encuentro en Miami y tranquiliza a sector transnacional.

Inmediatamente, los precios de las acciones recuperan sus valores y empiezan a crecer aceleradamente.

ACTO Tercero:

Aurelian (Canadiense) – de Mayores Poderes que el Presidente Correa, y que la Asamblea de Plenos Poderes – vende sus acciones a KINROSS (Canadiense), por más de 900 millones de usd. en plena vigencia del Mandato Minero. Lo hacen en virtud de seguir disponiendo entre sus únicos activos de valor, nada más ni nada menos, que las Concesiones – o sea los DERECHOS MINEROS – , que debían haber sido revertidos al estado soberano del Ecuador.

El Gobierno nacional, a través de Galo Chiriboga, afirma su satisfacción con la transacción ya que demuestra la ”confianza” del sector minero transnacional en el país y su gobierno.

El estado ecuatoriano no recibe un solo centavo.

ACTO Cuarto,

Se aprueba, la inconstitucional ley minera, que alcanza a recuperar un pírrico 5% de regalías sobre las ventas brutas para el estado ecuatoriano.

El Gobierno nacional se apura en aprobar reglamentos y dar inicio a las actividades mineras. Da luz verde a empresas que habían violado derechos humanos en el país, por cuya razón habían sido suspendidas.

ECSA, de mayores poderes, o quizás de poderes compartidos con el presidente Correa, vende sus acciones a la empresa estatal minera Tongling CRC, de China, por más de 600 millones de dólares.

El estado y el gobierno no reciben un centavo. Criminaliza la protesta social. Acusa de SABOTAJE Y TERRORISMO a los defensores de la Vida, a los dirigentes indígenas de la CONAIE, de la FICSH.

ACTO Quinto,

Gobierno Nacional lleva adelante un “ejercicio democrático de consulta” al pueblo ecuatoriano, mientras a sus espaldas está por firmar contratos mineros bajo total SIGILO, con AURELIAN KINROSS y con ECSA Tongling CRC en la Cordillera del Cóndor, Zamora Chinchipe, Morona Santiago.

El gobierno nacional NO HA REALIZADO ESTUDIOS DE IMPACTO, ANÁLISIS COSTO BENEFICIO, ANÁLISIS MULTICRITERIO, NO HA GENERADO UN PROCESO DE INFORMACIÓN, DEBATE, CONSULTA. PERMITE QUE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALES Y PARROQUIALES DONDE SE ASIENTAN LAS TRANSNACIONALES SEAN FINANCIADOS POR ESTAS EMPRESAS MINERAS.

A PESAR DE TODO ELLO, VA A FIRMAR LOS CONTRATOS. PRETENDE DAR INICIO CON LA ACTIVIDAD MAS CONTAMINANTE DEL PLANETA: MINERÍA A GRAN ESCALA QUE CAMBIARÌA LA FAZ DE LA REGIÓN SUR DEL PAÍS. SI LO HACE, LO HARÁ DEFINITIVA E IRREVERSIBLEMENTE.

LA CORDILLERA DEL CÓNDOR ES UNA DE LAS REGIONES MAS BIODIVERSAS DEL PAÍS FUENTE DE AGUA Y HÁBITAT DE LA NACIONALIDAD SHUAR, ASÍ COMO DE ASENTAMIENTOS MESTIZOS Y SARAGUROS.

FUENTE DE OTROS MUCHOS DIVERSOS FUTUROS POSIBLES PARA EL PAÍS Y EL MUNDO

ACTO Sexto,

Voy al mitin político y pregunto, – lean los labios video youtube – ,…por qué siguen las transnacionales?, por qué no se revirtieron las concesiones?, pero soy acallado y golpeado, por LA guardia PRESIDENCIAL!!!!, NO POR simpatizantes!!!, como afirma el MENTIROSO DE CORREA.

Si ven el vídeo la neutralización que sufro es DE PROFESIONALES.

¡¡¡¡¡¡¡SAQUEN USTEDES LAS CONCLUSIONES!!!!!!!!

El placer de la alienación

Por: Sebastián Endara

Partamos del supuesto de que el progreso es un proceso destinado al alcance del confort. Ello, sin embargo, no quiere decir que el progreso sea un proceso de liberación o hacia la liberación, si entendemos por liberación la posibilidad de autodeterminación individual y colectiva. De hecho parece que sucede todo lo contrario, a la luz de la creciente desmovilización y desestructuración de la ciudadanía que experimentan las sociedades sumidas en la dinámica de la vida burocrato-tecnológica. El sueño iluminista de una razón dominadora de la naturaleza para beneficio del hombre, se hizo trizas tanto por los desastres naturales de los mismos intentos de ‘dominación’ de la naturaleza, como por la ausencia de beneficios reales para el ser humano en términos del mejoramiento de su calidad de vida. Que el espejismo del progreso goce todavía de popularidad mundial se explica por la instauración de una ideología que no resguarda el sistema de dominación con presupuestos éticos o filosóficos de cuño escolástico, sino con el ejercicio sistemático de la excitación y el deseo hacia los bienes y servicios que la administración de la dominación es capaz de entregar. En este sentido la democracia, por ejemplo, sería un servicio funcional a la dominación, no a la liberación, pues no está pensando en cambiar las relaciones de poder sino en perfeccionarlas, hacerlas tolerables, hacerlas legítimas a través del simulacro de la mayor y mejor participación de los ciudadanos con el sistema del voto. Todos los procesos democráticos están más dirigidos a profundizar la aceptación de la democracia estatal como el sistema más avanzado de organización colectiva, antes que a generar nuevos niveles de comprensión y práctica para la libertad. La democracia se desarrolla en un contexto de creciente pauperización existencial y política, aunque también, de creciente acceso a los supuestos beneficios tecnológicos, y al confort. Pero, es que parece absurdo no plegarse a la corriente intelectual y material que en algo está cambiando la situación de exclusión del progreso y del desarrollo económico que afecta a las grandes mayorías, aun cuando ello implique, casi inadvertidamente, poner en riesgo la propia libertad y más aún la posibilidad efectiva del cambio hacia una sociedad mejor, es decir, una sociedad sin los niveles de pobreza y exclusión, sin los niveles de violencia y coerción, sin los niveles de intolerancia, sin los niveles de hacinamiento y congestión, sin los niveles de egoísmo, sin los niveles de apatía y manipulación mental, sin los niveles de contaminación ambiental, en definitiva sin las incoherencias que vivimos cotidianamente en la ‘cúspide’ de la historia humana. Reconocer que la alienación es placentera no es reconocer que el costo del progreso implica nuevas sujeciones, sino que la vía del cambio requiere imaginar, experimentar y asumir nuevas formas de gestión de la vida colectiva que tengan como corolario, entre otras cosas, la reconceptualización de significados como el confort.