Cuando la memoria falla: el discurso falaz sobre DDHH de Alexis Ponce

Por: Mateo Martínez Abarca

Hace pocos días circuló en las redes sociales un texto redactado por Alexis Ponce, ex fundador y vocero de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y actual asesor de la Secretaria Nacional de Agua. El tema del texto es la audiencia que se realizó hace pocos días en la CIDH en Washington, en la que varios periodistas y actores sociales expusieron ante la comisión lo que consideran varias violaciones a los Derechos Humanos por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana.

Alexis Ponce. Foto: http://www.emelnorte.com

En la comisión estuvieron periodistas como Christian Zurita y Juan Carlos Calderón (autores de la investigación sobre los contratos del Estado con el hermano del presidente Rafael Correa, actualmente enjuiciados por el presidente), varios representantes de diario El Universo, Fundamedios, así como dirigentes indígenas como el presidente de la CONAIE, Humberto Cholango. Por tratarse de un problema que toca el estado de los Derechos Humanos en el Ecuador, se vuelve necesario aportar con herramientas críticas a un debate que debe hacerse de manera pública. El siguiente comentario pretende examinar algunas claves que aparecen en el pronunciamiento de Ponce justamente para contribuir a este necesario debate.

En primer lugar hay que señalar que el texto de Alexis Ponce no puede leerse sin recordar que se trata de un activista histórico de los Derechos Humanos en el Ecuador. Esto tiene dos implicaciones: por un lado, se trata de una voz a quien se le reconoce una trayectoria de lucha por los DDHH. Por otro, es una voz que intenta hablar desde esa trayectoria, pero actualmente desde una posición dentro del gobierno como funcionario público. Por esta razón así como no se puede leer su texto sin considerar su trayectoria en los DDHH, tampoco se puede desconocer su posición política y sus acciones como funcionario público.

La contradicción primera que atraviesa el texto es la de un activista de la “sociedad civil”, que hoy tiene un cargo en el gobierno. Y es necesario señalarla porque hay que distinguir desde qué lugar de enunciación nos habla. ¿Nos habla Ponce como activista o como funcionario del gobierno de la Revolución Ciudadana? ¿Se puede enunciar un discurso desde una posición en la sociedad civil sin distinguirlo de uno que proviene desde dentro del Estado? Dejemos un momento esta contradicción del sujeto enunciante del discurso para su examen más adelante como un problema político para la izquierda.

En segundo lugar, el texto de Ponce tiene un tipo de argumentación formal que de entrada incurre en una serie de adjetivaciones y juicios de valor que no son propios de una “investigación” o “análisis”; apareciendo además en todo el texto falacias ad hominem ofensiva. Como se sabe, la falacia ad hominem busca descalificar al adversario antes que refutar su argumentación. Esto hace que las palabras de Ponce solo puedan ser leídas no como un análisis o investigación –que en este caso se proponía desnudar las “nuevas estrategias de desestabilización del Mashi Correa”, sino como un discurso claramente político.

El adversario que aparece en el texto de Ponce son los periodistas del “establishment criollo” los dirigentes de la CONAIE –organización que antes podía contar entre sus aliados al propio Ponce-, “viajantes de las ONG´s ecológicas” –algunas de las cuales podían contar también a Ponce no solo como su aliado en las luchas de defensa de la naturaleza sino también como su amigo-; así como a una serie de fundaciones y organizaciones de los EEUU. Todos los adversarios en el mismo saco como granos en una fanesca. Dicho de otra manera, entre Diario El Universo (medio impreso que carga las posiciones de la derecha más reaccionaria)[1], periodistas de investigación serios como Calderón y Zurita y dirigentes de uno de los movimientos sociales más importantes, más imprescindibles de América Latina, no hay diferencias. Son todos la misma cosa y lo que hace que no pueda distinguírseles, es su oposición al Gobierno de la Revolución Ciudadana y su reclamo ante la CIDH.

Desde el punto de vista analítico, la presencia de esta generalización indiscriminada revela una especie de maniqueísmo conceptual, que dicho sea de paso es el que atraviesa al propio gobierno. Para la Revolución Ciudadana cualquier posición crítica desde las organizaciones de izquierda o los movimientos sociales es vista como “hacerle el juego a la derecha”. En este sentido, solo se puede estar de acuerdo con el gobierno o de otra forma automáticamente la posición se vuelve de derecha. El problema es que este razonamiento no tienen ninguna sustentación lógica que no sea la de descalificar o la de obligar a los otros por la fuerza a estar de acuerdo. “O con nosotros o en nuestra contra” dijo alguna vez George W. Bush al plantear su guerra criminal contra los pueblos de Afganistán e Irak, denominada guerra contra el terrorismo. [2]

Sorprende entonces que aparte del poco rigor conceptual se utilice una estructura de pensamiento que es propia de la peor de las derechas. Y en esto no estoy descalificando a Ponce como persona sino a la estructura de pensamiento que aparece en el texto (y que asfixia al gobierno). El problema es que como militantes de izquierda no podemos -y más aún no debemos- utilizar el mismo esquema miserable con el que las fuerzas retrogradas ven el mundo. La CONAIE, los ecologistas populares, los periodistas serios y críticos no sirven a los intereses de la derecha. No lo han hecho nunca. Pero si existen gobiernos que traicionan sus presupuestos originales y en el balance de poder van cediendo sus aspiraciones a las fuerzas reaccionarias, así como existen militantes o activistas que se extravían dentro de un Estado que estructural e históricamente, es una forma siempre autoritaria de gestión del capital.

Hace algún tiempo circuló una investigación realizada por la abogada venezolano-estadounidense Eva Golinger. En ella, sin mayores pruebas, se argumenta que varios dirigentes indígenas estarían vinculados a una conspiración para desestabilizar al gobierno de Correa, financiados por la National Endowment for Democracy. En varias ocasiones, el gobierno ha señalado que los indígenas están siendo manipulados o financiados por la extrema derecha de los EEUU. Evidentemente nunca han pasado estas declaraciones de puras anécdotas de cadena sabatina, a razón de que la investigación de Golinger se refiere a un periodo anterior al del gobierno actual y tampoco provee pruebas contundentes. Sin embargo para el gobierno la CONAIE recibe dinero de la extrema derecha de EEUU para desestabilizar la Revolución Ciudadana. Semejante fantasía, ¿acaso tiene alguna lógica?

Es esta carencia de lógica la que trasluce también el texto de Alexis Ponce, el cual –una vez definidos los adversarios locales antes mencionados- procede a hacer un prontuario de algunas ONGs norte americanas como la DPLF o Human Rights Watch. Sobre estas, habría que pedirle también a Golinger una investigación seria y fundamentada y no esos pasquines de teoría de la conspiración que parecen una bitácora de sus horas en internet. Cuando la izquierda pierde criterio, queda en el mismo lugar que la derecha, la cual nunca lo ha tenido. Para hablar de estrategias de desestabilización sería bueno probarlas.

Esto es justamente lo que no ocurre en el texto de Alexis Ponce. Hubiera sido pertinente ver las pruebas o argumentos para sostener esta hipótesis de desestabilización, pero lo único que se encuentra es un historial de las relaciones de estas organizaciones. Importa un comino que hagan cenas donde van representantes de Nike o Reebok o del Dialogo Interamericano, si es que la acusación no pasa de eso, es decir, de que comen juntos. Si vamos por ese camino, bastaría suponer con quien almorzaba Nathalie Cely cuando era ministra de coordinación de la producción, para definir la composición de la fracción de la clase dominante que apoya al gobierno. O con quien va a almorzar ahora, que es embajadora plenipotenciaria en el Imperio.

Dicho de otra manera, estos elementos en el discurso de Ponce no sirven analíticamente para absolutamente nada. Podrían servir, eso sí, para una revista de farándula. Pero a una izquierda que necesita herramientas críticas solidas, no. Finalmente, Ponce arremete contra la CIDH y contra la OEA. Históricamente, la OEA ha sido el “ministerio de colonias del imperio”, eso no se puede discutir. Pero tampoco se puede discutir que la CIDH ha logrado construir una cierta autonomía y legitimidad en materia de Derechos Humanos. Esto Ponce lo sabe bien o no hubiera siquiera presentado denuncias ante la CIDH como la que realizó la APDH en el año 2000 contra los gobiernos de Colombia y los EEUU, por los efectos del Plan Colombia en el Ecuador. ¿La CIDH era un instrumento de derechos humanos válido en ese entonces y ahora no?[3]

Si seguimos esa línea argumental entonces ningún instrumento internacional de derechos humanos tendría legitimidad. La carta de la ONU y el estatuto de la corte internacional de justicia no sirven para nada porque son los EEUU los principales contribuyentes de recursos al sistema de las Naciones Unidas. Sin negar el uso político de los derechos humanos por parte de países como los EEUU –que en efecto violan los DDHH de su población y de otros pueblos para luego ir dando lecciones de moral por todo el mundo-, este es otro problema que requiere otro tipo de abordaje. La peligrosa conclusión a la cual se podría llegar en base a los argumentos de Alexis Ponce, es que los instrumentos internacionales de DDHH no tienen legitimidad frente a la soberanía nacional.

El mismo argumento dio la dictadura de Pinochet ante el establecimiento de órganos como el tribunal Russell. Entonces las obligaciones sobre DDHH son discrecionales y tendríamos que confiar en que los gobiernos sean lo suficientemente buenos, progresistas y no represores como el de la Revolución Ciudadana, para esperar que los derechos estén plenamente garantizados. Lastimosamente ese gobierno de fantasía no es el actual: presos políticos como Marco Guatemal dirigente de la FICI encarcelado bajo la acusación de terrorismo -200 dirigentes, la mayoría indígenas, perseguidos-, Dayuma, represión a la comunidad de Río Grande por oponerse al proyecto multipropósito Chone, militarización en Intag, agresiones y descalificación a la población que resiste a la minería en el sur del país, despidos de funcionarios del sector público entregadas por la policía. Cadenas nacionales y ocupación fáctica de los medios por parte del gobierno para atacar a sus oponentes sin derecho a réplica, judicialización de la política. Violencia autoritaria del Estado, la misma que hasta hace poco combatió también Alexis Ponce desde la APDH, junto a la CONAIE y organizaciones ecologistas populares.[4]

Con lo que sí se puede estar de acuerdo con Ponce es que hay que reformar los organismos e instituciones internacionales de manera urgente. Esta es probablemente la única propuesta que puede rescatarse de su discurso, aunque llame “Mashi” a alguien que aplica la colonialidad del poder sobre los pueblos indígenas de una manera tan desagradable como Correa.

En conclusión, la contradicción de la que se hablaba anteriormente no puede neutralizarse sin que se anule uno de los términos o se convierta en un doble discurso. Alexis Ponce no puede enunciar su voz desde la comunidad de DDHH porque ahora el lugar desde el que habla es el Estado. El Estado autoritario que construye la Revolución Ciudadana, opuesto al que se expresa en la hoja de ruta de transformaciones que es la Constitución de Montecristi. Esta última es solo el inicio, pues el objetivo revolucionario apunta mucho, muchísimo más allá.

El discurso político de Ponce representa a una izquierda que imbrica su destino al de un gobierno cada vez más reaccionario pero que solo se sirve políticamente de ella para justificar sus atropellos. Aparte de ese triste papel, la izquierda de la Revolución Ciudadana no tiene otro, pues las decisiones estructurales están en manos de los sectores más retrogradas que integran el gobierno. Eventualmente, en un futuro no muy lejano, esa izquierda sin argumentos, cómplice y acrítica como la de Ponce, deberá rendir cuentas ante la historia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1] Hay que recordar a Alexis Ponce que a pesar de que históricamente las víctimas de las violaciones de derechos humanos son las y los luchadores progresistas y los victimarios los gobiernos y las dictaduras de derecha; la aplicación y vigencia de los mismos es para toda la humanidad. Entonces, ¿Cuál es el problema en que quienes se encuentran a la derecha, como diario El Universo, exijan su cumplimiento si sienten que son vulnerados? ¿Tenemos posiciones de izquierda solo para con la izquierda y somos derechistas con la derecha? La lucha por la emancipación lo que busca es liberar a la humanidad entera, inclusive a quienes la subyugan.

[2] Baste recordar en este punto que, durante este gobierno revolucionario, la persecución judicial contra los dirigentes indígenas que protestan contra el  extractivismo es también bajo el argumento de terrorismo.

[3] http://www.tlahui.com/politic/politi00/politi10/ecu10-1.htm

[4] Por cierto, decir que las organizaciones indígenas nunca acusaron a ningún gobierno conservador es falso. Está por ejemplo el caso de Sarayaku en el gobierno de Lucio Gutiérrez. ¿Será que cuando se pasa por el Estado se pierde también la memoria?

Eficiencia por encima de Justicia. Una crítica sobre el discurso de Rafael Correa en torno al debate sobre la nueva Ley de Tierras.

Mateo Martínez Abarca

Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan.

José Martí

J

“Algunos quieren definir latifundio de acuerdo a un tamaño: más de 100 hectáreas y ¡prohibido los latifundios, la Constitución prohíbe el latifundio…! [Pero] lo importante es la propiedad y lo importante que se esté produciendo… Primera idea de fuerza: cuidado por hacer un bien hacemos un daño mayor… Para que todos seamos propietarios partamos estas 2.000 hectáreas en 1.000 familias a dos hectáreas cada familia. Bueno, vamos a tener 2.000 familias más pobre que antes. La segunda idea de fuerza es la productividad. Tenemos una productividad agrícola demasiada baja. Y en la economía campesina esa productividad es desastrosa. Y parte de esa baja productividad son las pequeñas parcelas de terreno. Incluso, con el sistema capitalista, si tenemos una producción de 2.000 hectáreas y una sociedad anónima con 200 accionistas en buena hora: se está democratizando en algo la propiedad de esa tierra. Esto es que no entienden muchos compañeros. Por ahí veo proyectos de tierra, incluso del propio Consejo de Soberanía Alimentaria, que tienen solo esa visión de justicia. Cuidado, por buscar la “justicia”, entre comillas, destrozamos la eficiencia y lo que hacemos es a todos igualitos, pero igualmente miserables, igualmente pobres.”

Con estas palabras desafortunadas, hace pocos días el presidente Rafael Correa intervenía, a través de su cadena sabatina, en el debate sobre la nueva Ley de Tierras. Palabras que desnudan la concepción conservadora e inclusive perversa que subyace detrás del discurso presidencial, no solamente en materia agraria sino en su visión del mundo. Esto a razón de que lo que se revela es una jerarquización “ética” que no solamente coloca el concepto de eficiencia por sobre el de justicia, sino que políticamente constituye la admisión pública de una toma de posición, de una alianza tácita o no junto a los grandes terratenientes.

De entrada, es posible observar que el discurso del presidente busca defender la propiedad privada, en este caso de la tierra, como un hecho incuestionable en el proceso productivo. Conociendo de antemano el pragmatismo político que determina al gobierno de la Revolución Ciudadana y su carencia de ideas auténticamente transformadoras desde la perspectiva de la izquierda; hay que admitir que no se esperaba en el discurso del presidente una crítica radical al concepto de propiedad privada, central en la organización capitalista de la sociedad. A pesar de lo anterior, que además tome el gobierno partido por la posición de los grandes terratenientes que concentran la mayor extensión de tierra productiva en el país, es vergonzoso. Para colmo, con datos económicos erróneos que sitúan las afirmaciones de Correa en el plano de lo puramente ideológico.

En primer lugar hay que señalar que el patrón de concentración de la tierra apenas se ha modificado en los últimos 50 años, a pesar de los intentos fallidos de reforma agraria. En el año 2000, el coeficiente Gini de tenencia de la tierra en áreas rurales fue de 0.81, evidenciando una clara asimetría en la distribución de la tierra. De hecho, unidades agrícolas menores a 10 hectáreas, que constituyen el 75% del total de unidades, poseen apenas el 11.8% de la tierra; en el extremo, unidades mayores de 200 hectáreas tienen control sobre cerca del 30% de la tierra, pero representante menos del 1% de la unidades.

Lo anterior es un antecedente para comprender de qué eficiencia habla el Presidente Correa. ¿Se trata acaso de la eficiencia de la producción agrícola destinada a la exportación, de las grandes plantaciones? El hecho es que para cultivos como el azúcar, el café y el arroz, que se producen en su mayor parte en los latifundios de la Costa, la producción del Ecuador es 50% inferior a la de países vecinos.En este sentido, la afirmación implícita de Correa –sin fundamento teórico visible-, de que la agricultura fundamentalmente agroexportadora es mucho más eficiente que la pequeña producción campesina, no tiene sustento. Existen numerosos estudios, entre ellos North y Cameron (2008) que demuestran que la agricultura a pequeña escala no solo es más eficiente que las grandes propiedades, sino que también tiende al desarrollo de industria local a pequeña escala.

La segunda afirmación ideológica que se desprende del discurso presidente es que el criterio de una repartición justa de la tierra para los campesinos, puede representar una amenaza contra la eficiencia productiva agrícola. La conclusión en esta argumentación casi sofística del presidente es que es preferible una distribución injusta de la tierra a una reducción de la eficiencia. Pero como sabemos que no hay fundamento teórico sobre la disminución de la eficiencia en la pequeña propiedad campesina, lo que aparece es una toma de posición política que revela la búsqueda de una nueva alianza con los grandes terratenientes; quienes, de manera implícita en el discurso de Correa, son los protagonistas y no los campesinos de las grandes cifras de crecimiento económico.

En su concepción tecnocrática y pragmática del mundo, para el presidente la justicia tiene una jerarquía inferior a la eficiencia. Las consecuencias éticas de esta afirmación son sumamente graves y revelan una enorme mediocridad en cuanto a los principios que guían la acción de gobierno. La buena noticia es que contamos con herramientas que nos facilitan la crítica a esta concepción, que en sí es la que atraviesa la modernidad capitalista. Tal como afirmaban Max Horkheimer y Theodor W. Adorno en la Dialéctica de la Ilustración, es precisamente esa concepción instrumental que coloca al número como medida de todas las cosas, la que conduce a que la razón se vuelva su contrario, es decir irracionalidad. No importan los principios cualitativos sino las consecuencias cuantitativas.

A pesar de esta clara toma de posición del presidente y su gobierno a favor de las más rancias clases nacionales (cabe recordar que en la misma semana se flexibilizó la nueva ley anti monopolios favoreciendo a la banca); existen todavía sectores dentro de la izquierda que mantienen una alianza con el régimen. Un ejemplo es la Fenocin (confederación nacional de organizaciones indígenas, campesinas y negras), que a pesar de los intentos de asumir una postura crítica por parte de su presidente, Luis Andrango, no ha sido capaz de desvincularse de un gobierno que a paso acelerado se sitúa en contra de los intereses de indígenas y campesinos. La carencia de procesos de crítica interna a este tipo de alianzas, -de las que participa también la fracción “quinterista” del Partido Socialista Ecuatoriano así como el Partido Comunista y la Federación Ecuatoriana de Indios-; ha sellado que el destino de todas estas importantes organizaciones quede atado al del gobierno en su deriva hacia la derecha.

Mientras más tiempo tomen en llegar los procesos de crítica y la revisión de estas alianzas, el daño para la izquierda ecuatoriana será mayor y pasaran muchos años antes de que pueda sanarse. El precio a pagar por los errores actuales es ya muy alto y se vuelve urgente una renovación a gran escala de la izquierda, ante el fracaso de gran parte de la actual, como condición previa para plantear de nuevo un proyecto de transformación consistente. Serán las mismas bases de las organizaciones quienes decidan la tesitura de este proyecto, su necesaria orientación hacia la consecución de la verdadera Justicia –que según el filósofo Alain Badiou tiene que ver con dejar la condición de victimas y comenzar a ponerse de pie-; y no hacia fines mediocres desde el punto de vista de la humanidad, como la “eficiencia” de la producción bajo el régimen estructuralmente injusto de la acumulación capitalista.