Ambientalismos y conflictos actuales en América Latina – Movimientos comprometidos con la vida

Ambientalismos y conflictos actuales en América Latina – Movimientos comprometidos con la vida

 

Alberto Acosta y Decio Machado

Revista OSAL

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=156838

 

 

La historia de la humanidad es la historia del dominio del hombre sobre la naturaleza. Durante siglos, la relación de las sociedades con el medio ambiente ha estado marcada por el utilitarismo y la explotación de recursos.Bajo el orden capitalista, los efectosde este tipo de relación, ampliamente respaldada por las ideas de progreso y desarrollo económico, están adquiriendo características preocupantes(contaminación, escasez de recursos,cambio climático) que apuntan hacia una terrible catástrofe ambiental. En este artículo, Alberto Acosta y Decio Machado, dan cuenta de la separación entre el hombre y la naturaleza a lo largo de la historia, así como de las posibilidades de reencuentro entre ambos, a partir del surgimiento del pensamiento ambientalista y de iniciativas orientadas hacia una nueva relación con el medio natural. De esta manera, los autores describen las circunstancias que marcaron el nacimiento de la ecología política y de la crítica al modelo desarrollista, e indagan cuáles son las implicaciones actuales delos distintos tipos de ambientalismo en América Latina.

“Cuando los ricos talaron sus bosques, construyeron fábricas que vomitan veneno y recorrieron el mundo en una búsqueda insaciable de recursos baratos, los pobres no dijeron nada. En realidad pagaron el desarrollo de los ricos. Ahora los ricos reclaman tener derecho a regular el desarrollo de los países pobres… Como colonias fuimos explotados. Ahora, como países independientes debemos ser igualmente explotados” (Mohamad Mahathir – Discurso ante la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, Río de Janeiro, Junio 13, 1992) La Naturaleza tironeada entre la amenaza y la preocupación En la medida que el ser humano encontró formas sedentarias de organización social, su deseo y su necesidad por intervenir conscientemente en los espacios naturales fue creciendo. Con el surgimiento de la agricultura, la vegetación silvestre comenzó a ser domesticada. Con este paso civilizatorio importante se amplió el número de habitantes del planeta y paulatinamente comenzaron a incrementarse las presiones sobre la Naturaleza.

El ser humano mantenía una estrecha relación de temor y utilidad con la Naturaleza. El miedo a los impredecibles elementos de la Naturaleza estaba siempre presente en la vida cotidiana. Hasta que la ancestral y difícil lucha por sobrevivir se fue transformando en un desesperado esfuerzo por dominar la Naturaleza. Paulatinamente el ser humano, con sus formas de organización social antropocéntricas, se puso figurativamente hablando, por fuera de la Naturaleza. Se llegó a definir la Naturaleza sin considerar a la humanidad como parte integral de la misma. Y con esto quedó expedita la vía para dominarla y manipularla.

Sir Francis Bacon (1561 – 1626), célebre filósofo renacentista, plasmó esta ansiedad en un mandato, cuyas consecuencias vivimos en la actualidad, al reclamar que “la ciencia torture a la Naturaleza, como lo hacía el Santo Oficio de la Inquisición con sus reos, para conseguir develar el último de sus secretos…” (1). No fue solo Bacon. René Descartes (1596-1650), uno de los pilares del racionalismo europeo, consideraba que el universo es una gran máquina sometida a leyes. Todo quedaba reducido a materia (extensión) y movimiento. Con esta metáfora, él hacía referencias a Dios como el gran relojero del mundo, encargado no sólo de “construir” el universo, sino de mantenerlo en funcionamiento. Y al analizar el método de la incipiente ciencia moderna, decía que el ser humano debe convertirse en dueño y poseedor de la Naturaleza. De esta fuente cartesiana se han nutrido otros filósofos notables que han influido en el desarrollo de las ciencias, tecnología y técnicas.

Por cierto que esta visión de dominación tiene también profundas raíces judeocristianas. Recordemos aquel pasaje del Génesis en que se establece este mandato: “creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla” (Génesis 1.26).Pero también la Biblia en varios otros pasajes establece relatos que conminan a los humanos a ser responsables con la Naturaleza.

A partir de 1492, cuando España invadió nuestra AbyaYala (América) con una estrategia de dominación para la explotación, Europa impuso su imaginario para legitimar la superioridad del europeo, el “civilizado”, y la inferioridad del otro, el “primitivo”. En este punto emergieron la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y colonialidad del ser. Dichas colonialidades, vigentes hasta nuestros días, no son solo un recuerdo del pasado. Explican la actual organización del mundo en su conjunto, en tanto punto fundamental en la agenda de la Modernidad. Ya a finales del siglo XIX, el pensador, político y periodista cubano José Martí, indicaba que la independencia política de “nuestra América mestiza” no conllevó la liquidación de la dependencia colonial ni en términos económicos ni culturales. Citándole textualmente: “la colonia continuó viviendo en la república”.

Para cristalizar este proceso expansivo, Europa consolidó aquella visión que puso al ser humano figurativamente hablando por fuera de la Naturaleza. Se definió la Naturaleza sin considerar a la Humanidad como parte integral de la misma. Con esto quedó expedita la vía para dominarla y manipularla. Se sentaron las bases para la división del trabajo capitalista: unos países se especializaron en producir manufacturas y a otros se los especializó en producir materias primeras, sobre todo recursos naturales; los primeros importan Naturaleza para procesarla, los segundos la exportan. Así surgió el extractivismo que convirtió a Nuestra América en suministradora de recursos primarios para atender las demandas del capital, no era casualidad que Cristóbal Colón en su diario de viaje al continente mencionara 175 veces la palabra “oro”.

Por cierto se han registrado desde tiempo inmemoriales acciones de protección de la Naturaleza, inclusive en aquellas sociedades que se colocaron al margen de ella. El cuidado de la Naturaleza tiene mucha historia. No solo la destrucción de la misma. Sobran los registros sobre reservas naturales protegidas por diversos motivos. Pausanias historiador griego del siglo II, nos cuenta sobre la existencia de un bosque sagrado junto al templo de Apolo en Atenas. No faltaron procesos de conservación inspirados por los privilegiados; más de un monarca en Europa protegió sus territorios de caza y pesca, trasladando este concepto también a sus colonias. En muchos lugares, terratenientes marginaban para su uso exclusivo bosques y amplias áreas silvestres.

A finales del siglo XIX se desarrollan concepciones románticas sobre la Naturaleza, y es fácil encontrar literatura de viajeros al continente americano haciendo referencia a la sensualidad de sus paisajes e impulsando a protegerlos en razón estricta de su belleza. El parque nacional Yellowstone, creado en 1872, es considerado como el primero en su género. Jurídicamente quizás sea así. La realidad, empero, contradice esa afirmación. A lo largo de la historia de la humanidad, una y otra vez, en distintas regiones, diversas comunidades de seres humanos establecieron reservas naturales e inclusive espacios sagrados, y defendieron la Naturaleza. Pero será más adelante cuando esta preocupación cobre fuerza social.

En ese contexto, los orígenes del ambientalismo, en tanto movimiento social, se remontan a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, teniendo sus raíces en la crítica naturalista (2) como respuesta a las agresiones producidas sobre el paisaje por el industrialismo y manifestándose en el marco de un proteccionismo aristocrático, que se expresó en asociaciones naturistas y conservacionistas.

Siglo XX: auge del capitalismo, mayor depredación de recursos y deterioro ambiental

Con la llegada de la fase inicial de la revolución industrial, a través del carbón y de la máquina de vapor, se provocaron efectos ambientales negativos aunque limitados al ámbito local sobre una población planetaria siete veces menor a la actual (3). Las transformaciones del capitalismo en sus ondas largas (determinadas inicialmente por el economista ruso Nikolai Kondratieff), en el ciclo que el economista belga Ernest Mandel definiría como “largo período de la segunda revolución tecnológica” (1894-1940) , forzaron aún más la explotación de la Naturaleza. Su creciente mercantilización fue la tónica dominante. Así, el paso a la producción y consumo en masa fundamentados sobre el taylorismo-fordismo y la generalización de los motores de combustión (uso especialmente de recursos fósiles como el carbón y luego petróleo como fuentes energéticas), que caracterizó al mencionado ciclo capitalista, determinó un uso acelerado de los recursos naturales.

Tras la segunda guerra mundial, el Plan Marshall (al menos 13.000 millones de dólares inyectados por los EEUU en la economía europea entre 1947 y 1952), aplicado en el período de postguerra para reconstruir los países devastados por el conflicto bélico y por el cual, a través de la apertura de los mercados y la demanda europea, la economía estadounidense obtuvo un superávit en su balanza comercial por valor de aproximadamente 12,5 billones de dólares, provocó otro notable esfuerzo por dominar los recursos naturales a nivel planetario, siempre bajo el paraguas del “progreso”. La vertiginosa transferencia de la industria bélica estadounidense hacia la producción industrial masiva para el consumo, vino a significar que la modernidad se identificase ineludiblemente con el concepto de desarrollo. Particularmente el petróleo fue la base energética de uno de los períodos de más acelerado crecimiento económico.

Al otro lado del “Telón de Acero”, aunque desde esquemas sociales diferentes, la URSS desarrolló una política de crecimiento basado en la aceleración sin precedentes del ritmo de industrialización, con base el autoabastecimiento energético (4) y la producción metalúrgica (5). La explotación de los inmensos recursos naturales de los que disponía la Unión Soviética, incluido petróleo, gas y minería, fue la base sobre la que se sustentó su política de crecimiento. Si bien en los países del “socialismo real” no se estimuló el consumo (no había interés por el aumento de la tasa de retorno del capital privado ni necesidad de utilizar mecanismos de ampliación de mercados), el centralismo burocrático ninguneó cualquier lógica enfocada a la sustentabilidad, basando sus objetivos en el desarrollo del crecimiento de la producción, en el marco de una competencia creciente con el mundo desarrollado capitalista. Dicha industrialización se desarrolló a costa del sector agrario, y por consiguiente se generó la imposibilidad de atender las necesidades biológicas de la población (6). El “socialismo real” optó por el Marx desarrollista inspirador de El Capital, para quien la futura sociedad se construye bajo la transformación de las relaciones sociales, con la finalidad de desarrollar el crecimiento de las fuerzas productivas; en decremento del joven Marx, para quien la finalidad de la historia es la desalienación del hombre, y no el desarrollismo productivo. Para Marx, “con su triunfo el proletariado no se erige en clase universal de la sociedad, puesto que no triunfa más que suprimiéndose él mismo y suprimiendo, a la vez, a la clase adversa” ; en la URSS el obrero y el campesino continuaron existiendo y la burocracia ocupó el lugar de la burguesía y su papel de control, convirtiéndose en el beneficiario de su plusvalía (Marx y Engels, 1974). El socialismo no vale más que el capitalismo si no cambia de herramientas (Gorz y Bosquet, 1975), y si no da paso a una gran transformación desde visiones antropocéntricas a visiones (socio)biocéntricas.

En el mal llamado Tercer Mundo, en esos años, se consolidó cual mandato universal la búsqueda del desarrollo.Los Estados Unidos y las otras naciones industrializadas estaban “en la cima de la escala social evolutiva” (Sachs, 1996). Y desde su visión, propuesta en enero de 1949 por el presidente norteamericano Harry Truman, en el punto cuarto de su discurso, todas las sociedades tendrían que recorrer la misma senda y aspirarían a una sola meta: el desarrollo. Y, por cierto, se sentaron las bases conceptuales de otra forma de imperialismo.

Esta metáfora del desarrollo, tomada de la vida natural, cobró un vigor inusitado. Se transformó en una meta a ser alcanzada por toda la Humanidad. Se convirtió, esto es fundamental, en un mandato que implicaba la difusión del modelo de sociedad norteamericana, heredera de muchos valores europeos. Aunque Truman seguramente no estaba consciente de lo que hablaba, ésta llegaría a ser una propuesta con historia, por decir lo menos.

De todas maneras, sin negar los valiosos aportes de la ciencia, la voracidad por acumular el capital -el sistema capitalista- forzó a las sociedades humanas a subordinar a la Naturaleza. Con diversas ideologías, ciencias y técnicas se intentó separar brutalmente al ser humano de la Naturaleza. El capitalismo, en tanto “economía-mundo” (Wallerstein, 1988) , transformó a la Naturaleza en una fuente de recursos aparentemente inagotable (7). Los límites biofísicos, en algunos casos peligrosamente superados, están a la vista. Y sus consecuencias comienzan a ser funestas. De las cerca de 1,8 millones de especies –moneras, protistas, hongos, animales y vegetales- a las que se les ha asignado un nombre científico (se piensa que esto sólo corresponde a la mitad de las especies existentes en el planeta), se estiman como extinguidas 1.159 (datos Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, 2009). Si tenemos en cuenta que el 60% de las selvas húmedas tropicales del planeta ya se han perdido, es de considerar que el 25% de los mamíferos y 11% de las aves están amenazados (Mittermeier et al., 1997), llegándose a la cifra de 17.000 especies en peligro de extinción (8). Por otro lado, basta ver los efectos del mayor recalentamiento de la atmósfera o del deterioro de la capa de ozono, de la pérdida de fuentes de agua dulce, de la erosión de la biodiversidad agrícola y silvestre, de la degradación de suelos o de la acelerada desaparición de espacios de vida de las comunidades locales para entender el nivel de gravedad por el que atraviesa el planeta. Los efectos del cambio climático, más allá de los efectos sobre la población mundial (migraciones, empobrecimiento, alimentación y transmisión de enfermedades) y la economía de los países, pueden afectar en breve al 30% de las aves no amenazadas, el 51% de los corales no amenazados y 41% de los anfibios no amenazados, dado que sus características los hacen susceptibles a ese fenómeno (8).

En síntesis, la acumulación material mecanicista e interminable de bienes, apoltronada en el aprovechamiento indiscriminado y creciente de la Naturaleza, no tiene futuro (Gudynas, 2009). En la actualidad todo indica que el crecimiento material sin fin culminará en un suicidio colectivo. 

A pesar de esta constatación, el capitalismo busca ampliar espacios de maniobra mercantilizando cada vez más la Naturaleza. Los mercados de carbono y de servicios ambientales asoman como la más reciente frontera de expansión para sostener la acumulación del capital. Se lleva la conservación de los bosques al terreno de los negocios. Se mercantiliza y privatiza el aire, los bosques y la Tierra misma. Al parecer no importa que la serpiente capitalista continúe devorando su propia cola, poniendo en riesgo su propia existencia y de la Humanidad misma.

El capitalismo, demostrando su asombroso y perverso ingenio para buscar y encontrar nuevos espacios de explotación, está colonizando el clima (Lohman, 2012). Este ejercicio neoliberal extremo, del cual no se libran los gobiernos “progresistas” de América Latina, convierte la capacidad de la Madre Tierra en un negocio para reciclar el carbono. Y lo que resulta preocupante, la atmósfera es transformada cada vez más en una nueva mercancía diseñada, regulada y administrada por los mismos actores que provocaron la crisis climática y que reciben ahora subsidios de los gobiernos con un complejo sistema financiero y político. Recordemos que este proceso de privatización del clima se inició en la época neoliberal impulsado por el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio y otros tratados complementarios.

Estos instrumentos de la denominada “economía verde” no evitarán la destrucción ambiental. En el mejor de los casos, apenas posponen la solución de los problemas. Eso si garantizando al capital nuevos mecanismos de acumulación mientras el deterioro ambiental aumenta. Bajo esta realidad, el decrecimiento en los países desarrollados se ha convertido en un imperativo de supervivencia, mientras que para los países del Sur, el diseñar una salida postextractivista se convierte en una necesidad inmediata para detener el sesgo depredador del actual extractivismo. Esta modalidad de acumulación primario exportadora responde a las ideas contemporáneas de un modelo de desarrollo que se demuestra inviable ante los límites ecológicos del planeta y la catástrofe climática. En su conjunto, ambas condiciones, suponen otra economía, otro estilo de vida, otra civilización con otros valores y unas relaciones sociales notablemente diferentes a las que conocemos hoy en día.

Un complejo y hasta contradictorio proceso de concientización

A pesar de que el crecimiento económico ha dominado y domina aún el escenario de la política real, en esta época, desde la postguerra, paulatinamente se desarrollaron preocupaciones y acciones respecto a la protección del medioambiente, fruto a su vez de la transformación de las relaciones internacionales en su contexto global. Pero no será hasta la década de los sesenta cuando el ambientalismo asume como tema central la supervivencia de la especie humana, superando sus iniciales postulados estéticos y la conservación del entorno natural y de la vida salvaje. Igualmente empieza preocupar en el mundo la amenaza de una destructiva confrontación nuclear y los niveles de contaminación en los países más desarrollados, lo que provocaría diversas respuestas desde sociedades cada vez más conscientes de los riesgos globales.Entonces emerge la noción de catástrofe ecológica en el seno de la contra-cultura subversiva que critica el crecimiento económico, la sociedad de consumo, la crisis del productivismo tecnocrático y el agotamiento de los recursos naturales. Se llega incluso a pronosticar la crisis civilizatoria hoy en curso.

Sin embargo, el ambientalismo no se conforma como una corriente de pensamiento homogénea. En el ambientalismo existen diversas posturas ideológicas y lógicas de intervención política, lo cual genera diferentes tipos de ambientalismo o luchas ambientales. Básicamente podríamos resumir estas en dos grandes grupos: un ambientalismo “reformista” y otro “radical”. En el caso del ambientalismo “reformista” no se contempla una descripción actualizada de la sociedad, se carece de propuestas alternativas y agenda de intervención política (Dobson, 1997). A grandes rasgos, los objetivos de esta corriente podrían resumirse en el control de lo peor de la contaminación aérea, acuática y los usos ineficientes de suelos en los países industrializados, con el fin de salvar lo que queda de Naturaleza bajo criterios de «áreas designadas naturales» (Devall y Sessions, 1985). Por su parte, el ambientalismo “radical”, si contempla los elementos referenciados con anterioridad, bifurcándose a su interior entre antropocentristas -el interés humano es el eje sobre el que se articula la toma de decisiones y la acción política- y biocentristas -pasa a ser la vida, en sus diferentes expresiones quien define y determina- (Bellver Capella, 1997). Su diferencia fundamental con el ambientalismo “reformista” tiene que ver con sus métodos de acción y, fundamentalmente, con el hecho de que se busca una nueva visión del mundo que vuelva a integrar ser humano y Naturaleza. El ambientalismo “radical”, al contrario del “reformista”, no es un movimiento pragmático, todo lo contrario, cuestiona y desarrolla alternativas a las formas convencionales de pensamiento occidental moderno. Busca la transformación de valores y la organización social, planteándose de forma antagónica con respecto al capitalismo.

Estaría incompleta esta rápida revisión del surgimiento del movimiento ambientalista si no se deja constancia de que la defensa de la Naturaleza es inherente a muchas de las nacionalidades y pueblos ancestrales de nuestra región. Sin considerarse ambientalistas o ecologistas, inclusive sin necesidad de conocer y comprender su significado y alcances, estos grupos humanos han sido portadores permanentes de la defensa de la vida.

El final de la década de los sesenta marcará una ruptura en los ámbitos de la izquierda mundial. Las revueltas estudiantiles y sociales de 1968, que tendrán sus orígenes en París, pero que serán fuertemente reprimidas a “bala y sangre” en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en México y en la Primavera de Praga, generarán una nueva visión de la emancipación social. Se irá conformando un ámbito de acción en el cual convergerán nuevos movimientos sociales compuestos por ambientalistas, feministas, pacifistas, libertarios, autónomos y marxistas democráticos cuestionando el dogma del progreso ilimitado, el consumo desenfrenado, las sociedades jerárquicas y la opresión patriarcal. Vislumbrar otra economía con otros modos de producción, otras formas de relacionamiento social y otro modo de vida, diferenciado del capitalismo y del socialismo que hemos conocido, ha significado para los movimientos sociales precursores de tal idea la acusación, desde ambos lados de la política convencional y en el más benévolo de los casos, de “irrealistas” o “utópicos”.

La expansión por doquier del capitalismo así como su poder en todos los planos de la sociedad a escala planetaria, se debe al control sobre la producción y el consumo, ejercido a lo largo de todo el pasado siglo y lo que llevamos de este. Se comenzó despojando a los manufactureros de sus medios de trabajo y por lo tanto de sus productos, asegurándose el capital el monopolio de los medios de producción y el control del mercado laboral. La especialización de la producción convirtió en un imposible la reapropiación de los medios de producción por parte de los productores. Neutralizando el poder de los productores sobre la Naturaleza y el destino de sus productos, el capital se aseguró el control de la oferta, enfocando la producción y el consumo bajo criterios estrictamente de rentabilidad económica. El control de la comunicación en su vertiente publicitaria permitió de igual manera transformar los gustos, moldear los deseos de los consumidores y generar falsas necesidades, haciendo que los productos que dejaran de aparecer como simples mercancías para asumir cualidades inmateriales (se pierde el patrón para el establecimiento de una relación de equivalencia). La innovación deja de crear valor, pierde su lógica de proporcionalidad con respecto al trabajo que contenían y su utilidad, transformando la competencia empresarial sobre la base de incentivar nuevos deseos, con mercancías de valor simbólico, asociadas a la “cultura del consumo”. Todo ello se articula en decremento de la autonomía de los individuos y su capacidad de reflexión colectiva. El capitalismo abstrae de las diferencias cualitativas entre las necesidades reduciéndolas todas a necesidades económicas, es decir, a necesidades socialmente formadas de la existencia biopsicológica (Heller, 1983).

Sin embargo, a inicios de la segunda mitad del siglo XX el mundo enfrentó un mensaje de advertencia. La Naturaleza tiene límites. En 1972 se publica el informe “Los límites del crecimiento” (10) que fue encargado por el Club de Roma en 1970 al Massachusetts Institute of Technology (MIT), el cual aparece poco antes de la primera crisis del petróleo y dará pie en Estocolmo a la primera conferencia mundial sobre medio ambiente (11).

La realidad de los límites del crecimiento, escamoteada por la voracidad de las demandas de acumulación del capital, no logra consolidarse por la firme y dogmática creencia en el imperio todo poderoso de la ciencia. Así, el informe Meadows, que desató diversas lecturas y suposiciones, aunque no trascendió mayormente en la práctica, dejó plantado en el mundo por un lado una señal de alerta, por otro, una demanda: no podemos seguir por la misma senda, al tiempo que requerimos análisis y respuestas globales.

A pesar de las resistencias en las corrientes políticas de la izquierda tradicional, la sensibilidad sobre el tema ecológico se reforzará tras la primera crisis del petróleo de 1973.Cuando los países árabes dentro de la OPEP emplean el petróleo como arma estratégica seevidencia la brutal dependencia de los países “desarrollados” al oro negro. Por vez primera, se ponen en marcha planes energéticos para ahorrar energía y diversificar sus fuentes, medidas en gran medida archivadas una vez superada la crisis.

En 1984 el thinktank ultraconservador The Heritage Foundation auspiciará la publicación “La Tierra repleta de recursos” (Simon y Kahn, 1984) donde se niega la existencia de límites en la utilización de los recursos naturales necesarios para la expansión económica y el crecimiento progresivo de las economías del planeta. Sin embargo, accidentes como el de Seveso en 1976, Three Miles Island 1979, Bhopal en diciembre de 1984, Chernobyl en abril de 1986 o el hundimiento del Exxon Valdez en marzo de 1989 entre otros, evidenciaron ante el conjunto de la sociedad planetaria la degradación ambiental y la emergencia de los nuevos movimientos sociales ambientalistas.

Algunas organizaciones ambientalistas se hicieron tan molestas que incluso los departamentos de espionaje y seguridad de los Estados más poderosos emprendieron acciones contra éstas. Uno de los incidentes más sonados fue el hundimiento del Rainbow Warrior (12) (buque insignia del Greenpeace) por parte de agentes de la Dirección General de Seguridad Exterior francesa en 1985 para impedir sus acciones de protesta ante las pruebas nucleares que periódicamente realizaba Francia en el atolón de Mururoa, en el sur del Océano Pacífico.

Enmarcando el análisis en lo estrictamente ambiental, podríamos decir que el metabolismo del capitalismo global no es comprensible sin el consumo creciente de recursos de todo tipo (inputs biofísicos), en concreto materiales y energía que son obtenidos de la Naturaleza. Estos materiales y recursos son procesados masivamente por un sistema tecnológico y organizativo -capital productivo-, con la participación del trabajo humano -asalariado o dependiente-, que provoca una producción que en parte es acumulada -infraestructuras-, al tiempo que produce también una diversidad de mercancías que son destinadas al consumo (Fernández Durán, 2009). Este sistema hace que en ambos procesos se generen a su vez importantes residuos o emisiones de muy diversa naturaleza (outputs biofísicos) que son devueltos al medio natural (Murray et al., 2005). Todo esto genera notables impactos sobre el entorno. Algo por lo demás propio del capitalismo, un sistema en esencia depredador y explotador. Un sistema que “vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida” (Echeverría, 2010).

El sistema mundo capitalista ha vivido hasta hace muy poco negando un hecho incuestionable, la creciente degradación ambiental planetaria. En gran medida todavía lo sigue haciendo a través de las herramientas de control del pensamiento que el propio sistema genera. Sin embargo, ha sido la cruda realidad la que ha obligado a asumir, tanto a gobernantes como corporaciones, los límites biofísicos al modelo de desarrollo, una de las causas principales de la actual crisis global multifacética (13) (Tortosa, 2011). Sin embargo, las soluciones propuestas, como veremos más adelante, se enmarcan en la lógica de mercado, es decir dentro del mismo capitalismo.

A esto hemos de añadir que los impactos ambientales propiciados por el sistema mundo capitalista se recrudecen en las áreas periféricas, mientras su impacto suele ser relativamente menor en las áreas centrales, fruto de las relaciones de poder existentes. Es de esta manera, que los países centrales se especializan en las actividades de mayor valor añadido, tercerizando progresivamente sus economías, mientras que los países periféricos perpetúan su rol tradicional respecto a los procesos industriales, de manera especial en aquellos de menor valor añadido, y fundamentalmente en actividades extractivas (Fernández Durán, 2009), incrementándose así la ya existente e incuestionable asimetría mundial. Además, cada vez se trasladan más actividades contaminantes e incluso desechos tóxicos desde el Norte global al Sur global.

A finales del siglo XX es evidente que el capitalismo global estaba modificando nocivamente el clima planetario. Este “mérito” cuya responsabilidad recae de manera principal sobre países industrializados del Norte global, encuentra en la actualidad nuevos aliados, como son los grandes Estados emergentes, liderados por China, que avanza de forma acelerada a su propio desastre ecológico.

Es por ello que el informe “Nuestro Futuro Común”, mas conocido como informe Brundtland (14), introdujo en 1987 la noción de desarrollo sustentable, bajo el criterio de que “Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades” (Comisión Mundial para el Medio Ambiente y Desarrollo, 1987), buscando “amortiguar” el cuestionamiento creciente al esquema clásico de desarrollo basado sobre el crecimiento permanente. El objetivo del informe era acercar y tejer alianzas entre ambientalistas y agentes del crecimiento económico.

En ese contexto tendría lugar la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en 1992, la cual se da poco después de la primera Guerra del Golfo y del derrumbe soviético. Uno de sus resultados fue dar pie al proceso que daría lugar en 1997 al frustrante y frustrado Protocolo de Kyoto (15). En Río se aprobó la Declaración sobre Medio Ambiente y Desarrollo y la Agenda 21, ambas impregnadas del nuevo discurso sobre desarrollo sostenible el cual pocas novedades ofrecía, dado que planteaba resolver la pobreza mundial y la problemática ambiental nuevamente a través del crecimiento económico. En 1994 se aprobarán los Convenios de la Biodiversidad y el de la Lucha contra la Desertificación. El primero de ellos terminó por abrir el camino hacia el acceso comercial a los recursos provenientes de la biodiversidad que en principio decían defenderse; mientras el segundo no ha tenido aplicación real habiendo quedado como letra muerta.

Desde entonces hasta hoy apenas ha cambiado el panorama internacional de las Cumbres Ambientales al respecto. Mientras se agudiza la degradación planetaria, el desarrollo sostenible (concepto híbrido fruto de una combinación entre economía neoclásica, desarrollo, con una idea vinculada a la modernización, predominio de la técnica y la tecnología sobre la Naturaleza) no deja de ser un posicionamiento ideológico que implica que la única vía civilizatoria para sociedades en desarrollo es el capitalismo, en algunos casos con un rostro algo más humano, y por lo tanto el desarrollo-progreso no puede ser otra cosa que crecimiento económico (16).

Desde la mitad del siglo XX empezaron a aparecer varias instancias preocupadas por la Tierra: la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza (UICN), en 1948; la Conferencia para la Conservación y Utilización de los Recursos, en 1949; el Convenio de Ginebra sobre el Derecho del Mar, en 1958; o, el Tratado Antártico en 1959, para citar algunas de las organizaciones más destacadas. Como se puede apreciar, la toma de conciencia a nivel mundial sobre los problemas ambientales globales (o la simple constatación de que estos problemas son cada vez más frecuentes y costosos) tiene historia.

Es en ese contexto en donde una parte de los movimientos ambientalistas, devenidos ecologistas, se radicalizan planteando nuevas lógicas de vida y alternativas globales a la sociedad industrial, presentándose como un paradigma ideológico autónomo respecto a la vieja izquierda tradicional. Estos procesos de radicalización se acentúan y plantean un nuevo pensamiento crítico, global y transformador: la ecología política. Y es partiendo de la crítica del capitalismo como se llega inevitablemente a la ecología política que, con su crítica indispensable de las necesidades, lleva a radicalizar una vez más la crítica del capitalismo (Gorz, 2008). Si queremos y necesitamos pasar del “producir y consumir cada día más” al “producir mejor y con menos”, estaremos hablando de otro modelo civilizatorio antagónico sin dudas respecto al capitalismo. A nivel mundial y con sus limitaciones, la ecología política se ha ido afirmando como un planteamiento capaz de generar confluencias entre la mayoría de movimientos sociales y políticos que luchan por la transformación social y económica del planeta, haciendo vigente la consigna alterglobalización de “piensa global, actúa local”.

En la base del ecologismo actual hay una comprensión científica de la Naturaleza y al mismo tiempo una admiración, una reverencia, una identidad con la Naturaleza, muy lejos de sentimientos de posesión y dominación, muy cerca de la curiosidad y del amor.

Desarrollismo, deterioro ambiental y contradicciones

En América Latina algunas organizaciones ambientalistas surgieron a partir de la década del cincuenta, y la mayoría de ellas enfocaron su eje de acción hacia la conservación de la Naturaleza. En la década de los setenta, dichos movimientos tuvieron fuerte implantación en países como Brasil, México y Venezuela. Su desarrollo ha sido constante y en la actualidad podríamos cartografiar la existencia de dicho movimiento en cada uno de los países latinoamericanos aunque con diferentes formas organizativas.

El ambientalismo latinoamericano, en la actualidad, se caracteriza por preocuparse del medio ambiente y el ser humano inserto en él. Sobre todo considera la articulación ambiente-desarrollo, la generación de alternativas productivas a escala ecológica, la armonía del ser humano con la Naturaleza, la vinculación de problemas sociales con los ambientales. Particularmente reniega del progreso en su deriva productivista y del desarrollo en tanto dirección única, sobre todo en su visión mecanicista de crecimiento económico. Este movimiento tiene un aceptable dinamismo organizativo y en el ámbito académico, al tiempo que reniega de la neutralidad ética para situarse en el compromiso por la vida (Gudynas, 1992).

La reducción del Estado a su mínima expresión durante la etapa neoliberal hace que estos se abandonen muchas de sus funciones históricas, lo que originó la intensificación de conflictos entre grandes empresas versus comunidades y movimientos sociales. La privatización -en muchos casos vergonzosa- de las empresas de servicios públicos, se da de forma paralela a la disminución de la importancia relativa de la industria productora de bienes de consumo durables, reforzándose las industrias productoras de bienes cuya demanda no depende directamente de la capacidad de consumo de grandes masas de la población. El empobrecimiento de la población latinoamericana conllevó el agotamiento de la “sociedad de consumo”, lo que se compaginó con un marcado deterioro de la situación ambiental, lo que se convirtió en muchos casos en un círculo perverso por el cual la primera genera efectos negativos en el ambiente y, a la par, la pérdida de la calidad del ambiente genera pobreza. Esta situación alcanzó en diversos lugares niveles de degradación social y ambiental que se creían superados desde el siglo XIX.

En la década de los noventa, tras la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en junio de 1992, varias constituciones latinoamericanas se modifican con la ligera inclusión de la garantía de los derechos ambientales. La aprobación de la Agenda 21 en dicha cumbre significó también que ingresaran a la política institucional algunas temáticas ambientales, acordándose al menos desde el ámbito formal, una metodología para actuar frente a los conflictos ambientales.

En América Latina la propuesta de desarrollo sustentable, sobre todo en los últimos años, ha sido un factor permanente de discrepancias. Varias son las explicaciones. Por un lado la creciente degradación ambiental, que ha ocasionado y ocasiona cada vez más respuestas y resistencias sociales. Por otro la indefinición o incluso manipulación de tal concepto, lo que explica que este tema ni siquiera se plasma en las políticas de integración que se están desarrollando actualmente en la región, a pesar del discurso ambientalista de los dirigentes latinoamericanos en general, y el especial énfasis realizado en este aspecto por los mandatarios “supuestamente” más radicales de la región territorio andino.

Los medios de comunicación latinoamericanos por su parte, a pesar del ferviente debate social existente en la actualidad, se limitan a enumerar las consecuencias de los impactos ambientales en la actual etapa desarrollista. Ignorando las causas de tales políticas y el porqué de la existencia de la crisis global multifacética, hecho que sin duda tiene relación con el criterio mercantilista que domina en dichos medios de comunicación, los cuales responden a intereses empresariales con conexiones a grandes grupos de capital nacional y en diversos casos internacional.

En la actualidad nuestra América se enmarca en un contexto sociopolítico en el cual el desarrollo económico pretende encaminarse hacia sociedades modernas constituidas sobre criterios de eficacia, eficiencia, capacidad productiva, modernización tecnológica e interconexión de diversa índole. Todo ello articulado bajo el falso criterio de sociedad moderna igual a racionalidad. De hecho, el cambio político acontecido en gran parte de los países sudamericanos, a pesar de los avances existentes en materia de erradicación de la pobreza (17), no está significando la transformación del modelo de acumulación heredado de etapa anterior , ni tampoco la eliminación del amplio esquema de exclusión social existente, a pesar de los actuales discursos acentuadamente populistas en la región (18).

Desde esa perspectiva, la creciente demanda de bienestar por parte de las sociedades latinoamericanas pretende ser paliada a base de productividad, competitividad, sustitución de las personas por máquinas y el control social en todas sus vertientes. Esto implica, entre otras cuestiones, mayor depredación de recursos naturales y fuerte impacto ambiental en el territorio consecuencia de la puesta en marcha de numerosos megaproyectos. En este sentido cabe destacar también el hecho de que gran parte de estos megaproyectos tienen financiamiento chino, la dirección de la obra y las empresas ejecutantes suelen ser chinas lo que genera un fuerte deterioro en el ámbito de los derechos laborales para los trabajadores locales contratados en dichas obras. El conjunto de estas situaciones se da bajo el argumento de la necesidad de mayor generación de recursos económicos con la finalidad de paliar demandas sociales y construcción de infraestructuras.

Se posiciona así el progreso tecnológico como un elemento al servicio de la Humanidad, ignorándose las contradicciones que se generan en el ámbito de la inequidad social, la degradación ambiental, el desempleo y subempleo, y otros elementos que ponen en peligro la continuidad de la vida en el planeta. En ese sentido cabe recordar la célebre frase de uno de los grandes racionalistas de la filosofía del siglo XVII, el holandés Baruch de Spinoza, quien nos indicaría hace ya más de trescientos años y en contraposición al actual teórica sobre la racionalidad, que “cualquier cosa que sea contraria a la Naturaleza lo es también a la razón, y cualquier cosa que sea contraria a la razón es absurda”.

Los gobiernos progresistas no han sido en este sentido una excepción. Mientras articulan una retórica antimperialista, nacionalista y populista, enfocada hacia el consumo interno de sus respectivas sociedades, fomentan la expansión del capital extractivo internacional a través de iniciativas conjuntas con los nuevos Estados rearticulados tras dos décadas y media de neoliberalismo, así como con una nueva burguesía creciente a nivel nacional (Petras, 2012). Mientras nuevos y poderosos aparatos de propaganda estatales en países como Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador o Uruguay hacen apología del socialismo -en algunos casos del llamado socialismo del siglo XXI-, sus realidades prácticas es que fomentan políticas de desarrollo vinculadas a la concentración de capitales en decremento de la participación social y la democracia directa, manteniendo fuertes conflictos con las comunidades afectadas y las organizaciones ambientales, indígenas y políticas que ejercen su resistencia ante las lógicas políticas en curso.

Es en este sentido en el que a pesar del discurso emancipador que en la actualidad se articula desde muchos gobiernos del subcontinente, la región sigue siendo un territorio estratégico para la economía capitalista global, incrementándose su potencial como proveedora de recursos hacia los países centrales. Esto tiene afectación también en el ámbito de las infraestructuras donde se desarrollan importantes inversiones cuyo objetivo es reducir costos y tiempos de transporte de las materias primas, particularmente.

El motor de crecimiento para el conjunto de gobiernos “progresistas” latinoamericanos es la apuesta por el extractivismo en todas sus vertientes –minería, petróleo y productos para la industria agropecuaria-, sin hacer ascos a los biocombustibles (soja, caña de azúcar y otros) especialmente por parte de los dos gigantes sudamericanos (19).

Desde una perspectiva ideológica podríamos afirmar que las políticas neoextractivistas (20) que desarrollan los gobiernos latinoamericanos están en línea con la lógica de la globalización, donde la exportación de naturaleza extractivista es un medio privilegiado para el crecimiento económico y que la premisa del crecimiento material no está en cuestión.

En paralelo, la situación ambiental en América Latina empeora a ritmos acelerados consecuencia de un acelerado proceso de apropiación de recursos naturales. En la investigación realizada por Bradshaw y colaboradores (2010), se elaboró un ranking de impacto ambiental entre 228 países. Dicho estudio Brasil ocupa el puesto N°1 por sus impactos ambientales absolutos -por delante de EEUU y China-, debido a su alta tasa de pérdida de bosques, deterioro de hábitats naturales, al índice de especies amenazadas y un exagerado uso intensivo de fertilizantes. Entre los primeros veinticinco países con los más altos niveles de impacto ambiental a nivel global, también se encuentran Perú (puesto 10), Argentina (puesto 11), Colombia (puesto 20), Ecuador (puesto 21) o Venezuela (puesto 22); y una situación similar se repite si consideramos los impactos ambientales relativos a la extensión de áreas silvestres y recursos disponibles dentro de cada país, donde el país sudamericano con el más alto nivel de impacto relativo es Ecuador (en el puesto 22), seguido por Perú (puesto 25).

Los efectos del cambio climático, que en la actualidad se producen en América Latina, encuentran al subcontinente en condiciones de total desamparo. El aumento de fenómenos naturales extremos como huracanes, inundaciones, sequías, así como los cambios en la temperatura transformarán drásticamente las condiciones de vida y las condiciones económicas de una región con unos gobiernos que demuestran escasa capacidad de reacción hasta el momento. Según un informe del Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2007), estamos abocados a que la frecuencia de extremos del tiempo aumente (tormentas de viento, tornados, granizo, olas de calor, precipitaciones intensas, temperaturas extremas); que la frecuencia e intensidad de huracanes en el Caribe también aumente; que el aumento del nivel del mar y (más huracanes) afecte notablemente a las zonas costeras; que suframos un fuerte extinción de especies en muchas partes de América tropical (ejemplo en bosques nebulosos por cambio en la altura de nubes); que desde 2020 el número neto de personas sufriendo estrés por falta de agua probablemente aumente entre 7 a 77 millones (desde 2050 entre 60 a 150 millones); tengamos una reducción significativa de nuestros glaciares; y suframos puntos de inflexión (“tippingpoint”) transformándose el bosque lluvioso Amazónico: áreas extensas podrían cambiar a otro estado permanente.

Esta realidad tendría notables impactos. En el caso de las mujeres, su impacto sería mayor dada la vulnerabilidad de estas (el 67% de la población pobre son mujeres, tienen mayores condiciones de exclusión social, mayor grado de desnutrición, poco acceso a títulos de tierra, mayor endeudamiento en caso de falla de la cosecha y menor acceso a la educación), a pesar de ser las responsables del aprovisionamiento de recursos vulnerables (agua y combustible). Bajo el efecto de las migraciones, las mujeres tienen mayor responsabilidad y mayor peligro.

El IPCC nos alerta de que sufrimos el riesgo de una notable reducción de disponibilidad de agua (incremento de la evapotranspiración, pérdida de glaciares y disminución de la cobertura de nieve, así como agudización de conflictos entre formas de uso del agua -agua potable, riego, industria, etc.-). De igual manera, los cambios de temperatura conllevarán que la producción de carne y leche disminuya ostensiblemente. El aumento de riesgos de incendios en la región vendrá de la mano del sumatorio entre calentamiento y cambios de uso de la tierra, que es la causa de la mayor emisión de gases de efecto invernadero en América Latina. Sufriremos mayor riesgo de salinización y desertificación de tierras hoy agrícolas que pasaran a ser tierras secas, y se reducirá el rendimiento de los cultivos que están al borde de su tolerancia al calor.

No deja de ser curioso que varios de nuestros gobiernos mantengan planteamientos estratégicos por los cuales identifican como una fase transitoria al actual momento de desarrollismo y neoextractivismo, entendiéndola como una primera etapa para posteriormente llegar al postextractivismo. Por poner un ejemplo, en la actualidad Ecuador fomenta la megaminería y estima su potencial -con cifras proporcionadas por las propias empresas mineras- en “más de 50 millones de toneladas en cobre fino, más de 100 millones de onzas de oro y más de 300.000 toneladas de plata fina” (21), los cuales pretende explotar de la mano de grandes transnacionales del sector, fundamentalmente de capital chino y canadiense. Recursos que serán exportados en forma de materia prima.

De igual manera, Ecuador exporta en la actualidad unos 500.000 barriles de crudo diario lo cual financia el 35% del presupuesto estatal. Una vez puesta en marcha las explotaciones de la onceava ronda petrolera, la cual tendrá afectación sobre 3,8 millones de hectáreas de bosque primario y varias nacionalidades indígenas (22), se estima que dicha producción pudiera incrementarse. En resumen, es tan difícil de entender como a través de multiplicar la extracción de recursos naturales se pretende llegar al postextractivismo, como difícil es imaginar que el socialismo en América Latina se construye alimentando el sistema mundo capitalista de sus principales necesidades, sobre todo de acumulación especulativa.

Citando a Marx, cabe recordar que “los hombres hacen su propia historia, pero no la hacen a su libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos mismos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y les han sido legadas por el pasado. La tradición de todas las generaciones muertas oprime como una pesadilla el cerebro de los vivos” (Marx, 2003).

En este sentido es destacable el hecho de que lejos de los postulados de Mariátegui (1928) – “no queremos, ciertamente, que el socialismo sea en América calco y copia. (…).Tenemos que dar vida, con nuestra propia realidad, en nuestro propio lenguaje, al socialismo indoamericano»-, el conjunto de gobiernos progresistas latinoamericanos no ha roto desde la crítica la visión eurocéntrica y el modelo heredado de la modernidad, mostrándose incapaces de generar una nueva matriz civilizatoria que conlleve a la necesaria transformación el mundo. Progreso, crecimiento y desarrollo, son los pilares en los cuales incluso los gobiernos considerados más radicales en la región basan sus esquemas de futuro.

Momento actual del ecologismo en América Latina

Históricamente el modelo de desarrollo dirigido a la explotación de los recursos naturales se ha convirtió en generador de conflictos socio-ambientales, donde confluyen causas estructurales en el orden político, económico, jurídico, ambiental, social, cultural, etc. Estas circunstancias encuentran como características comunes la degeneración de dinámicas y tejidos sociales locales -dado el tipo de relación impuesta entre empresa versus comunidad-, la marcada ausencia del Estado en los territorios afectados, los problemas y daños ambientales que se ocasionan en dichos territorios y que han de sufrir sus poblaciones.

Los conflictos socio-ambientales involucran a diferentes tipos de actores: las compañías extractivas, el Estado y las comunidades, en donde aparecen los actores sociales organizados (organizaciones vinculadas a la comunidad -en muchas ocasiones indígenas- y organizaciones sociales).

El concepto de desarrollo sustentable en estos casos es objeto de interpretaciones contradictorias entre las partes en conflicto. Para las comunidades y organizaciones sociales el desarrollo se interpreta desde la perspectiva de que debe estar subordinado a la voluntad de las poblaciones locales; mientras que para el Estado, el desarrollo está basado en el ámbito de políticas enfocadas en la lucha contra la pobreza, con el fin de satisfacer las necesidades de las poblaciones nacionales, careciendo de importancia si hay víctimas locales en dicha estrategia nacional.

Así, en muchas ocasiones las comunidades indígenas involucradas en un conflicto ambiental más allá de defender su entorno, defienden su práctica cotidiana, sus formas de organización y de vida articuladas en una lógica de relación comunidad y ambiente (Folchi, 2001), mientras las organizaciones ambientalistas defienden una apuesta de carácter ético-político, la empresa su inversión y beneficio, y en el caso del Estado esto se expresa en supuestos términos de orden, control y racionalidad cuyo objetivo final es hacer factible su proyecto económico nacional.

El espacio político abierto por la crisis ambiental genera la necesidad de que los Estados se doten de ordenamientos jurídicos que permitan la expresión y concertación de estos actores sociales emergentes, propiciando la resolución pacífica de los conflictos a través de la democracia participativa con sostén en procedimientos legales adecuados (Demirovic, 1989).

La cuestión ambiental no concierne solamente a los órganos administrativos del Estado y a sus aparatos ideológicos -escuela, universidad, sistema jurídico y medios de comunicación-, ésta transciende hacia una amplia participación de la sociedad civil en la configuración de nuevos estilos de vida, relaciones de poder y modos de producción (Leff, 1986). A la vez que ha ido emergiendo una nueva conciencia social al respecto, los problemas ambientales van apareciendo en toda su dimensión: deforestación devastadora, pérdida de fertilidad de los suelos, congestión urbana, efectos sobre el ser humano de diversas formas de contaminación, y el más reciente de todos, los efectos del cambio climático, lo que llama irremisiblemente a un nuevo orden social planetario. En el ámbito de los conflictos socio-ambientales podríamos utilizar la clasificación hecha por Bebbington y Humphreys Bebbington (2009) para clasificar a los ambientalismos en torno a los conflictos mineros en Perú. Esto sirve para posicionar los diferentes tipos de organizaciones y las lógicas de conflicto que se dan en el entorno ambiental latinoamericano. Así encontraríamos:

Un primer ambientalismo de carácter conservacionista, cuyo enfoque tiende hacia las necesidades de proteger los ecosistemas existentes. Este ambientalismo tiene tendencia a la resolución de conflictos en base a la negociación con los actores (empresas y organizaciones sociales) generadores de estos, llegando incluso, al término de la negociación, a generarse marcos de colaboración en el ámbito de asesoramiento para una adecuada gestión del proyecto.

Una segunda categoría de ambientalismos englobaría lo que podríamos llamar organizaciones de perfil nacional-populista, las cuales buscan un mayor control nacional sobre los recursos naturales y su rentabilidad económica, con el fin de destinarlo a proyectos populares y subsidios sociales dirigidos a los sectores sociales históricamente excluidos en nuestras sociedades. La resolución en torno a los conflictos que se generan con este tipo de ambientalismos tienden a la solución negociada, habitualmente sobre sistemas impositivos más rigurosos para las compañías o través de medidas de nacionalización con correspondencia para las transnacionales articuladas sobre justiprecios.

En tercer lugar estaría el ambientalismo que se identifica con el “ecologismo de los pobres” (Martínez Alier, 2005), el cual se encuentra fuertemente enraizado en las formas de vida de poblaciones humildes donde prima el deseo de mantener dichas formas de vida y sostener los medios con los que dichas comunidades han subsistido históricamente ante las amenazas e impacto generados por el desarrollismo neoextractivista. En estos casos la envergadura del conflicto toma mayor cariz dado que la población afectada requiere acceso al mismo recurso sobre el cual se aplica la explotación intensiva, lo cual genera un “pulso” de difícil salida negociada.

La cuarta categoría reconocible es definida por los Bebbington como «ambientalismo de justicia socio-ambiental» y tiene su eje fundamental en la desigualdad y enfocando su interés sobre quienes quedan más expuestos a los riesgos, costos y beneficios de la actividad relacionadas con el neo-extractivismo. Este tipo de ambientalismo prioriza la defensa de los Derechos Humanos y reivindica prácticas de consentimiento previo libre e informado, zonificación ecológica socioeconómica, participación de las comunidades en la toma de decisiones que le son de interés y endurecimiento de la regulación aplicable a corporaciones y Estados con el fin de garantizar los derechos de las poblaciones afectadas. Estos sectores suelen ser calificados desde gobiernos y empresas transnacionales como extremistas o más recientemente como “ecologistas infantiles”.

La quinta y última categoría es definida como «ecologismo profundo», el cual se articula a grandes rasgos sobre la tesis de que la Naturaleza tiene el mismo derecho a la existencia que los seres humanos. En la medida que el extractivismo desarrollista, en cualquiera de sus vertientes y formas, destruye Naturaleza, el conflicto se convierte en irreversible y sin vías para la solución.

Cabe indicar a este respecto que clasificación no tiene un carácter estanco, y a pesar que unas apunten al conservacionismo y otras a los temas ambientales ampliados a sus dimensiones sociales, estas tendencias en la práctica, están superpuestas sobre la base de como entienden la sustentabilidad. En resumen, si estas se articulan sobre conceptos de reforma del actual sistema capitalista y el orden social que este genera, o si lo cuestionan desde la perspectiva de que las soluciones pasan por cambios transformadores del actual orden constituido y por ende de la vida. Sin embargo y en parte por el conjunto de diferencias descritas con anterioridad, se hace difícil hablar de un movimiento social ambientalista coordinado y estructurado orgánicamente en los diferentes países del subcontinente, a pesar de la conflictividad socioambiental cada vez es más relevante a nivel regional.

Los diversos gobiernos nacionales de la región, empezando por los considerados “progresistas”, han ido desarrollando en los últimos años estrategias encaminadas a doblegar a las poblaciones locales a sus intereses, generando clientelismo en territorios y comunidades donde esta práctica política no es lejana a su historia. De igual manera se han construido, desde los diferentes gobiernos, políticas de criminalización que tienen como objetivo el resquebrajamiento al interior de las resistencias al proyecto neoextractivista a escala regional, lo que habitualmente suele coincidir con territorios de identidad indígena.

Y es aquí, como anotamos brevemente con anterioridad, donde el movimiento indígena sin ser organizaciones estrictamente socio-ambientales, ejercen un papel predominante en la defensa de la Naturaleza, el control de los territorios frente a la embestida transnacional y la resistencia frente a las política desarrollistas impulsadas por los actuales gobiernos. Es por ello que se convierten en un referente a ser batido desde los poderes institucionales, tengan estos el perfil político que tengan.

Apenas por citar un par de casos puntuales y actuales de estas tensiones auspiciadas desde los gobiernos en contra las organizaciones indígenas y las resistencias locales a los proyectos de expansión desarrollista, cabe recordar que: en mayo del año 2012 el gobierno de Evo Morales en Bolivia auspició la convocatoria a una reunión no orgánica de presidentes de organizaciones regionales afiliadas a la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) en Santa Cruz con el fin de desarticular y debilitar tanto a la confederación indígena como a la IX marcha que estos protagonizan en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), los cuales han sido definidos por el gobierno boliviano como movimientos que responden a lógicas desestabilizadoras y golpistas. De forma paralela en el tiempo, el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, quien mantiene una política fuertemente agresiva contra el movimiento indígena, al que considera junto al ecologismo e izquierdismo infantil como “los peores enemigos del proceso”, propició que dirigentes a nivel nacional del Pachakutik (agrupación política vinculada a la Confederación Nacional de Organizaciones Indígenas del Ecuador –CONAIE-) hayan sido agredidos recientemente en la provincia de Chimborazo por minoritarios sectores indígenas afines al oficialismo que están bajo la dirección de líderes expulsados del propio movimiento, a la par que fomenta la ruptura al interior de sus organizaciones más importantes a través de la captación de líderes indígenas con un controvertido pasado político (casos de Miguel Lluco, Antonio Vargas y otros).

Y es en este ámbito de conflicto entre las centro-izquierdas burocratizadas en el poder y los movimientos sociales alternativos, en especial el movimiento indígena, donde se visualiza con claridad hasta donde están llegando las contradicciones de la izquierda institucional latinoamericana. Esta, enmarcada en una contienda de tal magnitud contra el movimiento indígena que ni el neoliberalismo llegó a protagonizar, ignora de manera intencionada que el movimiento indígena latinoamericano es quizás uno de los elementos más transformadores de la realidad latinoamericana contemporánea. Desconoce que dicho movimiento asumió una dimensión regional y se dotó de un profundo contenido universal y una visión global de los procesos sociales y políticos a escala internacional. Y que dicho movimiento explica, en muchos casos, por ejemplo en Ecuador, que se haya podido configurar, inclusive, los gobiernos de centroizquierda en la actualidad.

Desde la crítica y ruptura con la visión eurocéntrica, sus lógicas y el modelo filosófico, historiográfico y sociológico derivado de la modernidad, el movimiento indígena latinoamericano recupera los legados de civilizaciones originarias para re-elaborar las partes de las diferentes identidades existentes en el subcontinente. Desde el movimiento indígena, a pesar de sus respectivas crisis internas, expresadas de diferentes maneras en cada uno de los países donde tienen realidad, se plantea el rescate de todas las formas de conocimiento y producción de saberes que han convivido y resistido a la larga noche colonial la cual sigue muy vigente en nuestros días y posteriormente al imperialismo en la región. Sus organizaciones abarcan un amplio espectro del territorio latinoamericano, el cual se extiende a través de la Cordillera de los Andes y aledaños por territorios y países como Argentina, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador o Perú; con singular importancia política en varios de ellos, así como en los diferentes países centroamericanos y México.

Es aquí donde vale recuperar un elemento que fue de fundamental importancia en la reconfiguración de las izquierdas alternativas mundiales al postestalinismo: el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),que aparece públicamente en 1 de enero de 1994 con la toma de San Cristóbal en Chiapas, el mismo día por cierto que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Ese reactualizado zapatismo, que se configuró con inspiración política en la vieja lucha de Emiliano Zapata por la Tierra y la Libertad, el marxismo y el socialismo libertario, se constituyó con el objetivo de subvertir el orden hegemónico y construir una sociedad más justa en México. El neo zapatismo planteó una forma diferente de llegar al “socialismo”, vía que fue despreciada por la izquierda institucional y convencional posiblemente por temor a un proceso que aunque se configuraba como más auténtico, era imposible de ser controlado por parte de la institucionalidad, es decir, estaba fuera de las “reglas de juego” marcadas por la democracia burguesa (23). Desde esta perspectiva, y más allá de la realidad actual de México, se abre un mundo de desencuentros entre los gobiernos latinoamericanos, incluidos entre ellos los considerados más progresistas, y el movimiento indígena. Los principales ejes de desencuentro son tres:

1. La demanda por parte del movimiento indígena de Estados plurinacionales (modelo ya incorporado en las Constituciones de Bolivia y Ecuador aunque con escasos avances en materia de políticas concretas). Frente a este reclamo histórico la izquierda tradicional evidencia su incapacidad para entender de que se trata esta cuestión. Hablar de Estado plurinacional significa poner en cuestión el Estado-nación y con ello la tradición política occidental de la que derivan estas izquierdas de América Latina, un listón demasiado alto para los actuales gobiernos latinoamericanos, los cuales se encuentran muy lejanos del anteriormente mencionado “socialismo indoamericano” propugnado por Mariategui.

2. La defensa por parte del movimiento indígena de los recursos naturales y energéticos, el agua y la tierra. Esta vertiente ambiental del conflicto Estados versus movimiento indígena genera un enfrentamiento de raíz con las políticas desarrollistas y por ende neo-extractivistas alzadas como bandera del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Y en el caso de los gobiernos progresistas del continente, es precisamente este el eslabón que les engarza las políticas aplicadas en las décadas del neoliberalismo.

3. Las demandas del movimiento indígena sobre los derechos colectivos de las comunidades indígenas y la autodeterminación de los pueblos como principio fundamental. Sin duda, otro reto imposible de superar para una izquierda que, en su ya largo recorrido, nunca entendió sobre semejante reivindicación a pesar de que la Constitución de 1924 de la Unión Soviética fuera la primera en el mundo en reconocer dicho derecho para sus repúblicas, aunque no para las regiones autónomas (24). Esto explica las deportaciones de chechenos, ingushes, tártaros de Crimea y otros poblaciones a las entonces repúblicas socialistas de Kazajstán y Siberia en la década de los 40 en la Unión Soviética de Josep Stalin; o como en la Nicaragua sandinista de los años 80, cuando el gobierno revolucionario intentó vincular a la costa atlántica a su estructura administrativa siguiendo los mismos lineamientos que en el resto del país, ignorando sus particularidades étnicas, sociales, idiomáticas e incluso religiosas. Las demandas de los miskitos en torno a la asociación étnica fue definida en aquel entonces por el comandante Tomás Borge como una “resistencia sectaria”, lo que conllevó a la represión sobre las comunidades alzadas, derivando a la postre en que los “contras” de la Fuerza Democrática Nicaragüense generarán bases de apoyo en territorios miskitos con la aquiescencia de sus moradores.

Además de estas, otras demandas indígenas también se convierten en elementos de difícil comprensión para los actuales gobiernos de América Latina. Entre otros puntos podemos señalar: la reivindicación de respeto a las diversas espiritualidades desde lo cotidiano y lo diverso; la extinción de toda forma de discriminación racista o etnicista; la reivindicación de formas colectivas de decisión sobre la producción, los mercados y la economía; la descolonialidad de las ciencias y las tecnologías; y la reivindicación de una nueva ética social alternativa a la del mercado.

Es así que volviendo a Bolivia y Ecuador, los países con textos constitucionales más avanzados en los cuales incluso se incorporan el objetivo del Buen Vivir -suma qamañay sumak kawsay en Bolivia, así como sumak kawsay en Ecuador-, se terminan aplicando políticas que están en esencia en contra de dicho concepto del Buen Vivir. Propuesta civilizatoria que emerge desde la periferia de la periferia, proviniendo del vocabulario de pueblos otrora totalmente marginados (Tortosa, 2011), no como una alternativa de desarrollo, sino como una alternativa al desarrollo (Acosta, Galeano aet al., 2009).

Expresión partidista ecologista en la región

Por último y en el ámbito de las estructuras políticas que consideran lo socioambiental como de fundamental importancia, se hace necesario radiografiar de forma básica los referentes de los Partidos Verdes latinoamericanos. La red internacional de partidos verdes, la Global Greens (25), federa a 12 partidos verdes en América Latina y Caribe, incluyendo el partido Puertorriqueños por Puerto Rico, primer y único partido político puertorriqueño de base ambiental.

Sobre esta realidad valoraremos las tres organizaciones de mayor importancia: el Partido Verde de Brasil donde en la última elección y con la ex ministra lulista Marina Silva se obtuvieron casi veinte millones de votos, Colombia donde el Partido Verde alcanzó en el último sufragio cuatro millones de votos y México, donde la opción verde se estima que cuenta con dos millones de votos y quienes en las últimas elecciones presidenciales, montados sobrecaballo ganador, han corrido de la mano en alianza electoral con el tan cuestionado Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El Partido Verde brasileño, con 26 años de historia, recibió un 19,55% de los votos en la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales -el voto del Partido Verde fue el que impidió que Dilma Rousseff ganara en primera vuelta-, convirtiéndose de esta manera en la tercera fuerza electoral del gigante del sur. Sin embargo, el Partido Verde brasileño no ha tenido históricamente gran fuerza electoral, siendo su único representante en el congreso nacional durante dos legislaturas su diputado por el Estado de Río de Janeiro, Fernando Gabeira (1995-1998 y 1999-2002) (26).

El Partido Verde fue una de las organizaciones políticas que apoyaron al gobierno lulista, rompiendo dicha alianza en la segunda mitad del mes de mayo de 2005 fruto de divergencias en la política ambiental. En 2008, los verdes brasileños había presentado 10.540 candidatos para las municipales en listas verdes autónomas, consiguiendo entonces 2,6 millones de votos (hasta un 23% en Río de Janeiro). La incorporación de una líder emblemática como Marina Silva les permitió acercarse a los 20 millones de votos en las últimas presidenciales, recibiendo tanto los votos del ambientalismo conservador como de una parte del electorado del Partido de los Trabajadores decepcionado por la política desarrollista de Lula: reinicio del programa nuclear, apertura de Brasil a los transgénicos, destrucción de la Amazonía a favor de los agrocombustibles y nefasta política dirigida a los pueblos indígenas entre otras cuestiones.

Fruto de los resultados en las últimas elecciones, pudimos ver cómo en los diferentes estados federales los cabezas de listas “verdes’” transaron alianzas carentes de contenidos ideológicos o programáticos con derecha y oficialismo indistintamente en busca de cargos políticos e institucionales.

En el caso del Partido Verde colombiano, su construcción deviene de apenas dos años y medio, careciendo de historia propia aunque provenga de la refundación de la antigua organización política de centro derecha Partido Verde Opción Centro.

En septiembre de 2009 se adhieren al Partido Verde colombiano tres notables figuras de la política nacional, los ex alcaldes de Bogotá Antanas Mockus, Luis Eduardo Garzón y Enrique Peñalosa. El Partido Verde sirvió como plataforma electoral a Mockus para la disputa de la Presidencia frente al conservador Juan Manuel Santos o a Peñalosa para disputarle la alcaldía de Bogotá al Polo Democrático Alternativo, aunque en ninguno de los dos casos con éxito. De esta manera, el Partido Verde colombiano presentó en los últimos comicios electorales programas poco vinculados a la problemática ambiental y los efectos de las políticas desarrollistas aplicadas por el gobierno de Uribe Vélez y reforzadas en la actualidad por Juan Manuel Santos. El Partido Verde colombiano quedó limitado a una plataforma electoral a través de la cual se agruparon políticos de diferentes tendencias ideológicas con la finalidad de postular a cargos públicos en la actual legislatura.

En la actualidad, tanto el Partido Verde brasileño como el colombiano ya no cuentan en sus filas con su candidato presidencial en los comicios anteriores, Marina Silva y Antanas Mockus (27), lo cual muestra a dichas organizaciones como herramientas básicamente electorales al servicio de determinados personajes públicos.

En el caso del Partido Verde Ecologista de México, organización fundada en 1986 que llegó a ser la cuarta agrupación política mexicana en número de representantes en el congreso del país, basta con ver sus últimas alianzas electorales para entender su lógica política vital: en las elecciones del 2000 formó junto al conservador Partido Acción Nacional (PAN) la Alianza por el Cambio, la cual posicionaría a Vicente Fox en el Palacio Nacional; en las elecciones del 2003 hizo alianza electoral con el PRI, situación que se repitió en elecciones del presente año, que le dieron el triunfo a Peña Nieto.

Como conclusión, cabe indicar que las estructuras políticas articuladas en torno a la Global Greens y el mundo verde institucional carecen de posicionamientos programáticos que incorporen coherentemente alternativas a las realidades anteriormente descritas y la problemática existente en la situación actual. La mayoría de los Partidos Verdes no son actores de cambio ni agentes de transformación social, en definitiva, no son herramientas de transformación del sistema capitalista. Su existencia responde a lógicas electoralistas y su desconexión con el frente social ambiental es evidente.

Más allá de estos partidos, la irrupción de gobiernos progresistas en Latinoamérica ha generado la aparición de alternativas, la mayoría de ellas en construcción desde la izquierda política y social, en muchos casos fruto de rupturas desde el mismo oficialismo en diferentes países. La novedad de estas nuevas izquierdas es la incorporación en sus actas fundacionales y programas en elaboración de un fuerte contenido socio-ambiental que pretende ser rupturista con las lógicas actuales.

La ruptura con sus correspondientes gobiernos, o bien el distanciamiento, se ha ido haciendo mayor en función del ejercicio gubernamental, que ha significado para algunas de estas nuevas agrupaciones un factor de aislamiento sociopolítico. Este podría ser el caso del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) (28), una organización política de 11 mil miembros constituida en 2004 que nace a partir de la expulsión del Partido de los Trabajadores de varios de los dirigentes de su tendencia interna trotskista, denominada Democracia Socialista.

En contraposición a este hecho está la experiencia ecuatoriana. Bajo el nombre de Coordinadora Plurinacional para la Unidad de las Izquierdas, se han articulado hasta ahora siete organizaciones y frentes políticos, algunos provenientes de rupturas desde el correísmo, que articulan en este momento un candidato único y un programa común junto a los movimientos sociales combativos del país (mujeres, indígenas, ambientalistas, campesinos, organizaciones barriales, sindicatos y organizaciones estudiantiles). Esta agrupación pretende ser una conformación transformadora de cara a la renovación de las actuales izquierdas latinoamericanas y un elemento referencial ante la disputa electoral que tendrá lugar en Ecuador el próximo mes de febrero. Lo fundamental de este proceso en construcción es entender que no habrá una izquierda con capacidad de cambiar el sistema si ésta no aborda también el tema ambiental, entre otras cuestiones fundamentales como son por supuesto las cuestiones políticas, culturales, sociales y económicas, así como las demandas de género, étnicas, intergeneracionales, entre otras.

A modo de conclusión

El conflicto irresoluble entre los gobiernos de América Latina y las izquierdas sociales y políticas no puede devenir en otra cosa que la reconfiguración de una nueva izquierda social y política que incorpore en sus programas las alternativas a las políticas que han significado su distanciamiento del oficialismo y de los “teóricos” gobiernos revolucionarios existentes en la actualidad.

En el caso de los gobiernos de perfil progresista de nuestro continente, la miopía avanzada, cercana ya a la ceguera total, respecto a la problemática ambiental, podría resumirse en las palabras de mandatario ecuatoriano Rafael Correa, cuando en una entrevista el pasado mes de mayo a un medio de comunicación chileno, declaraba: “¿Dónde está en el Manifiesto Comunista el no a la minería? Tradicionalmente los países socialistas fueron mineros. ¿Qué teoría socialista dijo no a la minería? Son los pseudointelectuales postmodernistas los que meten todos estos problemas en una interminable discusión. No hay dónde dudar: salir del modelo extractivista es erróneo” (29). Así, el presidente ecuatoriano olvidaba que si de hecho hay un error en la “ley del valor” desarrollada por primera vez por Marx en su obra Miseria de la filosofía (1847) –texto que se desarrolló como respuesta a la Filosofía de la Misería de Proudhon-, es precisamente no haber contemplado en dicha ley el impacto ambiental de la producción sobre el planeta. En descargo del viejo intelectual, filósofo y pensador alemán, podemos alegar que dicha obra se remonta a 165 años atrás, cuanto era aun difícil prever la situación actual del planeta.

Dicha reconstrucción de la izquierda se hace fundamental al momento de refundar alternativas y resistencias a políticas que no dan solución al problema global (no solo ambiental) y que por sus estilos, formas y contenidos actúan en decremento de la participación social, la democracia directa y el respeto al conjunto de pueblos y nacionalidades indígenas existentes a lo largo y ancho del subcontinente.

Para concluir, citando nuevamente a Bolívar Echeverría (2010), “el modo capitalista vive de sofocar a la vida y al mundo de la vida, ese proceso se ha llevado a tal extremo, que la reproducción del capital solo puede darse en la medida en que destruya igual a los seres humanos que a la Naturaleza”. Lo que equivale a afirmar que no habrá alternativas a la crisis global multifacética al interior del sistema capitalista.

Bibliografía:

Acosta, Alberto; Galeano, Eduardo et al. 2009. Derechos de la Naturaleza (Quito, Abya-Yala).
Acosta, Alberto 2012. El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo. Una lectura desde la Constitución de Montecristi (Quito, PolicyPaper 9/Fundación Friedrich Ebert/FES-ILDIS).
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Notas

1 Sobre esta afirmación, se puede consultar la conferencia dictada por Manfred Max Neef en la Universidad EAFIT, de Medellín, Colombia, en.

2 La crítica naturalista se asentó sobre tres principios básicos: la reivindicación del higienismo, que reclama mejores condiciones de vida para los trabajadores y su entorno urbano; el naturismo como reivindicación de un rencuentro entre el ser humano y la Naturaleza; y el conservacionismo que se plasma en las primeras asociaciones proteccionistas de animales y hábitats naturales.

3 Para el año 1800 se estima una población mundial de mil millones de habitantes con respecto a los 7 mil millones censados a finales de 2011.

4 La capacidad de producción energética de la URSS pasó de 46 millones de toneladas en 1913 (dependiente básicamente del carbón) a 238 millones de toneladas en 1940. Las hidroeléctricas generaron 6 millones de kilovatios en 1955 y 33 millones en 1971(quedando el combustible vegetal reducido al 6% del total). La extracción de petróleo del Cáucaso y del gas natural tomó fuerza a partir de 1950, lo que situó ala URSS como un país puntero en la producción petrolera. El desarrollo energético de la URSS se asentó sobre la explotación de su riqueza en recursos naturales, lo que le convirtió en el único país desarrollado con capacidad de autoabastecimiento energético.

5 La URSS desarrolló una importante industria siderúrgica con base en la explotación de sus importantes reservas del material ferroso, hulla y manganeso, convirtiéndose en el país líder de la producción mundial de hierro y uno de los más importantes pro-ductores de acero del planeta.

6 Fue Nikita Kruschev, responsable de la desestalinización parcial de la URSS, quien revelaría, entre otras cuestiones, el estancamiento y en algunos casos retroceso de la producción agrícola soviética entre 1913 y 1950. Aunque entre el año 1950 y el de 1965 la producción agropecuaria aumentó a un ritmo de 1.5% al año, se mantuvo por debajo del índice de crecimiento poblacional. Posteriormente, Brezhnev y Kosyguin reformularon métodos de producción socializada y de distribución de mercado.La reforma de 1965 amplió las primas y los estímulos individuales para incentivar la producción, y posteriormente, durante el mandato de Gorbachov, se impulsó una política de apertura sobre los rígidos esquemas del estalinismo. A la llegada de la Perestroika, la URSS producía el doble de fertilizantes químicos que EE.UU., cuadruplicaba el número de vacas lecheras respecto a los estadounidenses y utilizaba cinco veces más tractores en labores agrarias que su rival, sin embargo su producción se mantenía estancada, el sector rural en crisis y se importa bancada vez más alimentos.

7 El “socialismo realmente existente”, en realidad, formaba parte de dicha economía-mundo. Nunca logró erigirse como una alternativa en términos civilizatorios.

8 Datos de la Lista Roja de Especies Amenazadas,que publica la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Estos datos apenas realizan una “mirada general” sobre lo que está ocurriendo respecto a las diferentes formas de vida en el planeta, pues sólo analizan el 2,7% de las especies conocidas, lo que significa que el número de especies en peligro de extinción puede ser mayor. Según el informe, en relación a las especies de agua dulce,el 38% de los peces están amenazados en Europa,mientras que en África oriental se encuentran en peligro el 28%. “En los océanos, el panorama es igual de sombrío. Muchas especies marinas están sufriendo una pérdida irreversible debido a la sobre pesca,el cambio climático, las especies invasoras, el desarrollo costero y la contaminación”, destaca la publicación. Además, señala que “las aves marinas están mucho más amenazadas que las terrestres, con un 27,5% en peligro de extinción, frente al 11,8% de las aves terrestres en la misma situación”.

9 Todas las plantas y los animales que habitan en el planeta tienen un papel específico y sirven para conseguir alimentos, medicamentos, oxígeno y agua pura, y para la polinización de los cultivos, el almacenamiento de carbono en el suelo y la fertilización.

10 La autora principal del informe, en el que colaboraron 17 profesionales, que la estadounidense Donella Meadows, biofísica y pionera científica ambiental, especializada en dinámica de sistemas.

11 La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medioambiente de Estocolmo, de junio de 1972,que permitirá la creación del Programa de las Naciones Unidas por el Medioambiente (PNUM-UNEP), son sus siglas en inglés).

12 El Rainbow Warrior era utilizado como barco soporte para las manifestaciones de protesta organizadas por Greenpeace contra diferentes actividades realizadas por diversos países contrarias a la protección del medio ambiente y de las especias marinas.

13 La Crisis Global Multifacética es fruto de la combinación e interconexión de siete crisis: la económica, la ideológica, la energética, la alimentaria, la medioambiental, la democrática y la de hegemonía.

14 Informe socioeconómico elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU, por una comisión en cabezada por la doctora Gro Harlem Brundtland, una política noruega miembro del Partido Laborista que ocupó el cargo de primera ministra de Noruega en tres ocasiones (1981, 1986-1989 y 1990-1996).

15 El “Protocolo de Kyoto” sobre el cambio climático es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y un acuerdo internacional que tenía por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fuorados: Hidrofuorocarbonos (HFC), Perfuorocarbonos (PFC) y Hexafuoruro de azufre (SF6), en un porcentaje aproximado de un 5%, dentro del periodo que va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones al año 1990.

16 Hay visiones alternativas del concepto de sustentabilidad, como la del pedagogo y filósofo brasileño Moacir Gadotti (2002), quien indica que “el desarrollo podría ser un proceso integral que incluyera dimensiones culturales, éticas, políticas, sociales y ambientales, y no sólo económicas”.

17 Utilizando como ejemplos los datos de Venezuela, Bolivia y Ecuador, podemos indicar que, según datos del Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE), la pobreza se redujo en dicho país del 49% en 1998 al 27%, mientras la pobreza extrema pasó del 22% al 7%. De igual manera, según datos de la CEPAL, desde 2007 la pobreza en Bolivia bajó del 61 al 49%, mientras la pobreza extrema bajó del 34 al 25,4%. Por último, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en Ecuador,entre los años 2006 y 2011, la pobreza se redujo del 37, 6 al 28,6%, mientras la extrema pobreza se redujo del 16,5 al 13,2% en 2010.

18 Tres casos significativos son los de Venezuela,Bolivia y Ecuador: a) Venezuela: la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) definió el pasado mes de abril a este período como “el mejor momento de su historia”, haciendo referencia ala situación actual de la banca. Así, los primeros siete bancos privados, en ganancias, para abril de 2012,obtuvieron unos resultados netos de 4.951 millones de bolívares. Según fuentes oficiales, en julio del 2011, la banca privada había ganado ya un 81,7% más que en el mismo período del año anterior, pasan-do de 498,5 millones de dólares a mediados de 2010 a 846,2 millones doce meses después, todo ello a pesar de que la economía se había contraído un 7,1%;de igual manera, el mismo presidente Chávez declaró el pasado 18 de mayo que el crecimiento del sector privado está por encima del público. Pero no sólo es que más crece el sector privado, sino que si consideramos el excedente de explotación venezolano,concepto que comprende los pagos a la propiedad(intereses, regalías y utilidades) y las remuneraciones a los empresarios, así como los pagos a la mano de obra no asalariada, veremos que este pasó del 49,02 en 1999 al 61,30% en el 2010. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) de Venezuela,y a pesar de las mejoras respecto al índice de Gini en el país, tras más de una década de gobierno “revolucionario”, el 20% de los hogares con mayores ingresos económicos devenga el 45,56% del ingreso total, mientras el 40% de los hogares más pobres apenas se apropia del 15,1% del ingreso; b) Bolivia: en Bolivia, según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asf) se revela que las utilidades que obtuvieron las entidades pertenecientes al sistema financiero a junio de 2011 fueron de 172,2 millones de dólares, superando en 7,88% las obtenidas por este sector durante toda la gestión 2010. Son 21 grupos corporativos, empresariales y de inversiones los propietarios de todo el sistema bancario boliviano. Paralelamente, hasta noviembre de 2011, las recaudaciones fiscales lograban un récord histórico. El ingreso tributario más importante es el Impuesto a las Utilidades Empresariales (IUE), que representa el 24% del total de las recaudaciones impositivas. Dicho monto representa prácticamente un cuarto delos ingresos de impuestos que recibe el Tesoro, y está generado por las utilidades proporcionadas por el sector privado. El ministro de Economía y Finanzas, Luís Arce, se congratulaba de dicha situación indicando que “le está yendo muy bien al sector privado,porque están pagando grandes cantidades por el IUE. Y nos alegramos que les vaya bien a los empresarios privados, porque mientras sigan contribuyendo […] alas recaudaciones tributarias, el país seguirá teniendo estos récords de recaudaciones impositivas”; y c) Ecuador: el crecimiento acumulado del sector bancario privado fue durante los tres primeros años del gobierno de Correa (2007-2009) un 70% superior al de los gobiernos neoliberales anteriores en el mismo período. En 2010 el sector bancario privado alcanzó un 15,4% de utilidades más que en el ejercicio 2009, y en el 2011 un 52% que en el ejercicio 2010,aproximándose sus utilidades a 500 millones de dólares. Tras más de cinco años de gobierno de la revolución ciudadana, 62 grupos económicos concentran el 41% el PIB, teniendo el sector privado un beneficio superior al 54% del que obtuvo durante los mismos períodos de los gobiernos inmediatamente anteriores a Correa, los cuales eran de perfil neoliberal.

19 Brasil es el segundo productor de bioetanol del mundo, con 33,2% de participación en el mercado detrás de Estados Unidos, responsable del 54,7% dela producción mundial, según datos de 2009. Colombia, a su vez, figura en el décimo lugar de los países productores, con el 0,4%. Argentina, por su parte, es el segundo productor mundial de biodiesel, con el 13,1% del mercado, también después de Estados Unidos, que lidera con el 14,3%. Brasil se ubica en quinto lugar, con el 9,7% de la participación (datos de la CEPAL, 2011).

20 El neoextractivismo difiere del anterior extractivismo respecto al papel otorgado al Estado y a su legitimación social y política, lo que implica resultados económicos sustancialmente diferentes para los países.

21 Extraído de la conferencia dictada por el experto Dr. José Frutos, geólogo chileno, invitado al Seminario Internacional Adelantos de la Exploración de Yacimientos Auríferos, el 27 de noviembre de 2009, en Quito.

22 La onceava ronda petrolera afectará al 100%de los territorios de los indígenas andoas, záparas y shivias, al 93% del de los achuar, al 73% del de los kichwas amazónicos y al 38% del de los shuar.

23 Utilizamos la perspectiva de la “democracia burguesa” definida por Rosa Luxemburg (bürgerliche Demokratie), para quien dicho término significaba lo mismo que para Engels y Marx, “democracia pura” (reine Demokratie), a saber: no el nombre de un régimen político institucionalmente establecido y epocal, sino la caracterización de una corriente sociopolítica.

24 Lenin defendió el derecho de libre determinación de las naciones, entendido como derecho a la secesión, aunque desde su visión, subordinándolo ala lucha de clases. Cuando los bolcheviques alcanza-ron el poder tras la Revolución de Octubre, el principio de autodeterminación se proclamó oficialmente en la Declaración de Derechos de los Pueblos de Rusia y en virtud de la misma se reconoció la inde-pendencia de Finlandia.

25 Global Greens nació en abril de 2001 en Canberra, Australia, y engloba a distintas federaciones de partidos verdes en los cinco continentes.

26 Gabeira fue uno de los miembros fundadores del Partido Verde de Brasil, pero abandonó la agrupación en 2002 para unirse al Partido de los Trabajadores, volviendo posteriormente al prime-ro debido a confictos con el gobierno de Luiz Inácio “Lula” da Silva. Conocido por su libro O Quéé Isso, Companheiro?, escrito en 1979, donde se narra la historia de la resistencia contra la dictadura militar en Brasil y se enfoca en el secuestro del embajador estadounidense Charles Burke Elbricken 1969 (un evento en el que Gabeira participó como miembro del MR-8), fue candidato a la alcaldía de Río de Janeiro durante las elecciones municipales de Brasil de 2008, pero perdió frentea Eduardo Paes.

27 Mariana Silva salió, a mediados del año pasado,del Partido Verde brasileño con la intención de conformar un movimiento social ciudadano de la misma naturaleza que los “indignados” españoles; mientras que Antanas Mockus salió a mediados del año pasa-do del Partido Verde colombiano consecuencia del conflicto interno que se generó en el partido por el apoyo recibido por Peñalosa de parte del ex presidente Álvaro Uribe Vélez.

28 El PSOL, en las elecciones generales de 2006, consiguió, con la histórica candidatura presidencial de Heloisa Helena, un 6,85% de los votos. Sin embargo, en las últimas elecciones presidenciales y con Helena en las filas del Partido Verde apoyando la candidatura de Marina Silva, el PSOL apenas logróel 0,87% de los votos (888 mil).

29 Véase la revista Punto Final Nº 758, en.

Alberto Acosta. Economista ecuatoriano. Profesor e investigador de la FLACSO-Ecuador. Ministro de Energía y Minas, enero-junio 2007. Presidente de la Asamblea Constituyente y asambleísta octubre 2007-julio 2008. Candidato a la Presidencia de la República por la Unidad plurinacional 2012-2013.

Decio Machado. Sociólogo y periodista de origen hispano brasileño. Cofundador y miembro del periódico español Diagonal. Miembro investigador de la ecuatoriana Fundación Alternativas Latinoamericanas para el Desarrollo Humano y Estudios Antropológicos (ALDHEA).

Fuente: Publicado en Revista OSAL Nº 32 (Observatorio Social de América Latina – CLACSO) 
ISSN 1515-3282 
http://es.scribd.com/doc/107509722/Revista-OSAL-N%C2%B0-32

 

 

Cuando la memoria falla: el discurso falaz sobre DDHH de Alexis Ponce

Por: Mateo Martínez Abarca

Hace pocos días circuló en las redes sociales un texto redactado por Alexis Ponce, ex fundador y vocero de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) y actual asesor de la Secretaria Nacional de Agua. El tema del texto es la audiencia que se realizó hace pocos días en la CIDH en Washington, en la que varios periodistas y actores sociales expusieron ante la comisión lo que consideran varias violaciones a los Derechos Humanos por parte del gobierno de la Revolución Ciudadana.

Alexis Ponce. Foto: http://www.emelnorte.com

En la comisión estuvieron periodistas como Christian Zurita y Juan Carlos Calderón (autores de la investigación sobre los contratos del Estado con el hermano del presidente Rafael Correa, actualmente enjuiciados por el presidente), varios representantes de diario El Universo, Fundamedios, así como dirigentes indígenas como el presidente de la CONAIE, Humberto Cholango. Por tratarse de un problema que toca el estado de los Derechos Humanos en el Ecuador, se vuelve necesario aportar con herramientas críticas a un debate que debe hacerse de manera pública. El siguiente comentario pretende examinar algunas claves que aparecen en el pronunciamiento de Ponce justamente para contribuir a este necesario debate.

En primer lugar hay que señalar que el texto de Alexis Ponce no puede leerse sin recordar que se trata de un activista histórico de los Derechos Humanos en el Ecuador. Esto tiene dos implicaciones: por un lado, se trata de una voz a quien se le reconoce una trayectoria de lucha por los DDHH. Por otro, es una voz que intenta hablar desde esa trayectoria, pero actualmente desde una posición dentro del gobierno como funcionario público. Por esta razón así como no se puede leer su texto sin considerar su trayectoria en los DDHH, tampoco se puede desconocer su posición política y sus acciones como funcionario público.

La contradicción primera que atraviesa el texto es la de un activista de la “sociedad civil”, que hoy tiene un cargo en el gobierno. Y es necesario señalarla porque hay que distinguir desde qué lugar de enunciación nos habla. ¿Nos habla Ponce como activista o como funcionario del gobierno de la Revolución Ciudadana? ¿Se puede enunciar un discurso desde una posición en la sociedad civil sin distinguirlo de uno que proviene desde dentro del Estado? Dejemos un momento esta contradicción del sujeto enunciante del discurso para su examen más adelante como un problema político para la izquierda.

En segundo lugar, el texto de Ponce tiene un tipo de argumentación formal que de entrada incurre en una serie de adjetivaciones y juicios de valor que no son propios de una “investigación” o “análisis”; apareciendo además en todo el texto falacias ad hominem ofensiva. Como se sabe, la falacia ad hominem busca descalificar al adversario antes que refutar su argumentación. Esto hace que las palabras de Ponce solo puedan ser leídas no como un análisis o investigación –que en este caso se proponía desnudar las “nuevas estrategias de desestabilización del Mashi Correa”, sino como un discurso claramente político.

El adversario que aparece en el texto de Ponce son los periodistas del “establishment criollo” los dirigentes de la CONAIE –organización que antes podía contar entre sus aliados al propio Ponce-, “viajantes de las ONG´s ecológicas” –algunas de las cuales podían contar también a Ponce no solo como su aliado en las luchas de defensa de la naturaleza sino también como su amigo-; así como a una serie de fundaciones y organizaciones de los EEUU. Todos los adversarios en el mismo saco como granos en una fanesca. Dicho de otra manera, entre Diario El Universo (medio impreso que carga las posiciones de la derecha más reaccionaria)[1], periodistas de investigación serios como Calderón y Zurita y dirigentes de uno de los movimientos sociales más importantes, más imprescindibles de América Latina, no hay diferencias. Son todos la misma cosa y lo que hace que no pueda distinguírseles, es su oposición al Gobierno de la Revolución Ciudadana y su reclamo ante la CIDH.

Desde el punto de vista analítico, la presencia de esta generalización indiscriminada revela una especie de maniqueísmo conceptual, que dicho sea de paso es el que atraviesa al propio gobierno. Para la Revolución Ciudadana cualquier posición crítica desde las organizaciones de izquierda o los movimientos sociales es vista como “hacerle el juego a la derecha”. En este sentido, solo se puede estar de acuerdo con el gobierno o de otra forma automáticamente la posición se vuelve de derecha. El problema es que este razonamiento no tienen ninguna sustentación lógica que no sea la de descalificar o la de obligar a los otros por la fuerza a estar de acuerdo. “O con nosotros o en nuestra contra” dijo alguna vez George W. Bush al plantear su guerra criminal contra los pueblos de Afganistán e Irak, denominada guerra contra el terrorismo. [2]

Sorprende entonces que aparte del poco rigor conceptual se utilice una estructura de pensamiento que es propia de la peor de las derechas. Y en esto no estoy descalificando a Ponce como persona sino a la estructura de pensamiento que aparece en el texto (y que asfixia al gobierno). El problema es que como militantes de izquierda no podemos -y más aún no debemos- utilizar el mismo esquema miserable con el que las fuerzas retrogradas ven el mundo. La CONAIE, los ecologistas populares, los periodistas serios y críticos no sirven a los intereses de la derecha. No lo han hecho nunca. Pero si existen gobiernos que traicionan sus presupuestos originales y en el balance de poder van cediendo sus aspiraciones a las fuerzas reaccionarias, así como existen militantes o activistas que se extravían dentro de un Estado que estructural e históricamente, es una forma siempre autoritaria de gestión del capital.

Hace algún tiempo circuló una investigación realizada por la abogada venezolano-estadounidense Eva Golinger. En ella, sin mayores pruebas, se argumenta que varios dirigentes indígenas estarían vinculados a una conspiración para desestabilizar al gobierno de Correa, financiados por la National Endowment for Democracy. En varias ocasiones, el gobierno ha señalado que los indígenas están siendo manipulados o financiados por la extrema derecha de los EEUU. Evidentemente nunca han pasado estas declaraciones de puras anécdotas de cadena sabatina, a razón de que la investigación de Golinger se refiere a un periodo anterior al del gobierno actual y tampoco provee pruebas contundentes. Sin embargo para el gobierno la CONAIE recibe dinero de la extrema derecha de EEUU para desestabilizar la Revolución Ciudadana. Semejante fantasía, ¿acaso tiene alguna lógica?

Es esta carencia de lógica la que trasluce también el texto de Alexis Ponce, el cual –una vez definidos los adversarios locales antes mencionados- procede a hacer un prontuario de algunas ONGs norte americanas como la DPLF o Human Rights Watch. Sobre estas, habría que pedirle también a Golinger una investigación seria y fundamentada y no esos pasquines de teoría de la conspiración que parecen una bitácora de sus horas en internet. Cuando la izquierda pierde criterio, queda en el mismo lugar que la derecha, la cual nunca lo ha tenido. Para hablar de estrategias de desestabilización sería bueno probarlas.

Esto es justamente lo que no ocurre en el texto de Alexis Ponce. Hubiera sido pertinente ver las pruebas o argumentos para sostener esta hipótesis de desestabilización, pero lo único que se encuentra es un historial de las relaciones de estas organizaciones. Importa un comino que hagan cenas donde van representantes de Nike o Reebok o del Dialogo Interamericano, si es que la acusación no pasa de eso, es decir, de que comen juntos. Si vamos por ese camino, bastaría suponer con quien almorzaba Nathalie Cely cuando era ministra de coordinación de la producción, para definir la composición de la fracción de la clase dominante que apoya al gobierno. O con quien va a almorzar ahora, que es embajadora plenipotenciaria en el Imperio.

Dicho de otra manera, estos elementos en el discurso de Ponce no sirven analíticamente para absolutamente nada. Podrían servir, eso sí, para una revista de farándula. Pero a una izquierda que necesita herramientas críticas solidas, no. Finalmente, Ponce arremete contra la CIDH y contra la OEA. Históricamente, la OEA ha sido el “ministerio de colonias del imperio”, eso no se puede discutir. Pero tampoco se puede discutir que la CIDH ha logrado construir una cierta autonomía y legitimidad en materia de Derechos Humanos. Esto Ponce lo sabe bien o no hubiera siquiera presentado denuncias ante la CIDH como la que realizó la APDH en el año 2000 contra los gobiernos de Colombia y los EEUU, por los efectos del Plan Colombia en el Ecuador. ¿La CIDH era un instrumento de derechos humanos válido en ese entonces y ahora no?[3]

Si seguimos esa línea argumental entonces ningún instrumento internacional de derechos humanos tendría legitimidad. La carta de la ONU y el estatuto de la corte internacional de justicia no sirven para nada porque son los EEUU los principales contribuyentes de recursos al sistema de las Naciones Unidas. Sin negar el uso político de los derechos humanos por parte de países como los EEUU –que en efecto violan los DDHH de su población y de otros pueblos para luego ir dando lecciones de moral por todo el mundo-, este es otro problema que requiere otro tipo de abordaje. La peligrosa conclusión a la cual se podría llegar en base a los argumentos de Alexis Ponce, es que los instrumentos internacionales de DDHH no tienen legitimidad frente a la soberanía nacional.

El mismo argumento dio la dictadura de Pinochet ante el establecimiento de órganos como el tribunal Russell. Entonces las obligaciones sobre DDHH son discrecionales y tendríamos que confiar en que los gobiernos sean lo suficientemente buenos, progresistas y no represores como el de la Revolución Ciudadana, para esperar que los derechos estén plenamente garantizados. Lastimosamente ese gobierno de fantasía no es el actual: presos políticos como Marco Guatemal dirigente de la FICI encarcelado bajo la acusación de terrorismo -200 dirigentes, la mayoría indígenas, perseguidos-, Dayuma, represión a la comunidad de Río Grande por oponerse al proyecto multipropósito Chone, militarización en Intag, agresiones y descalificación a la población que resiste a la minería en el sur del país, despidos de funcionarios del sector público entregadas por la policía. Cadenas nacionales y ocupación fáctica de los medios por parte del gobierno para atacar a sus oponentes sin derecho a réplica, judicialización de la política. Violencia autoritaria del Estado, la misma que hasta hace poco combatió también Alexis Ponce desde la APDH, junto a la CONAIE y organizaciones ecologistas populares.[4]

Con lo que sí se puede estar de acuerdo con Ponce es que hay que reformar los organismos e instituciones internacionales de manera urgente. Esta es probablemente la única propuesta que puede rescatarse de su discurso, aunque llame “Mashi” a alguien que aplica la colonialidad del poder sobre los pueblos indígenas de una manera tan desagradable como Correa.

En conclusión, la contradicción de la que se hablaba anteriormente no puede neutralizarse sin que se anule uno de los términos o se convierta en un doble discurso. Alexis Ponce no puede enunciar su voz desde la comunidad de DDHH porque ahora el lugar desde el que habla es el Estado. El Estado autoritario que construye la Revolución Ciudadana, opuesto al que se expresa en la hoja de ruta de transformaciones que es la Constitución de Montecristi. Esta última es solo el inicio, pues el objetivo revolucionario apunta mucho, muchísimo más allá.

El discurso político de Ponce representa a una izquierda que imbrica su destino al de un gobierno cada vez más reaccionario pero que solo se sirve políticamente de ella para justificar sus atropellos. Aparte de ese triste papel, la izquierda de la Revolución Ciudadana no tiene otro, pues las decisiones estructurales están en manos de los sectores más retrogradas que integran el gobierno. Eventualmente, en un futuro no muy lejano, esa izquierda sin argumentos, cómplice y acrítica como la de Ponce, deberá rendir cuentas ante la historia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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[1] Hay que recordar a Alexis Ponce que a pesar de que históricamente las víctimas de las violaciones de derechos humanos son las y los luchadores progresistas y los victimarios los gobiernos y las dictaduras de derecha; la aplicación y vigencia de los mismos es para toda la humanidad. Entonces, ¿Cuál es el problema en que quienes se encuentran a la derecha, como diario El Universo, exijan su cumplimiento si sienten que son vulnerados? ¿Tenemos posiciones de izquierda solo para con la izquierda y somos derechistas con la derecha? La lucha por la emancipación lo que busca es liberar a la humanidad entera, inclusive a quienes la subyugan.

[2] Baste recordar en este punto que, durante este gobierno revolucionario, la persecución judicial contra los dirigentes indígenas que protestan contra el  extractivismo es también bajo el argumento de terrorismo.

[3] http://www.tlahui.com/politic/politi00/politi10/ecu10-1.htm

[4] Por cierto, decir que las organizaciones indígenas nunca acusaron a ningún gobierno conservador es falso. Está por ejemplo el caso de Sarayaku en el gobierno de Lucio Gutiérrez. ¿Será que cuando se pasa por el Estado se pierde también la memoria?

Eficiencia por encima de Justicia. Una crítica sobre el discurso de Rafael Correa en torno al debate sobre la nueva Ley de Tierras.

Mateo Martínez Abarca

Los derechos se toman, no se piden; se arrancan, no se mendigan.

José Martí

J

“Algunos quieren definir latifundio de acuerdo a un tamaño: más de 100 hectáreas y ¡prohibido los latifundios, la Constitución prohíbe el latifundio…! [Pero] lo importante es la propiedad y lo importante que se esté produciendo… Primera idea de fuerza: cuidado por hacer un bien hacemos un daño mayor… Para que todos seamos propietarios partamos estas 2.000 hectáreas en 1.000 familias a dos hectáreas cada familia. Bueno, vamos a tener 2.000 familias más pobre que antes. La segunda idea de fuerza es la productividad. Tenemos una productividad agrícola demasiada baja. Y en la economía campesina esa productividad es desastrosa. Y parte de esa baja productividad son las pequeñas parcelas de terreno. Incluso, con el sistema capitalista, si tenemos una producción de 2.000 hectáreas y una sociedad anónima con 200 accionistas en buena hora: se está democratizando en algo la propiedad de esa tierra. Esto es que no entienden muchos compañeros. Por ahí veo proyectos de tierra, incluso del propio Consejo de Soberanía Alimentaria, que tienen solo esa visión de justicia. Cuidado, por buscar la “justicia”, entre comillas, destrozamos la eficiencia y lo que hacemos es a todos igualitos, pero igualmente miserables, igualmente pobres.”

Con estas palabras desafortunadas, hace pocos días el presidente Rafael Correa intervenía, a través de su cadena sabatina, en el debate sobre la nueva Ley de Tierras. Palabras que desnudan la concepción conservadora e inclusive perversa que subyace detrás del discurso presidencial, no solamente en materia agraria sino en su visión del mundo. Esto a razón de que lo que se revela es una jerarquización “ética” que no solamente coloca el concepto de eficiencia por sobre el de justicia, sino que políticamente constituye la admisión pública de una toma de posición, de una alianza tácita o no junto a los grandes terratenientes.

De entrada, es posible observar que el discurso del presidente busca defender la propiedad privada, en este caso de la tierra, como un hecho incuestionable en el proceso productivo. Conociendo de antemano el pragmatismo político que determina al gobierno de la Revolución Ciudadana y su carencia de ideas auténticamente transformadoras desde la perspectiva de la izquierda; hay que admitir que no se esperaba en el discurso del presidente una crítica radical al concepto de propiedad privada, central en la organización capitalista de la sociedad. A pesar de lo anterior, que además tome el gobierno partido por la posición de los grandes terratenientes que concentran la mayor extensión de tierra productiva en el país, es vergonzoso. Para colmo, con datos económicos erróneos que sitúan las afirmaciones de Correa en el plano de lo puramente ideológico.

En primer lugar hay que señalar que el patrón de concentración de la tierra apenas se ha modificado en los últimos 50 años, a pesar de los intentos fallidos de reforma agraria. En el año 2000, el coeficiente Gini de tenencia de la tierra en áreas rurales fue de 0.81, evidenciando una clara asimetría en la distribución de la tierra. De hecho, unidades agrícolas menores a 10 hectáreas, que constituyen el 75% del total de unidades, poseen apenas el 11.8% de la tierra; en el extremo, unidades mayores de 200 hectáreas tienen control sobre cerca del 30% de la tierra, pero representante menos del 1% de la unidades.

Lo anterior es un antecedente para comprender de qué eficiencia habla el Presidente Correa. ¿Se trata acaso de la eficiencia de la producción agrícola destinada a la exportación, de las grandes plantaciones? El hecho es que para cultivos como el azúcar, el café y el arroz, que se producen en su mayor parte en los latifundios de la Costa, la producción del Ecuador es 50% inferior a la de países vecinos.En este sentido, la afirmación implícita de Correa –sin fundamento teórico visible-, de que la agricultura fundamentalmente agroexportadora es mucho más eficiente que la pequeña producción campesina, no tiene sustento. Existen numerosos estudios, entre ellos North y Cameron (2008) que demuestran que la agricultura a pequeña escala no solo es más eficiente que las grandes propiedades, sino que también tiende al desarrollo de industria local a pequeña escala.

La segunda afirmación ideológica que se desprende del discurso presidente es que el criterio de una repartición justa de la tierra para los campesinos, puede representar una amenaza contra la eficiencia productiva agrícola. La conclusión en esta argumentación casi sofística del presidente es que es preferible una distribución injusta de la tierra a una reducción de la eficiencia. Pero como sabemos que no hay fundamento teórico sobre la disminución de la eficiencia en la pequeña propiedad campesina, lo que aparece es una toma de posición política que revela la búsqueda de una nueva alianza con los grandes terratenientes; quienes, de manera implícita en el discurso de Correa, son los protagonistas y no los campesinos de las grandes cifras de crecimiento económico.

En su concepción tecnocrática y pragmática del mundo, para el presidente la justicia tiene una jerarquía inferior a la eficiencia. Las consecuencias éticas de esta afirmación son sumamente graves y revelan una enorme mediocridad en cuanto a los principios que guían la acción de gobierno. La buena noticia es que contamos con herramientas que nos facilitan la crítica a esta concepción, que en sí es la que atraviesa la modernidad capitalista. Tal como afirmaban Max Horkheimer y Theodor W. Adorno en la Dialéctica de la Ilustración, es precisamente esa concepción instrumental que coloca al número como medida de todas las cosas, la que conduce a que la razón se vuelva su contrario, es decir irracionalidad. No importan los principios cualitativos sino las consecuencias cuantitativas.

A pesar de esta clara toma de posición del presidente y su gobierno a favor de las más rancias clases nacionales (cabe recordar que en la misma semana se flexibilizó la nueva ley anti monopolios favoreciendo a la banca); existen todavía sectores dentro de la izquierda que mantienen una alianza con el régimen. Un ejemplo es la Fenocin (confederación nacional de organizaciones indígenas, campesinas y negras), que a pesar de los intentos de asumir una postura crítica por parte de su presidente, Luis Andrango, no ha sido capaz de desvincularse de un gobierno que a paso acelerado se sitúa en contra de los intereses de indígenas y campesinos. La carencia de procesos de crítica interna a este tipo de alianzas, -de las que participa también la fracción “quinterista” del Partido Socialista Ecuatoriano así como el Partido Comunista y la Federación Ecuatoriana de Indios-; ha sellado que el destino de todas estas importantes organizaciones quede atado al del gobierno en su deriva hacia la derecha.

Mientras más tiempo tomen en llegar los procesos de crítica y la revisión de estas alianzas, el daño para la izquierda ecuatoriana será mayor y pasaran muchos años antes de que pueda sanarse. El precio a pagar por los errores actuales es ya muy alto y se vuelve urgente una renovación a gran escala de la izquierda, ante el fracaso de gran parte de la actual, como condición previa para plantear de nuevo un proyecto de transformación consistente. Serán las mismas bases de las organizaciones quienes decidan la tesitura de este proyecto, su necesaria orientación hacia la consecución de la verdadera Justicia –que según el filósofo Alain Badiou tiene que ver con dejar la condición de victimas y comenzar a ponerse de pie-; y no hacia fines mediocres desde el punto de vista de la humanidad, como la “eficiencia” de la producción bajo el régimen estructuralmente injusto de la acumulación capitalista.

Pepas y símbolos

Por: David Magar

Es necesario un esfuerzo de discernimiento para que los recientes acontecimientos de la campaña para la consulta
popular en Ecuador no queden en lo anecdótico. Debemos evitar convertirlos en una historieta más para la antología de este nuevo avatar del velasquismo que es la “revolución ciudadana” (siempre entre comillas, no lo olvidemos). Durante los últimos meses se ha hecho evidente que la estrategia de comunicación del gobierno consiste en eludir y banalizar el debate político y social. Baste recordar el encuentro en la televisión manabita entre el secretario juridico de la Presidencia, Alexis Mera y el ex presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta. Rescatemos de las anécdotas y bromas triviales de Mera el entusiasmo de Acosta por concentrarse en los contenidos (“las pepas”) de la Consulta y en sus muy serias implicaciones anticonstitucionales.

Recordemos que días después el ecologista Luis Corral fue agredido por tratar de intervenir en un meeting de Rafael Correa para pedir explicaciones por la presencia de empresas de Canadá y China que se preparan para la explotación minera a cielo abierto del sur oriente ecuatoriano en el sigilo más completo. Los medios privados y el gobierno prefirieron informar sobre las minucias del incidente (tarima, banderas verdes, los golpes y las acusaciones) y guardan todavía un sospechoso silencio sobre la seria amenaza a la vida de miles de personas, animales y plantas. Al parecer, la amarga experiencia del silencio cómplice del caso Chevron-Texaco no ha sido lección suficiente ni para la prensa, ni para el estado ecuatoriano. Esta es otra pepa más que no debemos olvidar de abrir, demenuzar y hacer lo que esté en nuestras manos para detenerla.

Los poderosos en nuestro país han transformado y desvirtuado las intstituciones, los partidos políticos, los tribunales para servir sus intereses. Estas mutaciones son rápidas en su avance y abarcan incluso aspectos simbólicos. Los meetings televisados del presidente, sus apariciones en todo el país, son parte de una campaña de propaganda pero no de un esfuerzo incluyente por llevar el gobierno a los ciudadanos. No es casual que los críticos de la intervención de Corral lo compararan a la provocación de un hincha del Emelec en tierras del Barcelona. Esto prueba que la gestión de Correa no sustenta su valor democrático en el respeto a las disidencias, él preside sobre sus hinchas. Así lo vimos pidiendo al público que se una a él cantando “El pueblo unido jamás será vencido” para silenciar a una persona desarmada, confiscando a esa canción todo su valor reivindicativo, convertiéndola en un arma de censura.

Es cierto que es hora de sentirse inspirados por nuevas músicas, por artes insospechados que nos confirmen en nuestra vocación de libertad, que nos enseñen a escribir del otro lado si nos dan papel pautado. Pero también, conviene reivindicar los cantos hechos polvo por la tarima, devolviéndoles su significado, dándoles tal vez otra voz. Con motivo de las fiestas de la unificación de Italia, el actor Roberto Benigni hizo un espectaculo reinterpretando el himno italiano. Y preguntándose cómo era posible que un símbolo tan manido pueda todavía conmover a alguien, pensó en el rebelde, que antes de enfrentar al ejercito austríaco, se daba fuerzas susurrandose el Inno di Mameli. Presintiendo tal vez el desgaste y la perdida de valor simbólico, el compositor norteamericano Frederic Rzewski escribió 36 variaciones para el piano de “El Pueblo unido…”, dándonos 36 formas nuevas de susurro que nos den el valor de combatir censuras y exigir respuestas al poder.

Democracia real ¡YA!

Por: Sebastián Endara

“El problema no es la crisis el problema es el sistema”. Esta es una de las miles de frases que se encontraban por doquier en la Acampada del Sol y que fuera propuesta de manera libre y espontánea por algún participante del encuentro. ¿Qué significa el movimiento 15M, cuáles son las implicaciones de un proceso anti-sistema como éste, dentro del totalitarismo de un sistema que bajo la ilusión de la democracia desmoviliza a la población y le impide participar activamente en la construcción colectiva -y el disfrute-, de sus formas de vida?

Este llamado a la ‘reflexión pública’ definitivamente trasciende las fronteras y las coyunturas particulares de los pueblos dado el grado de interconexión que experimentamos globalmente, pero sobre todo, el que se compartan en mayor o menor medida las condiciones de exclusión de los accesos a bienes y servicios, el sentimiento de cosificación y de mercancía que hace de las personas cosas y de las cosas personas, y desde luego, la indignación frente al abandono sistemático de los valores humanos y solidarios en función de un consumismo voraz que se alimenta en la competencia, el individualismo extremo, y que aparentemente nadie controla o no quiere controlar.

Si hago una breve encuesta entre 10 de mis amigos, personas desde 23 a 35 años, solo 4 de ellos tiene un trabajo estable, 2 una remuneración aceptable –en la que uno no se siente explotado y tiene posibilidad de ahorro-, 2 de ellos tienen un trabajo ocasional, solo 1 de ellos trabaja en una rama acorde a sus estudios, 6 de ellos viven con sus padres o en casa de familiares, y solo 1 tiene casa propia, la cual seguirá pagando durante los próximos 10 o 15 años, 4 de ellos tienen educación superior y de los 10 solo 1 de cuarto nivel. 2 de ellos son o han sido emigrantes y 4 de ellos tienen al menos un hijo. 7 de ellos piensan que el sistema agudizará sus injusticias, 6 que así es la vida, solo 3 creen que alguna forma de organización social podría mejorar sus condiciones de vida pero en ningún caso hay certezas. 8 de ellos parecen desencantados con la política, y solo 2 se sienten representados en el Estado. Suficiente para solidarizarse con el movimiento 15M ¿No?

Como dicen en su manifiesto los mentalizadores del movimiento DEMOCRACIA REAL YA!, las prioridades de toda sociedad avanzada deberían ser “la igualdad, el progreso, la solidaridad, el libre acceso a la cultura, la sostenibilidad ecológica y el desarrollo, el bienestar y la felicidad de las personas, saber que existen unos derechos básicos que deberían estar cubiertos, el derecho a la vivienda, al trabajo, a la cultura, a la salud, a la educación, a la participación política, al libre desarrollo personal, y derecho al consumo de los bienes necesarios para una vida sana y feliz”. Si estas cuestiones no se cumplen, el sistema no es sino un obstáculo para el progreso de la humanidad y hay que cambiarlo YA.

La nueva coyuntura

Caricatura de Bonil (bonilperiodismo.blogspot.com)

Por: Andrés Campaña Remache

Pablo Ospina, en su artículo “CONFÍEN EN MÍ”, afirma que la consulta popular y sus circunstancias constituyen una ruptura en la hegemonía del Gobierno de la Revolución Ciudadana. En efecto, en primer lugar, a grosso modo, antes de la convocatoria a la consulta, la derecha elaboró la matriz de opinión sobre la inseguridad ciudadana; en este sentido, en apariencia, el Régimen con su convocatoria trastocó el afianzamiento de los grupos oligárquicos que exigían mayor seguridad. A más de ello, la consulta, hasta el momento, permite elaborar las siguientes premisas: I) Por primera vez, en el transcurso del Gobierno, existe la posibilidad de elaborar un contra discurso desde la Izquierda sin que ello signifique una posible confabulación con la derecha; y, II) Los resultados de la consulta marcarán una tendencia irreversible en el direccionamiento del Régimen.

En el esquema del socialismo del siglo XXI, la consulta popular revivió la cuestión sobre la Izquierda en la institucionalidad; a su vez, resurge la discusión entre “REFORMA O REVOLUCION”. En este contexto, mientras Bernstein (reformista) propuso que las reformas jurídicas y la democratización del Estado buscan cambiar el sistema capitalista; por su parte, Luxemburgo (revolucionaria) sostuvo que sustituir las reformas normativas a cambio de la conquista del poder político y la revolución social no componen el camino a la instauración de la nueva sociedad sino la pretensión de modificar la superficialidad de la vieja sociedad. En las circunstancias actuales, este debate concluye que el Gobierno adoptó la vía de la reforma a través de la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución de Montecristi; y, entonces, a diferencia del Régimen que señala que este proceso político “revolucionario” sino contradijere la institucionalidad se constituiría en una democracia burguesa yerra toda vez que la sustitución de la trasformación de la infraestructura económica a cambio de la superestructura (instituciones jurídicas) plantea que los límites del Gobierno de la Revolución Ciudadana son, precisamente, los linderos del ordenamiento normativo a partir de la ascensión de Rafael Correa.

La consulta popular impone, en la palestra nacional, el debate sobre el contenido de la Constitución de 2008 en que, por una parte, un grupo de “ex constituyentes” aseveran la intocabilidad de los preceptos constitucionales (son aquellos que defienden la permanencia del status quo y sus errores); y, por otra parte, existen personas que platean la necesidad de una nueva reforma constitucional (en el pasado, integraron una base sólida de apoyo en el proceso constituyente que hoy critican). Sin embargo, más allá de esta cuestión, la coyuntura actual es matizada mediante la consulta popular. Ahora bien, en el proceso previo a la convocatoria a la consulta popular existieron dos momentos: I) el anunció legítimo del Presidente sobre una reforma constitucional que contiene temas intrascendentales; y, II) la claudicación de la Corte Constitucional de marras que derivó en el contenido de la consulta popular estructurado en: 1) la restricción de las garantías constitucionales, 2) la regulación de las instituciones financieras y los medios de comunicación, 3) la reorganización de la Función Judicial; y, 4) la tipificación y prohibición de algunas conductas sociales.

1. LA RESTRICCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: La mayor innovación del neo constitucionalismo radicó en la concepción del Estado de derechos y justicia; es decir, la mayor función de nuestro Estado consiste en la garantía de los derechos; tanto así que, según Ramiro Ávila, en el Estado de derechos, los derechos son creaciones y reivindicaciones históricas, anteriores y superiores que someten y limitan el Estado y todos los poderes, por tanto, nunca podrían ser limitados o sometidos a cualquier retroceso; así, la Constitución establece, en el reconocimiento de un derecho o una garantía, un mínimo que no puede ser disminuido, irrespetar el mínimo a través de una norma jurídica de cualquier jerarquía significaría que la Constitución está siendo irrespetada y, por ende, esa norma se torna inválida… los derechos y las garantías deben ser progresivos.

En este sentido, las limitaciones a la caducidad de la prisión preventiva y la restricción de las medidas sustitutivas a cambio de la prisión preventiva, a más que no se explica el procedimiento que garantizará que la Asamblea Nacional realice las reformas penales respectivas y los contenidos de las mismas son inciertos, vulneran derechos y garantías constitucionales.

2. LA REGULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: El Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo y Comunicación para América Latina -CIESPAL- organizó, el seminario “Periodismo, ética y democracia”; en el evento, se expusieron algunas prácticas de los medios de comunicación en su papel de actores económicos y políticos, entre otros: reducción de la esfera pública, selectividad de actores mediáticos, matrices de opinión, saturación de pensamientos específicos, ocultamiento deliberado de eventos e información, sobreinformación, desinformación, entrevistas y encuestas preintencionadas, etc. En esta línea, los medios de comunicación constituyen sujetos estelares e, inclusive, Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique precisa que componen uno de los poderes fácticos, en coordinación con los poderes económico y político. Tomando en cuenta estas consideraciones, la Constitución de Montecristi prohibió que las entidades o los grupos financieros tengan participaciones en empresas ajenas a las actividades financieras. En esta forma, la Asamblea Nacional Constituyente intentó limitar la propiedad del capital financiero que responde a las mayores acumulaciones económicas del país y viabilizar la distribución de la riqueza. A pesar de ello, la Junta Bancaria, en un primer momento, resolvió, arbitrariamente, que la disposición constitucional era aplicable solo a los socios con más del 25% de las acciones y/o participaciones.

Hay que reconocer, se pretende que las instituciones del sistema financiero privado y las empresas privadas de comunicación de carácter nacional no puedan realizar actividades distintas. No obstante, también, se busca el pronunciamiento sobre la expedición de una ley que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de mensajes y establezca los criterios de la responsabilidad ulterior que resulta incompatible con el acuerdo legislativo de 2009 sobre el proyecto de ley de comunicación: libertad de expresión y censura.

3. LA REORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL: La desinstitucionalización del Estado a consecuencia del auge del neoliberalismo provocó que los poderes fácticos hayan, entre otros, usurpado la Justicia, algunos ejemplos: las tanquetas en el Palacio de Justicia durante el Gobierno de Febres Cordero, el reparto de los tribunales entre la Democracia Popular y el Partido Social Cristiano después de la expedición de la Constitución de 1998 y la repartición de la Corte Suprema de Justicia en el Régimen de Lucio Gutiérrez; por esta razón, se concibió que la mejor manera de garantizar la independencia de la Función Judicial era a través de la organización de los concursos públicos de oposición y méritos. En este contexto, la Constitución de 2008 manifiesta que el Consejo de la Judicatura, entre sus atribuciones, dirigirá los procedimientos de selección de los servidores de la Justicia y, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará a los miembros de la Judicatura mediante un concurso público.

Rafael Correa argumenta que, a pesar de haber transcurrido dos años, aún no existe un nuevo Consejo de la Judicatura; y, el Código Orgánico de la Función Judicial (ley) no permite que la Judicatura en transición ejerza las funciones que le competen; por consiguiente, propone que se cree una Comisión Técnica de Transición de tres miembros delegados de las funciones Legislativa, Ejecutiva, y Transparencia y Control Social con la finalidad que, en dieciocho meses, reestructure la Función Judicial; además, incluye que el Consejo de la Judicatura se integrará, a posterioridad, con el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor Público y dos delegados de las funciones Legislativa y Ejecutiva en vez de los nuevo vocales que conforman la Judicatura en la actualidad. Empero, la argumentación resulta falaz, pues, en el actual momento, la mayoría de instituciones del Estado se encuentran en transición y no tienen sus autoridades definitivas; y, la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial que no permite que la Judicatura en transición ejerza sus funciones debió conocerse en la Asamblea Nacional. La influencia de las otras funciones del Estado, en la Justicia, sería evidente; más aún, todas ellas están controladas a nombre de Alianza País.

4. LA TIPIFICACIÓN Y PROHIBICIÓN DE ALGUNAS CONDUCTAS SOCIALES: Son las políticas públicas o posibles cambios normativos inciertos que se constituirían en parte del programa del Gobierno. Lástima que no se explique los mecanismos para efectivizarlos y el contenido de los temas a posteriori. En este sentido, la tendencia de criminalización del Régimen determina que el enriquecimiento privado injustificado y la no afiliación de los trabajadores en relación de dependencia al IESS sean considerados delitos; sin embargo, se desconoce las responsabilidades que acarrarían, la tipificación del enriquecimiento privado injustificado, siempre que no componga una medida macartista que origine persecución, podría ser una buena alternativa para comprobar malversación de fondos de origen no público; y, la tipificación de la no afiliación a los trabajadores sería la primera muestra del Gobierno en reivindicar los derechos del proletariado que componen el extracto más débil de la relaciones productivas, no obstante, las mismas sanciones deberían preverse a las instituciones estatales que incumplen el derecho a la seguridad social con los maestros bonificados, las madres comunitarias, los promotores culturales, entre otros.

Finalmente, la consulta plantea discordantes prohibiciones sobre los negocios de juegos de azar (casinos y salas de juego) y los espectáculos públicos en que se maten animales. El Presidente arguye que la ludopatía origina corrupción y los espectáculos que se centren en la muerte de los animales vulneran los derechos de la naturaleza; empero, en el caso de los espectáculos públicos, los relativiza a las circunscripciones territoriales cantonales; con ello, existirán lugares en que, lejos de erradicar estas problemática, las incentivarían.

Noticias desde Zamora. Carta de Luis Corral

Fotograma tomado de Diario El Comercio

Mis amigos y amigas, compañeros y compañeras de lucha, defensores y defensoras de la vida, amantes de la libertad, de la democracia radical y profunda, de un nuevo porvenir para nuestro país, y mundo.

En primer lugar agradecerles profundamente por las muestras de solidaridad, aprecio e interés. No soy de un partido, ni de un movimiento, pero me siento parte de una amplísima red, de un colectivo, de una gran marcha que empezó más allá de los tiempos y que irá creciendo. No parará.

Sin liderazgos mesiánicos, construyendo, como dicen los compas vecinos de las asambleas territoriales, el poder desde abajo, o como dicen nuestros compañeros indígenas, el mandar obedeciendo, o como dicen los ecologistas populares, la economía para la permanencia.

Para que se entienda lo sucedido en Zamora, he organizado una corta explicación en seis actos, que creo que debe ser urgentemente divulgado en todas las direcciones.

Mi hipótesis es que la consulta es un simulacro de participación y de mayor democracia. Lo es cuando estamos a las puertas de que se firmen contratos mineros, algo inédito en la historia del país, que inauguraría la minería a gran escala, y con ello a que se inicie un nuevo festín sobre nuestros recursos naturales, soberanía, y dignidad. Ahora será el festín del oro y del cobre.

Amigos, si nos lo proponemos podemos parar esta masacre.

Podemos todavía dar forma a un nuevo proyecto de vida colectivo, plurinacional, intercultural, en medio de esta crisis civilizatoria de occidente.

Definitivamente

¡¡¡¡Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo!!!!.

Y aunque un poco prostituido

Hasta la victoria siempre

CARAJO

Luis Corral Fierro

p.d. los medios y la derecha corrupta querrán aprovechar; pero debemos ser más inteligentes y fortalecer nuestra plataforma.

P.D NO FUI DETENIDO. DIARIO HOY TERGIVERSO LA INFORMACIÓN, COMO SEGUIRÁN HACIÉNDOLO AL NO SACAR LA DENUNCIA SOBRE ESTOS TEMAS. PORQUE POR MAS QUE LAS MINERAS NO SEAN SUS ACCIONISTAS, SU PODER ECONÓMICO LOS COMPRA.

PARA ENTENDER LO SUCEDIDO EN ZAMORA

ACTO 0:

HASTA EL 2008 MAS DEL 12 % DEL TERRITORIO ECUATORIANO ESTABA EN MANOS DE EMPRESAS EXTRANJERAS MINERAS, QUE ADQUIRIERON CASI GRATUITAMENTE (PAGABAN SOLO UN DÓLAR POR HECTÁREA MINERA AL AÑO) DERECHOS MINEROS PRÁCTICAMENTE IMPRESCRIPTIBLES, SOBRE RECURSOS, SUPUESTAMENTE INTRANSFERIBLES, INALIENABLES, DE PROPIEDAD DEL ESTADO.

ACTO Primero:

En abril del 2008 la ASAMBLEA NACIONAL DE PLENOS PODERES, declara extintas las concesiones mineras en manos de las transnacionales.

Entre otras muchas más, AURELIAN(CANADIENSE) ECSA(CANADIENSE), debían retirarse del país, y de la megadiversa y simbólica Cordillera del Cóndor – Zamora Chinchipe – Morona Santiago.

Al día siguiente del mandato minero las acciones de las empresas bajan de precios abruptamente.

ACTO Segundo:

Interviene el presidente Correa, DE MAYORES PODERES que la Asamblea, y el viernes siguiente se reúne con empresarios mineros de las principales empresas y les envía la señal de que la minería a gran escala se dará en el país.

Galo Chiriboga, ministro de ese entonces, “casualmente” actual candidato “mejor opcionado” para ser nuevo fiscal de la nación, en declaraciones para EL Comercio, dice que no se tocará las concesiones mineras de las empresas extranjeras.

Serrano, subsecretario de minas, va a encuentro en Miami y tranquiliza a sector transnacional.

Inmediatamente, los precios de las acciones recuperan sus valores y empiezan a crecer aceleradamente.

ACTO Tercero:

Aurelian (Canadiense) – de Mayores Poderes que el Presidente Correa, y que la Asamblea de Plenos Poderes – vende sus acciones a KINROSS (Canadiense), por más de 900 millones de usd. en plena vigencia del Mandato Minero. Lo hacen en virtud de seguir disponiendo entre sus únicos activos de valor, nada más ni nada menos, que las Concesiones – o sea los DERECHOS MINEROS – , que debían haber sido revertidos al estado soberano del Ecuador.

El Gobierno nacional, a través de Galo Chiriboga, afirma su satisfacción con la transacción ya que demuestra la ”confianza” del sector minero transnacional en el país y su gobierno.

El estado ecuatoriano no recibe un solo centavo.

ACTO Cuarto,

Se aprueba, la inconstitucional ley minera, que alcanza a recuperar un pírrico 5% de regalías sobre las ventas brutas para el estado ecuatoriano.

El Gobierno nacional se apura en aprobar reglamentos y dar inicio a las actividades mineras. Da luz verde a empresas que habían violado derechos humanos en el país, por cuya razón habían sido suspendidas.

ECSA, de mayores poderes, o quizás de poderes compartidos con el presidente Correa, vende sus acciones a la empresa estatal minera Tongling CRC, de China, por más de 600 millones de dólares.

El estado y el gobierno no reciben un centavo. Criminaliza la protesta social. Acusa de SABOTAJE Y TERRORISMO a los defensores de la Vida, a los dirigentes indígenas de la CONAIE, de la FICSH.

ACTO Quinto,

Gobierno Nacional lleva adelante un “ejercicio democrático de consulta” al pueblo ecuatoriano, mientras a sus espaldas está por firmar contratos mineros bajo total SIGILO, con AURELIAN KINROSS y con ECSA Tongling CRC en la Cordillera del Cóndor, Zamora Chinchipe, Morona Santiago.

El gobierno nacional NO HA REALIZADO ESTUDIOS DE IMPACTO, ANÁLISIS COSTO BENEFICIO, ANÁLISIS MULTICRITERIO, NO HA GENERADO UN PROCESO DE INFORMACIÓN, DEBATE, CONSULTA. PERMITE QUE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALES Y PARROQUIALES DONDE SE ASIENTAN LAS TRANSNACIONALES SEAN FINANCIADOS POR ESTAS EMPRESAS MINERAS.

A PESAR DE TODO ELLO, VA A FIRMAR LOS CONTRATOS. PRETENDE DAR INICIO CON LA ACTIVIDAD MAS CONTAMINANTE DEL PLANETA: MINERÍA A GRAN ESCALA QUE CAMBIARÌA LA FAZ DE LA REGIÓN SUR DEL PAÍS. SI LO HACE, LO HARÁ DEFINITIVA E IRREVERSIBLEMENTE.

LA CORDILLERA DEL CÓNDOR ES UNA DE LAS REGIONES MAS BIODIVERSAS DEL PAÍS FUENTE DE AGUA Y HÁBITAT DE LA NACIONALIDAD SHUAR, ASÍ COMO DE ASENTAMIENTOS MESTIZOS Y SARAGUROS.

FUENTE DE OTROS MUCHOS DIVERSOS FUTUROS POSIBLES PARA EL PAÍS Y EL MUNDO

ACTO Sexto,

Voy al mitin político y pregunto, – lean los labios video youtube – ,…por qué siguen las transnacionales?, por qué no se revirtieron las concesiones?, pero soy acallado y golpeado, por LA guardia PRESIDENCIAL!!!!, NO POR simpatizantes!!!, como afirma el MENTIROSO DE CORREA.

Si ven el vídeo la neutralización que sufro es DE PROFESIONALES.

¡¡¡¡¡¡¡SAQUEN USTEDES LAS CONCLUSIONES!!!!!!!!

El placer de la alienación

Por: Sebastián Endara

Partamos del supuesto de que el progreso es un proceso destinado al alcance del confort. Ello, sin embargo, no quiere decir que el progreso sea un proceso de liberación o hacia la liberación, si entendemos por liberación la posibilidad de autodeterminación individual y colectiva. De hecho parece que sucede todo lo contrario, a la luz de la creciente desmovilización y desestructuración de la ciudadanía que experimentan las sociedades sumidas en la dinámica de la vida burocrato-tecnológica. El sueño iluminista de una razón dominadora de la naturaleza para beneficio del hombre, se hizo trizas tanto por los desastres naturales de los mismos intentos de ‘dominación’ de la naturaleza, como por la ausencia de beneficios reales para el ser humano en términos del mejoramiento de su calidad de vida. Que el espejismo del progreso goce todavía de popularidad mundial se explica por la instauración de una ideología que no resguarda el sistema de dominación con presupuestos éticos o filosóficos de cuño escolástico, sino con el ejercicio sistemático de la excitación y el deseo hacia los bienes y servicios que la administración de la dominación es capaz de entregar. En este sentido la democracia, por ejemplo, sería un servicio funcional a la dominación, no a la liberación, pues no está pensando en cambiar las relaciones de poder sino en perfeccionarlas, hacerlas tolerables, hacerlas legítimas a través del simulacro de la mayor y mejor participación de los ciudadanos con el sistema del voto. Todos los procesos democráticos están más dirigidos a profundizar la aceptación de la democracia estatal como el sistema más avanzado de organización colectiva, antes que a generar nuevos niveles de comprensión y práctica para la libertad. La democracia se desarrolla en un contexto de creciente pauperización existencial y política, aunque también, de creciente acceso a los supuestos beneficios tecnológicos, y al confort. Pero, es que parece absurdo no plegarse a la corriente intelectual y material que en algo está cambiando la situación de exclusión del progreso y del desarrollo económico que afecta a las grandes mayorías, aun cuando ello implique, casi inadvertidamente, poner en riesgo la propia libertad y más aún la posibilidad efectiva del cambio hacia una sociedad mejor, es decir, una sociedad sin los niveles de pobreza y exclusión, sin los niveles de violencia y coerción, sin los niveles de intolerancia, sin los niveles de hacinamiento y congestión, sin los niveles de egoísmo, sin los niveles de apatía y manipulación mental, sin los niveles de contaminación ambiental, en definitiva sin las incoherencias que vivimos cotidianamente en la ‘cúspide’ de la historia humana. Reconocer que la alienación es placentera no es reconocer que el costo del progreso implica nuevas sujeciones, sino que la vía del cambio requiere imaginar, experimentar y asumir nuevas formas de gestión de la vida colectiva que tengan como corolario, entre otras cosas, la reconceptualización de significados como el confort.

El Telégrafo: A un año de la renuncia de los articulistas de opinión.

Por: Mateo Martínez Abarca

A inicios del mes de abril del año pasado, un grupo de más de veinte articulistas de diario El Telégrafo firmamos un manifiesto en el que renunciábamos a escribir en el espacio de opinión, en defensa del proceso de construcción de un medio auténticamente público. El nuevo directorio designado con la anuencia del gobierno, instauró una política editorial de censura a varios artículos en los que se discutía la situación interna por la cual atravesaba el primer diario público del Ecuador; en particular sobre el problema de creación de un periódico de orientación “popular” en las instalaciones y con personal del medio público, que luego se denominó “PP El Verdadero.”

En la carta, los veintiún firmantes protestamos por los actos de censura y expresamos “nuestras dudas respecto de las políticas de conducción de este diario, no solo por parte del actual Directorio, sino por las instancias gubernamentales pertinentes, como es el Ministerio de Telecomunicaciones y, en términos más amplios, el actual gobierno, paradójicamente, el mismo que abrió la oportunidad histórica de contar con medios públicos en el Ecuador.»

Advertimos además que “el conjunto de acontecimientos señalados forman parte de un escenario de destrucción del proyecto de medios públicos en el Ecuador y un mensaje inconfundible de que las instancias responsables no están conectadas con la aspiración social de contar con medios cuya línea de trabajo sea la información de servicio público”.
Finalmente, resaltamos “nuestra profunda convicción en torno a la importancia de construir lo público en el periodismo”, declarando además que “ello supone hacer visibles la pluralidad y el disenso en la producción informativa, algo impensable en el actual sistema monopólico y monológico de medios privados. El Ecuador carga con el peso histórico (y colonial) de la erosión del concepto de lo público en sus diversas formas, por tanto, de una casi total negación, desde la institucionalidad formal, a la construcción de pensamiento crítico.»

El Presidente de la República Rafael Correa, justificó las acciones tomadas declarando que era un diario que no tenia cabida entre los estratos populares, que se habían invertido muchos recursos y que, a final de cuentas, El Telégrafo era un diario que “se hacía para que se lean ellos mismos”, -refiriéndose a sus editorialistas. Vinicio Alvarado –secretario de comunicación de la presidencia en ese entonces- sostuvo que “es un acto lícito y legal de un medio que pretende renovar a sus personeros”. “Hemos sido claros y enfáticos y es importante tener un medio más cercano en su forma de presentarse a los sectores populares y medios bajos”, afirmando que la idea de un medio “popular” se mantenía.

Como respuesta, inicialmente varios de los ex articulistas intentamos construir un espacio alternativo para la producción de opinión y análisis (El Telégrafo en el exilio); buscando distanciarnos de las prácticas de censura que habían comenzado a instaurarse en el diario. Si bien la iniciativa se mantuvo activa hasta el mes de septiembre del 2010, por varias razones no pudo resistir y terminó desapareciendo en el ultimo trimestre de dicho año.

Mientras los articulistas bogábamos en la compleja tarea de crear un nuevo medio (sus principios, su funcionamiento, su sostenibilidad); la situación interna para los periodistas de El Telégrafo se volvía cada vez más crítica. La represión fue acentuándose y muchos comunicadores se vieron obligados a dejar sus fuentes de trabajo, al verse cuestionados los principios básicos que guían la actividad periodística.

Así mismo, la nueva conducción del diario redujo considerablemente el espacio de opinión, y reemplazó a los articulistas renunciantes con otros de una calidad incuestionablemente inferior -pero alineados con las posturas del gobierno-; con excepción de aquellos pertenecientes al anterior proceso que optaron por permanecer en sus espacios (entre otros Xavier Lasso, César Paz y Miño, y sí, inclusive Guillaume Long).

A tal degradación llegó el espacio de opinión, que se publicaron escritos de la más pobre factura, acríticos, mediocres, cargados de vejaciones, atropellos contra el idioma e inclusive en algunos casos –como el del articulista Guido Calderón en su artículo publicado el 23 de Mayo del 2010, bajo el título de «Conaie 2020”-; hasta abiertamente racistas contra los pueblos y nacionalidades indígenas ecuatorianas. (Puede verse esta basura de artículo en el blog de su autor en la siguiente dirección: http://www.guidocalderon.com/2010/05/24/conaie-2020/).

Ha pasado un año y mucha agua ha corrido bajo el puente. Tras la degradación del medio público o diario del Estado al un nivel aún inferior al de Gazeta gubernamental y del rotundo fracaso de PP EL Verdadero, asistimos a una serie de eventos que demostrarían que el gobierno metió la pata espantosamente al debilitar al Telégrafo como medio público, cosa que había sido denunciada en el manifiesto de renuncia mencionado anteriormente.

En los últimos días se ha tomado la iniciativa de lanzar un nuevo cambio radical en la orientación del diario. Si bien apenas tomó control la nueva directiva se eliminó la denominación de “diario público” o “diario del Estado”, en la actualidad se observa un retorno a toda la estética de El Telégrafo de hace 100 años (estrategia claramente comercial); y además a un claro reforzamiento del espacio de opinión, luego del lamentable trabajo de la subdirección del diario encargada del espacio editorial.

Se nombró a alguien con mayor criterio, un ex articulista, ex funcionario de gobierno y militante de Alianza País, Orlando Pérez, para la subdirección. Con eso, parece ser que por arte de magia todas las cosas por las que protestamos hace un año se habrían solucionado; a razón de que varios de quienes firmamos aquella carta de renuncia, retornan hoy en día a la parrilla de articulistas de opinión del diario sin mayor beneficio de inventario.

Si bien no se trata de cuestionar las razones por las cuales varios de nuestros compañeros han vuelto a sus espacios, si aparecen varias inquietudes que hay que plantear de manera frontal: ¿cuál es el estado del debate y el proceso de construcción de los medios públicos en el Ecuador?, ¿es diario El Telégrafo un medio que puede considerarse como público?, ¿en qué medida las decisiones tanto del gobierno y el directorio como las de quienes apostamos por el proyecto de construcción de un diario público, han contribuido a fortalecer o debilitar esta urgente e histórica necesidad?

Si las condiciones han cambiado sustancialmente solo con la llegada de Orlando Pérez a la subdirección, quizás es posible que estas inquietudes puedan ser procesadas a través de los espacios de opinión que han recobrado los compañeros y compañeras en el diario. Si esto no es así, todo este proceso, toda esta pequeña historia de la lucha por la construcción de medios auténticamente públicos y populares, cuyas prácticas se diferencien de los abusos y manipulaciones de los medios privados (o los que sirven al poder), habrá quedado sometida al más abyecto e injusto de los olvidos.