La nueva coyuntura

Caricatura de Bonil (bonilperiodismo.blogspot.com)

Por: Andrés Campaña Remache

Pablo Ospina, en su artículo “CONFÍEN EN MÍ”, afirma que la consulta popular y sus circunstancias constituyen una ruptura en la hegemonía del Gobierno de la Revolución Ciudadana. En efecto, en primer lugar, a grosso modo, antes de la convocatoria a la consulta, la derecha elaboró la matriz de opinión sobre la inseguridad ciudadana; en este sentido, en apariencia, el Régimen con su convocatoria trastocó el afianzamiento de los grupos oligárquicos que exigían mayor seguridad. A más de ello, la consulta, hasta el momento, permite elaborar las siguientes premisas: I) Por primera vez, en el transcurso del Gobierno, existe la posibilidad de elaborar un contra discurso desde la Izquierda sin que ello signifique una posible confabulación con la derecha; y, II) Los resultados de la consulta marcarán una tendencia irreversible en el direccionamiento del Régimen.

En el esquema del socialismo del siglo XXI, la consulta popular revivió la cuestión sobre la Izquierda en la institucionalidad; a su vez, resurge la discusión entre “REFORMA O REVOLUCION”. En este contexto, mientras Bernstein (reformista) propuso que las reformas jurídicas y la democratización del Estado buscan cambiar el sistema capitalista; por su parte, Luxemburgo (revolucionaria) sostuvo que sustituir las reformas normativas a cambio de la conquista del poder político y la revolución social no componen el camino a la instauración de la nueva sociedad sino la pretensión de modificar la superficialidad de la vieja sociedad. En las circunstancias actuales, este debate concluye que el Gobierno adoptó la vía de la reforma a través de la Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución de Montecristi; y, entonces, a diferencia del Régimen que señala que este proceso político “revolucionario” sino contradijere la institucionalidad se constituiría en una democracia burguesa yerra toda vez que la sustitución de la trasformación de la infraestructura económica a cambio de la superestructura (instituciones jurídicas) plantea que los límites del Gobierno de la Revolución Ciudadana son, precisamente, los linderos del ordenamiento normativo a partir de la ascensión de Rafael Correa.

La consulta popular impone, en la palestra nacional, el debate sobre el contenido de la Constitución de 2008 en que, por una parte, un grupo de “ex constituyentes” aseveran la intocabilidad de los preceptos constitucionales (son aquellos que defienden la permanencia del status quo y sus errores); y, por otra parte, existen personas que platean la necesidad de una nueva reforma constitucional (en el pasado, integraron una base sólida de apoyo en el proceso constituyente que hoy critican). Sin embargo, más allá de esta cuestión, la coyuntura actual es matizada mediante la consulta popular. Ahora bien, en el proceso previo a la convocatoria a la consulta popular existieron dos momentos: I) el anunció legítimo del Presidente sobre una reforma constitucional que contiene temas intrascendentales; y, II) la claudicación de la Corte Constitucional de marras que derivó en el contenido de la consulta popular estructurado en: 1) la restricción de las garantías constitucionales, 2) la regulación de las instituciones financieras y los medios de comunicación, 3) la reorganización de la Función Judicial; y, 4) la tipificación y prohibición de algunas conductas sociales.

1. LA RESTRICCIÓN DE LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES: La mayor innovación del neo constitucionalismo radicó en la concepción del Estado de derechos y justicia; es decir, la mayor función de nuestro Estado consiste en la garantía de los derechos; tanto así que, según Ramiro Ávila, en el Estado de derechos, los derechos son creaciones y reivindicaciones históricas, anteriores y superiores que someten y limitan el Estado y todos los poderes, por tanto, nunca podrían ser limitados o sometidos a cualquier retroceso; así, la Constitución establece, en el reconocimiento de un derecho o una garantía, un mínimo que no puede ser disminuido, irrespetar el mínimo a través de una norma jurídica de cualquier jerarquía significaría que la Constitución está siendo irrespetada y, por ende, esa norma se torna inválida… los derechos y las garantías deben ser progresivos.

En este sentido, las limitaciones a la caducidad de la prisión preventiva y la restricción de las medidas sustitutivas a cambio de la prisión preventiva, a más que no se explica el procedimiento que garantizará que la Asamblea Nacional realice las reformas penales respectivas y los contenidos de las mismas son inciertos, vulneran derechos y garantías constitucionales.

2. LA REGULACIÓN DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS Y LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN: El Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo y Comunicación para América Latina -CIESPAL- organizó, el seminario “Periodismo, ética y democracia”; en el evento, se expusieron algunas prácticas de los medios de comunicación en su papel de actores económicos y políticos, entre otros: reducción de la esfera pública, selectividad de actores mediáticos, matrices de opinión, saturación de pensamientos específicos, ocultamiento deliberado de eventos e información, sobreinformación, desinformación, entrevistas y encuestas preintencionadas, etc. En esta línea, los medios de comunicación constituyen sujetos estelares e, inclusive, Ignacio Ramonet de Le Monde Diplomatique precisa que componen uno de los poderes fácticos, en coordinación con los poderes económico y político. Tomando en cuenta estas consideraciones, la Constitución de Montecristi prohibió que las entidades o los grupos financieros tengan participaciones en empresas ajenas a las actividades financieras. En esta forma, la Asamblea Nacional Constituyente intentó limitar la propiedad del capital financiero que responde a las mayores acumulaciones económicas del país y viabilizar la distribución de la riqueza. A pesar de ello, la Junta Bancaria, en un primer momento, resolvió, arbitrariamente, que la disposición constitucional era aplicable solo a los socios con más del 25% de las acciones y/o participaciones.

Hay que reconocer, se pretende que las instituciones del sistema financiero privado y las empresas privadas de comunicación de carácter nacional no puedan realizar actividades distintas. No obstante, también, se busca el pronunciamiento sobre la expedición de una ley que cree un Consejo de Regulación que norme la difusión de mensajes y establezca los criterios de la responsabilidad ulterior que resulta incompatible con el acuerdo legislativo de 2009 sobre el proyecto de ley de comunicación: libertad de expresión y censura.

3. LA REORGANIZACIÓN DE LA FUNCIÓN JUDICIAL: La desinstitucionalización del Estado a consecuencia del auge del neoliberalismo provocó que los poderes fácticos hayan, entre otros, usurpado la Justicia, algunos ejemplos: las tanquetas en el Palacio de Justicia durante el Gobierno de Febres Cordero, el reparto de los tribunales entre la Democracia Popular y el Partido Social Cristiano después de la expedición de la Constitución de 1998 y la repartición de la Corte Suprema de Justicia en el Régimen de Lucio Gutiérrez; por esta razón, se concibió que la mejor manera de garantizar la independencia de la Función Judicial era a través de la organización de los concursos públicos de oposición y méritos. En este contexto, la Constitución de 2008 manifiesta que el Consejo de la Judicatura, entre sus atribuciones, dirigirá los procedimientos de selección de los servidores de la Justicia y, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social designará a los miembros de la Judicatura mediante un concurso público.

Rafael Correa argumenta que, a pesar de haber transcurrido dos años, aún no existe un nuevo Consejo de la Judicatura; y, el Código Orgánico de la Función Judicial (ley) no permite que la Judicatura en transición ejerza las funciones que le competen; por consiguiente, propone que se cree una Comisión Técnica de Transición de tres miembros delegados de las funciones Legislativa, Ejecutiva, y Transparencia y Control Social con la finalidad que, en dieciocho meses, reestructure la Función Judicial; además, incluye que el Consejo de la Judicatura se integrará, a posterioridad, con el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Fiscal General del Estado, el Defensor Público y dos delegados de las funciones Legislativa y Ejecutiva en vez de los nuevo vocales que conforman la Judicatura en la actualidad. Empero, la argumentación resulta falaz, pues, en el actual momento, la mayoría de instituciones del Estado se encuentran en transición y no tienen sus autoridades definitivas; y, la reforma del Código Orgánico de la Función Judicial que no permite que la Judicatura en transición ejerza sus funciones debió conocerse en la Asamblea Nacional. La influencia de las otras funciones del Estado, en la Justicia, sería evidente; más aún, todas ellas están controladas a nombre de Alianza País.

4. LA TIPIFICACIÓN Y PROHIBICIÓN DE ALGUNAS CONDUCTAS SOCIALES: Son las políticas públicas o posibles cambios normativos inciertos que se constituirían en parte del programa del Gobierno. Lástima que no se explique los mecanismos para efectivizarlos y el contenido de los temas a posteriori. En este sentido, la tendencia de criminalización del Régimen determina que el enriquecimiento privado injustificado y la no afiliación de los trabajadores en relación de dependencia al IESS sean considerados delitos; sin embargo, se desconoce las responsabilidades que acarrarían, la tipificación del enriquecimiento privado injustificado, siempre que no componga una medida macartista que origine persecución, podría ser una buena alternativa para comprobar malversación de fondos de origen no público; y, la tipificación de la no afiliación a los trabajadores sería la primera muestra del Gobierno en reivindicar los derechos del proletariado que componen el extracto más débil de la relaciones productivas, no obstante, las mismas sanciones deberían preverse a las instituciones estatales que incumplen el derecho a la seguridad social con los maestros bonificados, las madres comunitarias, los promotores culturales, entre otros.

Finalmente, la consulta plantea discordantes prohibiciones sobre los negocios de juegos de azar (casinos y salas de juego) y los espectáculos públicos en que se maten animales. El Presidente arguye que la ludopatía origina corrupción y los espectáculos que se centren en la muerte de los animales vulneran los derechos de la naturaleza; empero, en el caso de los espectáculos públicos, los relativiza a las circunscripciones territoriales cantonales; con ello, existirán lugares en que, lejos de erradicar estas problemática, las incentivarían.

Noticias desde Zamora. Carta de Luis Corral

Fotograma tomado de Diario El Comercio

Mis amigos y amigas, compañeros y compañeras de lucha, defensores y defensoras de la vida, amantes de la libertad, de la democracia radical y profunda, de un nuevo porvenir para nuestro país, y mundo.

En primer lugar agradecerles profundamente por las muestras de solidaridad, aprecio e interés. No soy de un partido, ni de un movimiento, pero me siento parte de una amplísima red, de un colectivo, de una gran marcha que empezó más allá de los tiempos y que irá creciendo. No parará.

Sin liderazgos mesiánicos, construyendo, como dicen los compas vecinos de las asambleas territoriales, el poder desde abajo, o como dicen nuestros compañeros indígenas, el mandar obedeciendo, o como dicen los ecologistas populares, la economía para la permanencia.

Para que se entienda lo sucedido en Zamora, he organizado una corta explicación en seis actos, que creo que debe ser urgentemente divulgado en todas las direcciones.

Mi hipótesis es que la consulta es un simulacro de participación y de mayor democracia. Lo es cuando estamos a las puertas de que se firmen contratos mineros, algo inédito en la historia del país, que inauguraría la minería a gran escala, y con ello a que se inicie un nuevo festín sobre nuestros recursos naturales, soberanía, y dignidad. Ahora será el festín del oro y del cobre.

Amigos, si nos lo proponemos podemos parar esta masacre.

Podemos todavía dar forma a un nuevo proyecto de vida colectivo, plurinacional, intercultural, en medio de esta crisis civilizatoria de occidente.

Definitivamente

¡¡¡¡Nos tienen miedo porque no les tenemos miedo!!!!.

Y aunque un poco prostituido

Hasta la victoria siempre

CARAJO

Luis Corral Fierro

p.d. los medios y la derecha corrupta querrán aprovechar; pero debemos ser más inteligentes y fortalecer nuestra plataforma.

P.D NO FUI DETENIDO. DIARIO HOY TERGIVERSO LA INFORMACIÓN, COMO SEGUIRÁN HACIÉNDOLO AL NO SACAR LA DENUNCIA SOBRE ESTOS TEMAS. PORQUE POR MAS QUE LAS MINERAS NO SEAN SUS ACCIONISTAS, SU PODER ECONÓMICO LOS COMPRA.

PARA ENTENDER LO SUCEDIDO EN ZAMORA

ACTO 0:

HASTA EL 2008 MAS DEL 12 % DEL TERRITORIO ECUATORIANO ESTABA EN MANOS DE EMPRESAS EXTRANJERAS MINERAS, QUE ADQUIRIERON CASI GRATUITAMENTE (PAGABAN SOLO UN DÓLAR POR HECTÁREA MINERA AL AÑO) DERECHOS MINEROS PRÁCTICAMENTE IMPRESCRIPTIBLES, SOBRE RECURSOS, SUPUESTAMENTE INTRANSFERIBLES, INALIENABLES, DE PROPIEDAD DEL ESTADO.

ACTO Primero:

En abril del 2008 la ASAMBLEA NACIONAL DE PLENOS PODERES, declara extintas las concesiones mineras en manos de las transnacionales.

Entre otras muchas más, AURELIAN(CANADIENSE) ECSA(CANADIENSE), debían retirarse del país, y de la megadiversa y simbólica Cordillera del Cóndor – Zamora Chinchipe – Morona Santiago.

Al día siguiente del mandato minero las acciones de las empresas bajan de precios abruptamente.

ACTO Segundo:

Interviene el presidente Correa, DE MAYORES PODERES que la Asamblea, y el viernes siguiente se reúne con empresarios mineros de las principales empresas y les envía la señal de que la minería a gran escala se dará en el país.

Galo Chiriboga, ministro de ese entonces, “casualmente” actual candidato “mejor opcionado” para ser nuevo fiscal de la nación, en declaraciones para EL Comercio, dice que no se tocará las concesiones mineras de las empresas extranjeras.

Serrano, subsecretario de minas, va a encuentro en Miami y tranquiliza a sector transnacional.

Inmediatamente, los precios de las acciones recuperan sus valores y empiezan a crecer aceleradamente.

ACTO Tercero:

Aurelian (Canadiense) – de Mayores Poderes que el Presidente Correa, y que la Asamblea de Plenos Poderes – vende sus acciones a KINROSS (Canadiense), por más de 900 millones de usd. en plena vigencia del Mandato Minero. Lo hacen en virtud de seguir disponiendo entre sus únicos activos de valor, nada más ni nada menos, que las Concesiones – o sea los DERECHOS MINEROS – , que debían haber sido revertidos al estado soberano del Ecuador.

El Gobierno nacional, a través de Galo Chiriboga, afirma su satisfacción con la transacción ya que demuestra la ”confianza” del sector minero transnacional en el país y su gobierno.

El estado ecuatoriano no recibe un solo centavo.

ACTO Cuarto,

Se aprueba, la inconstitucional ley minera, que alcanza a recuperar un pírrico 5% de regalías sobre las ventas brutas para el estado ecuatoriano.

El Gobierno nacional se apura en aprobar reglamentos y dar inicio a las actividades mineras. Da luz verde a empresas que habían violado derechos humanos en el país, por cuya razón habían sido suspendidas.

ECSA, de mayores poderes, o quizás de poderes compartidos con el presidente Correa, vende sus acciones a la empresa estatal minera Tongling CRC, de China, por más de 600 millones de dólares.

El estado y el gobierno no reciben un centavo. Criminaliza la protesta social. Acusa de SABOTAJE Y TERRORISMO a los defensores de la Vida, a los dirigentes indígenas de la CONAIE, de la FICSH.

ACTO Quinto,

Gobierno Nacional lleva adelante un “ejercicio democrático de consulta” al pueblo ecuatoriano, mientras a sus espaldas está por firmar contratos mineros bajo total SIGILO, con AURELIAN KINROSS y con ECSA Tongling CRC en la Cordillera del Cóndor, Zamora Chinchipe, Morona Santiago.

El gobierno nacional NO HA REALIZADO ESTUDIOS DE IMPACTO, ANÁLISIS COSTO BENEFICIO, ANÁLISIS MULTICRITERIO, NO HA GENERADO UN PROCESO DE INFORMACIÓN, DEBATE, CONSULTA. PERMITE QUE EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LOS GOBIERNOS LOCALES MUNICIPALES Y PARROQUIALES DONDE SE ASIENTAN LAS TRANSNACIONALES SEAN FINANCIADOS POR ESTAS EMPRESAS MINERAS.

A PESAR DE TODO ELLO, VA A FIRMAR LOS CONTRATOS. PRETENDE DAR INICIO CON LA ACTIVIDAD MAS CONTAMINANTE DEL PLANETA: MINERÍA A GRAN ESCALA QUE CAMBIARÌA LA FAZ DE LA REGIÓN SUR DEL PAÍS. SI LO HACE, LO HARÁ DEFINITIVA E IRREVERSIBLEMENTE.

LA CORDILLERA DEL CÓNDOR ES UNA DE LAS REGIONES MAS BIODIVERSAS DEL PAÍS FUENTE DE AGUA Y HÁBITAT DE LA NACIONALIDAD SHUAR, ASÍ COMO DE ASENTAMIENTOS MESTIZOS Y SARAGUROS.

FUENTE DE OTROS MUCHOS DIVERSOS FUTUROS POSIBLES PARA EL PAÍS Y EL MUNDO

ACTO Sexto,

Voy al mitin político y pregunto, – lean los labios video youtube – ,…por qué siguen las transnacionales?, por qué no se revirtieron las concesiones?, pero soy acallado y golpeado, por LA guardia PRESIDENCIAL!!!!, NO POR simpatizantes!!!, como afirma el MENTIROSO DE CORREA.

Si ven el vídeo la neutralización que sufro es DE PROFESIONALES.

¡¡¡¡¡¡¡SAQUEN USTEDES LAS CONCLUSIONES!!!!!!!!

El placer de la alienación

Por: Sebastián Endara

Partamos del supuesto de que el progreso es un proceso destinado al alcance del confort. Ello, sin embargo, no quiere decir que el progreso sea un proceso de liberación o hacia la liberación, si entendemos por liberación la posibilidad de autodeterminación individual y colectiva. De hecho parece que sucede todo lo contrario, a la luz de la creciente desmovilización y desestructuración de la ciudadanía que experimentan las sociedades sumidas en la dinámica de la vida burocrato-tecnológica. El sueño iluminista de una razón dominadora de la naturaleza para beneficio del hombre, se hizo trizas tanto por los desastres naturales de los mismos intentos de ‘dominación’ de la naturaleza, como por la ausencia de beneficios reales para el ser humano en términos del mejoramiento de su calidad de vida. Que el espejismo del progreso goce todavía de popularidad mundial se explica por la instauración de una ideología que no resguarda el sistema de dominación con presupuestos éticos o filosóficos de cuño escolástico, sino con el ejercicio sistemático de la excitación y el deseo hacia los bienes y servicios que la administración de la dominación es capaz de entregar. En este sentido la democracia, por ejemplo, sería un servicio funcional a la dominación, no a la liberación, pues no está pensando en cambiar las relaciones de poder sino en perfeccionarlas, hacerlas tolerables, hacerlas legítimas a través del simulacro de la mayor y mejor participación de los ciudadanos con el sistema del voto. Todos los procesos democráticos están más dirigidos a profundizar la aceptación de la democracia estatal como el sistema más avanzado de organización colectiva, antes que a generar nuevos niveles de comprensión y práctica para la libertad. La democracia se desarrolla en un contexto de creciente pauperización existencial y política, aunque también, de creciente acceso a los supuestos beneficios tecnológicos, y al confort. Pero, es que parece absurdo no plegarse a la corriente intelectual y material que en algo está cambiando la situación de exclusión del progreso y del desarrollo económico que afecta a las grandes mayorías, aun cuando ello implique, casi inadvertidamente, poner en riesgo la propia libertad y más aún la posibilidad efectiva del cambio hacia una sociedad mejor, es decir, una sociedad sin los niveles de pobreza y exclusión, sin los niveles de violencia y coerción, sin los niveles de intolerancia, sin los niveles de hacinamiento y congestión, sin los niveles de egoísmo, sin los niveles de apatía y manipulación mental, sin los niveles de contaminación ambiental, en definitiva sin las incoherencias que vivimos cotidianamente en la ‘cúspide’ de la historia humana. Reconocer que la alienación es placentera no es reconocer que el costo del progreso implica nuevas sujeciones, sino que la vía del cambio requiere imaginar, experimentar y asumir nuevas formas de gestión de la vida colectiva que tengan como corolario, entre otras cosas, la reconceptualización de significados como el confort.

El Telégrafo: A un año de la renuncia de los articulistas de opinión.

Por: Mateo Martínez Abarca

A inicios del mes de abril del año pasado, un grupo de más de veinte articulistas de diario El Telégrafo firmamos un manifiesto en el que renunciábamos a escribir en el espacio de opinión, en defensa del proceso de construcción de un medio auténticamente público. El nuevo directorio designado con la anuencia del gobierno, instauró una política editorial de censura a varios artículos en los que se discutía la situación interna por la cual atravesaba el primer diario público del Ecuador; en particular sobre el problema de creación de un periódico de orientación “popular” en las instalaciones y con personal del medio público, que luego se denominó “PP El Verdadero.”

En la carta, los veintiún firmantes protestamos por los actos de censura y expresamos “nuestras dudas respecto de las políticas de conducción de este diario, no solo por parte del actual Directorio, sino por las instancias gubernamentales pertinentes, como es el Ministerio de Telecomunicaciones y, en términos más amplios, el actual gobierno, paradójicamente, el mismo que abrió la oportunidad histórica de contar con medios públicos en el Ecuador.»

Advertimos además que “el conjunto de acontecimientos señalados forman parte de un escenario de destrucción del proyecto de medios públicos en el Ecuador y un mensaje inconfundible de que las instancias responsables no están conectadas con la aspiración social de contar con medios cuya línea de trabajo sea la información de servicio público”.
Finalmente, resaltamos “nuestra profunda convicción en torno a la importancia de construir lo público en el periodismo”, declarando además que “ello supone hacer visibles la pluralidad y el disenso en la producción informativa, algo impensable en el actual sistema monopólico y monológico de medios privados. El Ecuador carga con el peso histórico (y colonial) de la erosión del concepto de lo público en sus diversas formas, por tanto, de una casi total negación, desde la institucionalidad formal, a la construcción de pensamiento crítico.»

El Presidente de la República Rafael Correa, justificó las acciones tomadas declarando que era un diario que no tenia cabida entre los estratos populares, que se habían invertido muchos recursos y que, a final de cuentas, El Telégrafo era un diario que “se hacía para que se lean ellos mismos”, -refiriéndose a sus editorialistas. Vinicio Alvarado –secretario de comunicación de la presidencia en ese entonces- sostuvo que “es un acto lícito y legal de un medio que pretende renovar a sus personeros”. “Hemos sido claros y enfáticos y es importante tener un medio más cercano en su forma de presentarse a los sectores populares y medios bajos”, afirmando que la idea de un medio “popular” se mantenía.

Como respuesta, inicialmente varios de los ex articulistas intentamos construir un espacio alternativo para la producción de opinión y análisis (El Telégrafo en el exilio); buscando distanciarnos de las prácticas de censura que habían comenzado a instaurarse en el diario. Si bien la iniciativa se mantuvo activa hasta el mes de septiembre del 2010, por varias razones no pudo resistir y terminó desapareciendo en el ultimo trimestre de dicho año.

Mientras los articulistas bogábamos en la compleja tarea de crear un nuevo medio (sus principios, su funcionamiento, su sostenibilidad); la situación interna para los periodistas de El Telégrafo se volvía cada vez más crítica. La represión fue acentuándose y muchos comunicadores se vieron obligados a dejar sus fuentes de trabajo, al verse cuestionados los principios básicos que guían la actividad periodística.

Así mismo, la nueva conducción del diario redujo considerablemente el espacio de opinión, y reemplazó a los articulistas renunciantes con otros de una calidad incuestionablemente inferior -pero alineados con las posturas del gobierno-; con excepción de aquellos pertenecientes al anterior proceso que optaron por permanecer en sus espacios (entre otros Xavier Lasso, César Paz y Miño, y sí, inclusive Guillaume Long).

A tal degradación llegó el espacio de opinión, que se publicaron escritos de la más pobre factura, acríticos, mediocres, cargados de vejaciones, atropellos contra el idioma e inclusive en algunos casos –como el del articulista Guido Calderón en su artículo publicado el 23 de Mayo del 2010, bajo el título de «Conaie 2020”-; hasta abiertamente racistas contra los pueblos y nacionalidades indígenas ecuatorianas. (Puede verse esta basura de artículo en el blog de su autor en la siguiente dirección: http://www.guidocalderon.com/2010/05/24/conaie-2020/).

Ha pasado un año y mucha agua ha corrido bajo el puente. Tras la degradación del medio público o diario del Estado al un nivel aún inferior al de Gazeta gubernamental y del rotundo fracaso de PP EL Verdadero, asistimos a una serie de eventos que demostrarían que el gobierno metió la pata espantosamente al debilitar al Telégrafo como medio público, cosa que había sido denunciada en el manifiesto de renuncia mencionado anteriormente.

En los últimos días se ha tomado la iniciativa de lanzar un nuevo cambio radical en la orientación del diario. Si bien apenas tomó control la nueva directiva se eliminó la denominación de “diario público” o “diario del Estado”, en la actualidad se observa un retorno a toda la estética de El Telégrafo de hace 100 años (estrategia claramente comercial); y además a un claro reforzamiento del espacio de opinión, luego del lamentable trabajo de la subdirección del diario encargada del espacio editorial.

Se nombró a alguien con mayor criterio, un ex articulista, ex funcionario de gobierno y militante de Alianza País, Orlando Pérez, para la subdirección. Con eso, parece ser que por arte de magia todas las cosas por las que protestamos hace un año se habrían solucionado; a razón de que varios de quienes firmamos aquella carta de renuncia, retornan hoy en día a la parrilla de articulistas de opinión del diario sin mayor beneficio de inventario.

Si bien no se trata de cuestionar las razones por las cuales varios de nuestros compañeros han vuelto a sus espacios, si aparecen varias inquietudes que hay que plantear de manera frontal: ¿cuál es el estado del debate y el proceso de construcción de los medios públicos en el Ecuador?, ¿es diario El Telégrafo un medio que puede considerarse como público?, ¿en qué medida las decisiones tanto del gobierno y el directorio como las de quienes apostamos por el proyecto de construcción de un diario público, han contribuido a fortalecer o debilitar esta urgente e histórica necesidad?

Si las condiciones han cambiado sustancialmente solo con la llegada de Orlando Pérez a la subdirección, quizás es posible que estas inquietudes puedan ser procesadas a través de los espacios de opinión que han recobrado los compañeros y compañeras en el diario. Si esto no es así, todo este proceso, toda esta pequeña historia de la lucha por la construcción de medios auténticamente públicos y populares, cuyas prácticas se diferencien de los abusos y manipulaciones de los medios privados (o los que sirven al poder), habrá quedado sometida al más abyecto e injusto de los olvidos.